El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, promovió un amparo para impugnar la reducción de sus ingresos en alrededor de 30 por ciento. El funcionario operativo de más alto rango del INE, segundo en jerarquía solo abajo de los consejeros electorales, presentó el 4 de enero un amparo en el que cuestiona la constitucionalidad del segundo párrafo del anexo 23.8.3 del Presupuesto de Egresos de 2019, que establece los salarios en el órgano electoral. En ese párrafo, la Cámara de Diputados fijó en 1.6 millones de pesos netos anuales la remuneración máxima en el INE, monto que corresponde al tope que se fijó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta 2018, Jacobo Molina percibía aproximadamente 2.8 millones de pesos netos anuales, una vez descontados los impuestos a la remuneración bruta total prevista en el Presupuesto, que era de casi 4.1 millones de pesos. El salario neto mensual del funcuionario, sin contar prestaciones, era de 167 mil 781 pesos, mientras que ahora, por decisión Presidencial, solo puede ganar 108 mil 656 pesos, 35 por ciento menos. Laura Gutiérrez de Velasco, jueza séptima de distrito en Materia Administrativa, ordenó a Jacobo aclarar algunos aspectos de su demanda antes de decidir si la admitirá y concederá una suspensión para que mantenga sus ingresos del año anterior. En su amparo, el funcionario del INE alega violaciones a ocho artículos de la Constitución, incluidos los que prevén la autonomía del INE, y el 123 apartado B, que señala que los burócratas de confianza gozarán de "medidas de protección al salario". Además del de Jacobo, también hay amparos de Juan Puig Márquez y Gustavo Melo, adscritos a la Contraloría del INE, que ganaban 116 mil pesos netos mensuales más prestaciones. -- Reforma