La semana pasada se publicaron los lineamientos oficiales para atender la suspensión de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento para las y los docentes al magisterio. Esto marca la pauta para dar certeza y legalidad a los miles de casos que estaban en penumbras durante el periodo de construcción de las leyes secundarias.  El documento, si bien, detalla la generalidad en su narrativa, quedan rasgos que podrían interpretarse a modo por diversos actores en el logro de objetivos políticos por encima de los educativos. No sorprende. Para Andrés Manuel López Obrador ha sido un signo distintivo de sus primeros meses de gobierno. Aunque me parece que la prisa por dar resultados contra el “neoliberalismo” a cualquier costo, no nos permiten transitar hacia la consolidación de la democracia en nuestro país.  Hoy no creo que estemos en alguno de los puntos opuestos que tanto se menciona en la comentocracia de nuestro país. No podría afirmar que se ha derogado la reforma de 2013, ni tampoco me atrevo a asegurar que se ha hecho una nueva reforma capaz de resolver los distintos aristas del tema educativo. Lo que si veo, son unos tonos grises que cumplen con su función de dividir buenos contra malos, ricos contra pobres, chairos contras “fifís”. Lo que al final es alimento para esta nueva forma de “gobernar”. En el marco de la constitución tenemos, nuevamente, una reforma educativa de avanzada. Educación incluyente, para la paz. Con los profesores como agentes de cambio designados por la sociedad para hacer realidad el idealismo democrático. Educación humanista y filosófica que permita reconocernos a nosotros mismos para comprender y formar al otro. Y todo esto se logró a través de la apertura pública a otros sectores que, con base en evidencia, pusieron sobre la mesa mucho de lo que vemos en la constitución.  En este sentido, por lo acontecido hace dos días, me parece vamos hacia atrás. Es aplaudible que AMLO reciba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para escuchar sus posturas. Pero de ahí a que él mismo proponga alternativas para “destrabar” este conflicto, lo considero aberrante. Es decir, como ocurre en la escuela: ya finalizada la tarea, llega otro que se pone en los créditos para recibir la misma puntuación y todavía se atreve a modificar parte del contenido. No me parece pertinente que el gobierno federal comprometa gran parte del proyecto educativo escuchando al final a unos cuantos. En lugar de un análisis puntual de la situación, pareciera el cumplimiento de una promesa de campaña (una más) para seguir impulsando un plan propagandístico para los años venideros.  En cuanto a los lineamientos generales que propone en su carta a la CNTE, habría que estar atentos a lo siguiente:   a) Previo censo de verificación. Ojalá podamos tener una base de datos confiable como el CEMABE (Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial), hacerla comparativa en el tiempo para dar seguimiento puntual a los movimientos en el sistema. De la basificación automática y masiva, ya una corriente sindical se lo adjudicó con el apoyo de gobierno federal. En política, siempre las formas, son fondo y los maestros que confiaron en estos procesos se verán trastocados en terreno. 

b) La homologación salarial ya está en marcha con la creación de la Compensación Nacional Única. 

c) En cuanto a la matrícula de normales, se corre el riesgo de reducir la oferta, la cual puede ser coptada por entes ajenos al gobierno federal. Incluso abre la puerta al regreso de las comisiones mixtas de escalafón como mecanismo de apertura al sistema. De las cuales ya existe evidencia de sus resultados no tan positivos. 

d) El sistema de mejora del magisterio con respecto a las promociones, se queda muy corto. Para empezar regresamos a la valoración de la antigüedad medido en años de servicio. Esto ya lo hicimos en el pasado y existe evidencia, palpable hasta el día de hoy, que no experimentamos cambios sustanciales en el aprendizaje de los niños. ¿Por qué regresar? Otro punto es la experiencia en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Nuevamente, se lee como estancia y permanencia en dichos contextos. ¿Por qué no transitamos a medir resultados en estas zonas? Difícil sí, pero de lo contrario seguimos regresando a esquemas ya probados. Por último, reconocimiento social de la comunidad escolar. ¿Con base en qué? ¿Solo recopilación de firmas y cartas de buenas intenciones? Me parece que tenemos mejores mecanismos para visibilizar estos aspectos. ¿Y la preparación profesional? Es pregunta.  Como vamos, no sorprendería que los acuerdos ya estén sobre la mesa. Lo verdaderamente interesante será el llamado nuevamente a todas las partes involucradas para seguir construyendo las leyes secundarias. Una gran lección que podemos seguir mejorando es la de sumar las voces de todos: maestros, académicos, sociedad civil, autoridades, etc. En medio de toda esta maraña de conceptos laborales, los que siguen en medio, esperando claridad, son las niñas, niños y jóvenes y sus maestros. Reactivemos sus voces a la discusión de la escuela que quieren y necesitan.  Como hemos asegurado, no existe reforma sin reformadores. La implementación de estos lineamientos u otros, deben ser acompañados y ajustados en el tiempo. Para eso necesitamos a las y los maestros, con pleno acceso a una carrera profesional que privilegie el mérito y el logro de objetivos en su comunidad escolar. Si lo perdemos hoy, mañana seguiremos estancados en la discusión de modificar la ley.  Salto de página.  Hace dos años, leyendo la prensa y conversando con diversos grupos de profesores, era reiterado el comentario de la terquedad de hacer las cosas al revés de parte del gobierno federal. Primero lo administrativo y después lo pedagógico. Por eso la “mal llamada reforma educativa” En ese orden de ideas, ¿qué podríamos concluir ahora que el secretario de educación ya confirmó que será hasta el 2021 que se discuta el modelo pedagógico para esta “reforma”? - - - - - 

* Director General de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel Sembrando Horizontes A.C. (2018)

Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de la investigación rigurosa, la activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.