Peña Blanca, Xilitla S.L.P.- La Contraloría General del Estado concluyó su programa de capacitación y difusión de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral 2018, que busca asegurar que los recursos públicos destinados a los programas de desarrollo social se apliquen a los fines establecidos y no se desvíen a actividades político electorales, además de evitar que la entrega de obra, apoyos y servicios se condicionen para favorecer con el voto a determinado candidato o partido. En el evento participaron beneficiarios, comités de contraloría social, autoridades comunitarias y servidores públicos de las tres órdenes de gobierno, aquí el Contralor General del Estado, hizo un llamado a todos los responsables de programas sociales en los distintos órdenes de gobierno para que no los utilicen con fines políticos, expresando que si bien “no se pueden paralizar la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía, las instituciones públicas deben contribuir a que se desarrolle libremente el proceso electoral y se respete el voto de la población, actuando con imparcialidad en los programas sociales”. Asimismo, el Contralor General del Estado, hizo una invitación a los beneficiarios y comités de contraloría social para que denuncien cualquier intento de condicionar los beneficios sociales de los programas a cambio del voto, por lo cual reiteró que pueden denunciar estas anomalías a la FEPADE en el teléfono 01 800 833 7233 y a la propia Contraloría en el 01 800 HONESTO. Previo al evento, se realizó la visita de inspección a la obra “Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable” (2ª etapa) en la Comunidad de Peña Blanca, Xilitla, la cual se ejecuta con la participación de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de verificar que las obras y servicios se sigan prestando pero con apego a la normatividad administrativa y electoral. Con estas acciones, la Contraloría General del Estado da por concluida la capacitación y difusión del programa de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral, el cual abarcó más de 2,345 beneficiarios de programas sociales, 1,385 servidores públicos municipales y autoridades comunitarias y 567 localidades de los 58 municipios del estado.