A un año de la sucesión en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, es buen momento para encontrar los aciertos y las omisiones de la presente administración. La ejecución de políticas públicas y las directrices de los gobiernos, al encabezar una responsabilidad , se definen al cubrir los compromisos del gobierno saliente, administrar los recursos y necesidades durante su periodo, aplicar las nuevas políticas públicas que se construyeron durante la campaña electoral, hasta lograr dejar una firma o sello en la nueva administración, para reflejarse ahí los objetivos alcanzados o en los que no se logró cumplir la meta. En una encuesta realizada por miembros de la Coparmex, fueron 3 los temas en los cuales “ha quedado a deber” el Gobierno Estatal y que preocupan a los socios de este Sindicado Patronal, en el desarrollo de sus actividades los cuales son; la falta de Seguridad, la falta de Infraestructura Urbana y la falta de Combate a la corrupción. El combate a la corrupción, una de estas asignaturas que han quedado pendientes de atender, ha marcado el tránsito de este gobierno, incluso antes de iniciar. Data de la Administración anterior, en la que Fernando Toranzo supo de la corrupción en el DIF Estatal, donde se señalaron compras infladas de alimentos y despensas a empresas domiciliadas en el Estado Puebla, las cuales no fueron sancionadas, e incluso se reservó esta información por un periodo de 7 años. De igual manera, en la pasada Administración Estatal en la Dirección de Pensiones, se evidencio una millonaria desviación de recursos, para ser invertidos en operaciones de riesgo, donde no hubo responsables ni se resarció el daño. Es una costumbre que al llegar una nueva administración de mismo partido, jamás se revelan actos de corrupción, ni se denuncias excesos. En la actual administración en la Oficialía Mayor y el Hospital Central se detectaron operaciones con facturas de empresas de las llamadas “fantasma” (cuyos domicilios son locales no habitados) haciéndose pasar por empresas en operación que otorgan productos y servicios, empresas que coinciden con las que utilizaban algunos diputados de la pasada legislatura, para comprobar gastos inexistentes, en algunos casos de personas ya fallecidas. Las obras del Metro Bus que también datan de la pasada administración, así como algunas obras e inversiones del Hospital Central fueron levantadas, pagadas y después destruidas, sin que hubiera responsables de estos daños al patrimonio estatal. Incluso las obras del Metro Bus (ahora Red Metro) con inversión de más de 150 millones de pesos, continúan sin ser utilizadas en un proyecto que ya rebaso los 4 años de haber sido anunciado “con bombo y platillo” que evidentemente representa una de las obras de infraestructura de urgente necesidad, para la expansión de nuestra ciudad, la movilidad de los ciudadanos y trabajadores que todos los días laboran en la zona poniente y la Zona Industrial de San Luis Potosí. En el Nuevo Hospital Central también se tienen observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, en la construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones donde se invierten más de 2,500 millones de pesos, en este complejo médico que otorga atención a miles de potosinos y pacientes de otros estados como Zacatecas y Aguascalientes. El pasado mes de diciembre, el ex Fiscal Anticorrupción anuncio su renuncia al cargo a consecuencia de falta de apoyo (económico y operativo) para el desempeño de su complicada labor, la cual ya contaba con una decena de denuncias, entre ellas las que surgieron en la Auditoria Superior del Estado y un grupo de diputados que formaban la “Ecuación Corrupta” que ofrecían el servicio de “Blanqueo de cuentas” a Alcaldes Potosinos, misma que se evidencio a nivel Nacional. Desde hace más de 5 meses la Fiscalía Anticorrupción se encuentra acéfala, a falta de una terna propuesta por el Ejecutivo, para ser turnada al Poder Legislativo para su aprobación y designación del nuevo Fiscal Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (que se origina del Sistemas Nacional Anticorrupción) se encuentra “hecho engrudo” e inoperante ya que desde su concepción durante mucho tiempo no conto con un Secretario Ejecutivo y actualmente no cuenta con recursos para su operación, la falta de certeza y organización interna, ha frenado el arranque de sus acciones y programas, esto causa beneplácito a Poder Ejecutivo, que ha evitado actuar en temas Anti Corrupción. Como parte de las denuncias contra diputados señalados en la “Ecuación Corrupta” y otros desvíos que se documentaron como apoyos inexistentes, a personas muchas de estas que nunca lo recibieron, se frenaron una decenas de denuncias si como a funcionarios del gabinete que reciben esta protección por parte de la Fiscalía a instrucción del Ejecutivo. Pero la cereza del pastel es la revelación que hace unas semanas se conoció de obscuros movimientos millonarios en la Secretaria de Salud, donde los resultados de una investigación del Periodista Juan José Rodríguez y la organización ciudadanos observaron, revelaron cobros millonarios a empresas “fantasmas”, así como manipulación de licitaciones, en las que se encontró falsificación de firmas, así como compras infladas por casi 200 millones de pesos, denuncias que no han reflejado la menor reacción de correctivo o ser desmentidas por parte del titular del Ejecutivo. Estas evidencias de la presente Administración, marcan un rumbo de la falta de interés de tomar acciones para combatir la corrupción, situación que además del daño que ocasiona en los diferentes sectores donde se ocasiona el daño patrimonial, genera un lamentable manto de impunidad  que dará la libertad para que otros funcionarios, repitan estas acciones, sabiendo que no habrá consecuencias. Pésimo es el mensaje que se envía a la Administración Publica en San Luis Potosí, frente a un Gobierno Federal donde la principal bandera es el combate a la corrupción, que hoy aquí es una asignatura pendiente.

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Jorge Armendáriz Gallardo

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