Dentro de los planes que el presidente electo de nuestro país tiene para la descentralización de las operaciones del gobierno, existe el de mover las secretarías de estado a otras ciudades del país. Esta decisión tiene varias implicaciones económicas, la primera está relacionada con la capacidad de las ciudades propuestas para recibir a estas secretarías. En un análisis realizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) considera que solamente 6 ciudades tienen la capacidad de recibir a las Secretarías de Estado: Es viable que la Secretaría de Economía se vaya a Monterrey, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se mude aquí a San Luis Potosí y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaje desde Puebla. León, Guanajuato, puede albergar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como, Mérida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Jalisco recibiría a Ganadería pero no hay precisión si estará en Guadalajara. Como vemos, estas ciudades tienen una infraestructura inmobiliaria lo suficientemente adecuada como para recibir a las dependencias, no solo porque pueden tener edificios para rentar al gobierno federal, sino que, en algún momento dado, también podrán satisfacer la demanda de vivienda para las personas que lleguen a vivir a estas ciudades, esto implicará una reactivación del mercado inmobiliario, habrá más transacciones, más construcción de vivienda e infraestructura carretera y de equipamiento. Pero también está el caso de otras ciudades propuestas donde no hay un sólo edificio nuevo que pueda albergar a una dependencia del gobierno. Sólo hay inmuebles viejos y pequeños en espacio. Ante esto, será necesaria la inversión privada en oficinas, ya que un edificio como los que ocupa el gobierno de entre 30 mil y 70 mil metros cuadrados (m2) cuestan alrededor de 500 y 600 millones de dólares. Por otro lado, ¿qué pasará en la Ciudad de México cuando se desocupen todos los inmuebles que renta el Gobierno Federal? En la Ciudad de México, una de cada 10 oficinas es rentada por el Gobierno federal, por ello la entrada en operación de la descentralización de dependencias, aumentaría la oferta de espacios. En la capital del país, las autoridades demandan entre 800 mil y un millón de metros cuadrados (m2) de oficinas, lo que equivale al 9 por ciento del total del inventario actual, según estimaciones de la empresa de corretaje Coldwell Banker Commercial. Expertos del sector inmobiliario prevén que la mayor oferta de espacios de oficinas pueda reducir el precio de las rentas en la CDMX. Y esto también implica menos ingreso para las empresas arrendadoras, menos inversión en el sector construcción en México y tal vez un decrecimiento económico en el largo plazo.