San Luis Potosí ocupa el lugar 26 a nivel nacional con una calificación reprobatoria de 4.9, descendió un lugar comparado con la posición del 2016 en el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018 realizado por la asociación Mexicanos Primero. La organización tomó en cuenta puntos de la reforma educativa para esta evaluación como el aprendizaje de los estudiantes, permanencia de los alumnos, relaciones y procesos, condiciones de materiales, sistema de apoyo y personal del sistema educativo. Actualmente sólo se cumple el 50.5% de alumnos en tercero de secundaria con resultados destacados en el Nivel I de la prueba Planea ELCE de matemáticas, mientras que en el porcentaje de alumnos que se matriculan en media superior en su edad normativa es del 78%. En el porcentaje de cobertura a niños de 3 años en primer grado de preescolar, alcanzó SLP el 54.1%, mientras que solo el 62 por ciento de los normalistas se ubican en el rubro de “Idoneidad de futuros maestros” como parte del Concurso de Ingreso a Educación Básica. En cuestión de las condiciones materiales de los sistemas educativos, el estudio señala que el 80.3% de las escuelas cuentan con sanitarios, el 63.1% cuenta con espacios recreativos y solo el 17.6% cuenta con escuelas con rampas. La organización también indicó que el 18.5 por ciento de los docentes de nuevo ingreso a educación pública cuentan con un tutor asignado, en el sistema educativo en San Luis Potosí y el 37.4 por ciento cuenta con supervisiones de zona con 10 ó menos escuelas de educación básica adscritas. SLP ha logrado incluir a más jóvenes en la escuela, con un avance de 4% en permanencia, pero el logro de aprendizaje ha bajado 1.2 %. El estado registra el segundo avance más rápido en liderazgo escolar, pasando de rojo a verde, con una mejora de 34.8 % Ante estas situaciones la organización generó recomendaciones para mejorar estos bajos índices como hacer accesible el ingreso a la escuela y promover la atención de niñas y niños desde los 3 años. Además de asegurar que todas las escuelas cuenten con infraestructura accesible para niñas y niños en condición de discapacidad, así como también que cada comunidad escolar cuente con acompañamiento externo suficiente y consistente que apoye de manera continua el proyecto educativo de cada escuela.