Para Pav Sterry, de Columbus, Ohio, otorgarle un estatus legal a los migrantes sin documentos –incluso aquellos que llegaron de niños, sin haberlo elegido– simplemente está mal. Huy Pham, de Saint Paul, Minnesota, cree que cualquier concesión que se haga respecto a los dreamers desatará otra ola de inmigración ilegal. Daniel Cotts, de Phoenix, considera que una “amnistía general” para ellos sería injusta con los extranjeros que esperan durante largos años para poder vivir legalmente en Estados Unidos. Encuesta tras encuesta se ha mostrado que la mayoría de los estadunidenses apoya la protección para esos dreamers, los migrantes jóvenes que llegaron a Norteamérica siendo niños y que podrían ser deportados empezando en marzo tras la revocación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Sin embargo, para algunos ciudadanos norteamericanos la idea de legalizar el estatus de un migrante sin documentos siguen sin ser una alternativa aceptable. No niegan que la mayoría de los inmigrantes son diligentes y muy trabajadores, y que no escogieron la situación de vida que los llevó a migrar, pero dicen que eso no es relevante. “Creo que a los beneficiarios del DACA deben darles unos cuantos meses para que arreglen sus asuntos y regresen a sus países de origen”, dijo Sterry, una exprofesora de matemáticas de 58 años, en referencia al programa del Gobierno de Obama. El presidente Donald Trump ha dicho que será desmantelado en marzo, con demandas pendientes contra la revocación, aunque un acuerdo en el congreso podría revivir o remplazar el programa. Sterry le dice a aquellos que argumentan que los migrantes jóvenes estarían a la deriva de ser expulsados a un país que no conocen ni recuerdan: “Los padres y los hijos pueden irse todos juntos a casa”. Esas divisiones llevaron a un breve cierre de la Administración por una disputa sobre si el presupuesto debe incluir la previsión de apoyo a los dreamers, aunque al final hubo un pacto para tener fondos temporales y reanudar operaciones que no resolvió el problema migratorio. Del lado liberal, los progresistas están molestos con senadores demócratas como Chuck Schumer, el líder de esa bancada minoritaria en la cámara alta, por permitir que el Gobierno reanudara sus operaciones sin una garantía de protección para los beneficiarios del DACA. Del lado republicano, los moderados sienten la presión de los miembros de línea dura que quieren que la propuesta de legalización incorpore cambios importantes en la aplicación de la ley migratoria. ENCUESTAS A FAVOR Menos de un cuarto de los electores estadunidenses –en algunas encuestas sólo uno de cada 10– comparten las creencias de Sterry. No obstante, la gente que opina como ella muestra la forma en que los conflictos emocionales sobre los indocumentados han obstaculizado la legislación durante más de una década, polarizando a ambos partidos. En una encuesta reciente, 84% de los sondeados dijo apoyar un estatus legal para los dreamers. Sin embargo, cuando se les dio la opción de elegir entre mantener al Gobierno en funciones o aprobar la legislación del DACA, 56% dijo que era más importante que el Gobierno siguiera funcionando. Sólo 34% dijo que era más importante aprobar como parte del debate presupuestal una propuesta de ley de naturalización, mientras que el resto opinó que ambas cuestiones eran igual de importantes o carecía de opinión al respecto. Cuando se les cuestionó sobre si creen que los dreamers deben ser deportados pronto, como sucedería a partir de marzo si no hay un acuerdo legislativo, algunos reflexionaron su postura. MÁS MAL QUE BIEN “Otorgarle estatus legal a los dreamers podría causar un efecto dominó en el que otras familias traigan a sus niños pequeños con la esperanza de que con el tiempo a sus hijos también se les otorgue el estatus legal”, dijo Jacklyn Haak, de 19 años, una estudiante de ingeniería química de la Universidad de Minnesota. Reconoció que muchos beneficiarios del DACA contribuyen a la economía, pero dijo que eso no significa que legalizarlos sea bueno para el país. Afirmó que podría minar las perspectivas laborales de los estadunidenses, haciendo eco de una inquietud de los grupos que quieren restringir la inmigración. Para Pham, de 39 años, el asunto es personal. Él también llegó a Estados Unidos cuando apenas estaba aprendiendo a caminar, con el estatus legal de refugiado de Vietnam. “Si nosotros pudimos hacerlo de la manera legal, ellos también pueden”, dijo Pham, un consultor de tecnología de la información. Sterry cree que una vez que se legalice a los jóvenes migrantes, se buscará la forma de legalizar a sus padres. Cuando se le preguntó qué se siente adoptar una postura impopular, Sterry respondió: “No me importa ser popular. La amnistía está mal”. (Con información de The New York Times) ELIMINA VETO La Administración Trump eliminó la restricción de ingreso a los Estados Unidos a refugiados de 11 países considerados de “alto riesgo”, sin embargo, hizo más estrictas las condiciones de admisión, así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Interior. “Estas medidas de seguridad adicionales dificultarán que se aprovechen de nuestro programa de refugiados y garantizarán que adoptemos un enfoque más basado en el riesgo para proteger la patria”, señaló la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen. Hasta el momento se desconoce cuáles eran los países vetados, sin embargo, los reportes y medios estadunidenses indican que los países vetados eran Egipto, Irán, Irak, Libia, Mali, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Al inicio de su Administración, Trump intentó negar la entrada a Estados Unidos a cualquier ciudadano proveniente de países de mayoría musulmana, sin embargo, varios jueces han suspendido parcialmente las intenciones del Mandatario norteamericano. Congreso bipartidista por nuevo plan Un grupo bipartidista de 48 legisladores de la Cámara de Representantes de EU presentará una nueva propuesta para resolver el problema migratorio en el país, pese a que la Casa Blanca ya ha planteado su plan, mucho más conservador de lo que se debatía en los últimos meses en el Senado. El grupo, con igual presencia de demócratas que de republicanos, pide que se incluya su esquema de seguridad fronteriza en el próximo acuerdo presupuestario a largo plazo que debe votar el Congreso, así como buscar un camino a la ciudadanía para los jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños a EU, conocidos como dreamers. La propuesta de los legisladores se asemeja a la oferta planteada por el conocido Grupo de los Seis, tres senadores republicanos y tres demócratas, cuyo planteamiento llegó a ser escuchado por Trump, pero finalmente fracasó por las presiones de los ultraconservadores dentro de la Casa Blanca. En el acuerdo, los dreamers podrían obtener un camino hacia la ciudadanía de 10 a 12 años, siempre que no tengan antecedentes penales y hayan pagado impuestos. En cuanto a la seguridad fronteriza, el proyecto de ley dotaría de mil 600 millones de dólares a la construcción del muro con México, y otros mil 100 millones a otras cuestiones de seguridad fronteriza como recursos tecnológicos. -- EXCELSIOR