El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos para que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, de aprobarse se podrían suspender los permisos a concesionarios en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. El Ejecutivo federal dirigió a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de que las empresas del Estado jueguen un papel más activo, fortalecer los procedimientos sancionadores, evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior al que pagaron y combatir el contrabando de combustibles. "La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer los procedimientos sancionadores y erradicar las conductas y hechos delictivos en materia de hidrocarburos que afectan la economía de las familias mexicanas, razón por la cual se considera pertinente robustecer el marco normativo para elevar las sanciones en caso de reincidencia”, refiere el texto que pretende sustituir a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. El mandatario federal destacó el rol preponderante que debe mantener Pemex y reiteró que en las pasadas administraciones la corrupción afectó el desempeño y en la eficiencia energética del país. "Elementos como la corrupción por las anteriores administraciones federales al interior de la empresa (Pemex) han hecho que esta transición repercuta en la eficiencia energética del país. La falta de autosuficiencia en el sector energético se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”, sostuvo. López Obrador propone reformar el régimen de sanciones a través del artículo 59 Bis que contempla las suspensiones, la integración y el trámite de expediente de suspensión temporal o definitiva del permiso, mientras, que la autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores. La propuesta presidencial abarca como sanciones el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos. La modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente. El mandatario federal reiteró que en el centro de su agenda de trabajo está el combate al robo de combustible, cuyos resultados han sido favorables, pues el robo de combustibles pasó de 81 mil barriles diarios en noviembre de 2018 a dos mil hasta abril del 2019, una reducción de 95%, de acuerdo con estimaciones de Pemex.

Sin embargo, dijo que persisten prácticas abusivas por parte de las gasolineras de despachar combustible incompleto y en la venta de gas al menudeo. Para evitar el contrabando sugirió que al realizarse las actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público se compruebe la adquisición lícita.

Los permisos se otorgarán a Pemex, a otras empresas productivas del Estado, y a particulares. El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre un diseño de instalaciones o equipos acordes a la normativa aplicable y mejores prácticas, las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso y la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía.

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Con información e imagen: Dinero en Imagen