La víctima no recordó qué ropa vestía cuando era abusada sexualmente y la inspección ocular –realizada dos años después de que ocurrieron los hechos–reveló que el espacio donde la niña señalaba que era abusada no coincidía su descripción. La mamá y la menor, que ahora tiene 17 años, están preocupadas porque fueron amenazadas de muerte: “Ella tiene miedo hasta de salir porque nosotras fuimos violentadas verbalmente y con lesiones por parte de la familia del sujeto. Él le prometió a mi hija que si hablaba y yo actuaba, cuando él saliera de prisión la iba a buscar para matarla”, alerta la madre.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- La Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dejó en libertad a una persona que había sido sentenciada a 23 años de prisión por el delito de trata de personas de una niña, quien lo acusa de que a lo largo de dos años la explotó sexualmente en un baño público del Centro Histórico de la capital del país. A pesar de que el caso se conoció públicamente en 2015, cuando la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) boletinó que el Juez 57 con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente encontró culpable al imputado Guillermo C. del delito de trata de personas de una niña durante dos años consecutivos y lo sentenció a 23 años, dos meses y 13 días de prisión, la semana pasada el Tribunal decretó “la inmediata y absoluta libertad” con dos votos a favor y uno en contra. Luego de que se dictó la sentencia hace tres años, la defensa del imputado apeló y logró una reducción a 15 años de prisión, pero al llegar a la Octava Sala las magistradas Rosalinda Sánchez Campos y Abigail Gudiño Mejía votaron a favor de su revocación. “La ofendida en ningún momento refirió el tipo de ropas que ella vestía los días en que supuestamente era explotada sexualmente y que pudiera corroborar la mecánica de los hechos, ya que en todo momento dijo que siempre llegaba a los baños y la desvestían con gran facilidad”, dice uno de los argumentos de las magistradas en la sentencia emitida el 25 de mayo de este año bajo la Toca Penal 98/2018. La niña, quien entonces tenía entre 10 y 12 años de edad, fue abusada sexualmente y –de acuerdo con los peritajes psiquiátricos y psicológicos– tuvo una afectación que incluso le impidió carearse con los testigos. Otro de los argumentos que las magistradas tomaron en cuenta para dejar en libertad al imputado por el delito fue que “si bien la ofendida, por su carácter de víctima menor de edad no se le puede exigir que precise con toda claridad los hechos […] no abunda en otros detalles”, cuando, de acuerdo con la defensa de la menor a cargo de la abogada Rosalba Cruz Martínez, de Derechos, Affidamiento y Sororidad AC, la niña narró en 15 páginas los abusos a los que fue sometida por Guillermo C. y otro sujeto identificado como Ricardo N. Las magistradas argumentaron que al acudir a la inspección de lugar –en julio 2014, dos años después de que ocurrieron los hechos–la descripción de los baños que hizo la niña no coincidió con lo que el Ministerio Público encontró. “En la parte exterior no se aprecia que fueran baños públicos, porque el lugar no tenía un letrero, pero eran baños que las personas vendedoras ambulantes sabían que existían. También dicen que la niña describe que este sujeto al momento de someterla le daba cachetadas, y ellas [las magistradas] dicen que no hay ningún dictamen médico que acredite que tenía lesiones físicas y que su mamá en ningún momento describió que llegara con lesiones en la cara, que eso de alguna manera desvirtúa lo que la niña está diciendo”, explicó la abogada de la mamá de la niña en situación de víctima.

Las magistradas pusieron en duda el número de personas que la pequeña señaló como atacantes, debido a que en la inspección ocular de 2014 se percataron de que el lugar era un espacio reducido. Sin embargo, la magistrada Irma Guadalupe García Mendoza emitió un voto particular en contra de la liberación del sentenciado argumentando que “existen las pruebas suficientes que acreditan la plena existencia del delito de trata de personas”.