Debido a que el combate a la corrupción también es obligación de las autoridades locales, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) propuso que las entidades del País asuman 11 compromisos para transparentar su actuación y reducir la discrecionalidad en la aplicación de las políticas públicas. A través de un comunicado, la ONG que dirige Claudio X. González estableció los parámetros que en materia de compras públicas, licitación y ejecución de obras, control interno, auditoría y manejo de archivos deben asumir los gobiernos locales. El primer compromiso es impulsar la creación de una Fiscalía General de Justicia que sea autónoma e independiente del Ejecutivo, con capacidad técnica y operativa para investigar y resolver los delitos. El segundo es publicar las observaciones que formulen las contralorías estatales de manera accesible al público, identificando el nivel de los funcionarios involucrados en la comisión de irregularidades y las consecuencias derivadas del ejercicio de fiscalización. El tercero es generar archivos electrónicos y dar cabal cumplimiento a la ley en la materia y a la Ley General de Transparencia, que establecen que todo acto en el servicio público debe generar un registro. El cuarto es que todos los funcionarios que integran el gabinete estatal publiquen sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de manera voluntaria, sin esperar a que entre en vigor la obligatoriedad que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. La quinta es generar un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos y ayudas sociales que proporciona el Gobierno estatal. El sexto es que todos los proyectos de infraestructura cumplan con los criterios de pertinencia y sustentabilidad, y que el proceso de contratación y ejecución de los trabajos sea público en formato de datos abiertos. El séptimo es promover la creación de una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas que permita que los procesos de contratación en todo el País se hagan bajo los mismos principios y procesos, lo que ayudaría a su fiscalización y control. El octavo es informar de manera oportuna sobre los pasivos existentes en las finanzas públicas y las obras inconclusas que tengan las distintas dependencias. El noveno es utilizar en todos los procesos de contratación la plataforma de compras gubernamentales, Compranet, que permite subir en línea cada paso del proceso de licitación. El décimo es reducir al mínimo los pagos en efectivo, para facilitar el proceso de fiscalización del uso de los recursos económicos, pues al utilizar el sistema bancario se pueden rastrear las operaciones. Y el último es asumir plenamente lo que estable el Sistema Nacional Anticorrupción y facilitar la implementación de los sistemas locales, garantizando su independencia y eficacia. -- Reforma