La Audiencia Nacional española citó ayer a Carles Puigdemont y al resto de su gobierno para declarar como imputados entre mañana y el viernes por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Desde Bélgica, Puigdemont afirmó que regresará a España cuando pare la persecución del gobierno y la justicia española ofrezca garantías democráticas. Puigdemont y cada uno de los 13 miembros de su equipo se enfrentan hasta a 30 años de cárcel por haber declarado la independencia de Cataluña el 27 de octubre. La presentación el pasado lunes de una querella por estos tres delitos contra los políticos catalanes por parte de la fiscalía general del Estado impulsó el viaje de Puigdemont a Bélgica. Si el líder catalán y sus colaboradores no se presentan a declarar en Madrid, serán considerados fugitivos de la justicia española y se emitirá una orden de detención europea contra ellos. La juez encargada del caso, Carmen Lamela, precisa que declararán como investigados y que podría decretarse para ellos penas de prisión provisional, lo que en el caso de Puigdemont y los siete consejeros que han viajado con él a Bélgica es probable, teniendo en cuenta el riesgo de fuga. La magistrada acordó también fijar una fianza de 6 millones de euros que los investigados deben reunir en tres días. El Tribunal Supremo también admitió ayer la querella por los mismos cargos contra seis miembros de la Mesa del Parlamento catalán que posibilitaron que se votara la declaración de independencia. Desde Bruselas, Puigdemont aseguró a decenas de medios internacionales reunidos en el Club de Prensa que el objetivo de la escala belga no es pedir asilo. “No estoy en Bélgica para pedir asilo político. Estoy para actuar con libertad y seguridad”, indicó tras subrayar que “permaneceré el tiempo necesario”. El ex presidente, quien se mueve en taxi por la capital belga, fue recibido por una manifestación espontánea integrada tanto por simpatizantes como detractores. Entró al edificio en medio de gritos de “¡Viva España!”, “¡Viva Cataluña!”. “Como dicen en México, poco macho y poco hombre, ha salido huyendo con alevosía en un coche dejando atrás a todos a los que él ha venido, es un cobarde”, dijo Ignacio San Julián, jubilado de las fuerzas armadas españolas. “No escapa de nadie, por el contrario, me parece una manera muy inteligente de asegurar que su mensaje sea escuchado, no sólo por la gente en Cataluña, sino en Europa y todo el mundo”, declaró por su parte el consultor catalán Roger Psastre. Al hablar sobre las acusaciones emitidas el lunes por la fiscalía española, dijo que están políticamente motivadas, al tiempo que acusó a Madrid de ser responsable del “caos” que se vive en Cataluña por negarse al diálogo. Respecto a las elecciones del 21 de diciembre a las que convocó el gobierno español, adelantó que participarán “con todas sus fuerzas” y los resultados serán respetados por los soberanistas. Horas después de que la Audiencia Nacional española citara a Puigdemont y otros ex miembros del gobierno catalán, algunos de estos regresaron a Barcelona. La decisión se produjo poco después de que el Tribunal Constitucional de España suspendiera la votación de independencia celebrada el pasado viernes en el ahora disuelto Parlamento de Cataluña mientras estudia la legalidad del proceso. Cataluña está ahora concentrada en el debate de las elecciones. Según el barómetro público del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), las formaciones independentistas volverían a obtener la mayoría absoluta en las elecciones, que fueron convocadas por el presidente español, Mariano Rajoy. El sondeo del CEO asegura que los tres partidos independentistas podrían revalidar su gobierno con entre 68 y 72 escaños, los mismos o cuatro menos que consiguieron en 2015. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), socia del partido de Puigdemont (PDeCAT) en el último gobierno y favorita para ganar las próximas elecciones, dijo ayer que no quiere concurrir a las elecciones bajo una lista unitaria con el PDeCAT como hizo en 2015. -- EL UNIVERSAL