Ayuntamientos de San Luis Potosí están señalando una serie de irregularidades en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) en la emisión de sentencias y embargos por laudos laborales, lo que ha terminado incluso en denuncias penales en contra de la presidenta de esta instancia, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa. PLANTÓN DE VILLA DE RAMOS

Desde el pasado viernes, habitantes del municipio de Villa de Ramos instalaron un plantón a las afueras del TECA, debido al embargo de una cuenta por 1 millón de pesos para el pago de laudos laborales. Esta cuenta tenía recursos que irían destinados a ayudas sociales, como compra de medicamentos. El síndico de Villa de Ramos, Luis Martínez Montenegro, dijo que esta cuenta no es embargable, debido a que se trata de recursos federales, por lo que consideró que “hubo un error” en el tribunal, por lo que ya están interponiendo recursos, como amparos, para evitar perder ese dinero, sin embargo, el TECA no le ha respondido al respecto. DENUNCIAS PENALES DE SANTA MARÍA

El Ayuntamiento de Santa María del Río, a través de un documento, también reportó el embargo irregular de 11 millones 225 mil 279 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019 para el pago de un laudo laboral al ex trabajador Gustavo Baltazar Castillo, lo cual viola los artículos 3, 9 y 20 del Código Fiscal del Estado, que señalan que no se pueden entregar recursos federales a particulares, especialmente porque este dinero se ejercería para la realización de obras en dicho municipio. Por este motivo, el Ayuntamiento de Santa María del Río anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), además pedirán al Congreso del Estado iniciar un juicio en contra de la presidenta del TECA, Rosa Guadalupe Cervantes. A VALLES TAMBIÉN LO EMBARGARON

Una situación similar ha ocurrido en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, al que el mismo TECA les embargó 4 millones 762 mil 107 pesos de recursos del Ramo 33, según reveló René Oyarvide Ibarra, el cual reiteró que estos recursos no deberían ser tocados para el pago de laudos laborales, situación que se le hizo del conocimiento al TECA a través de un recurso legal que fue acompañado de pruebas fehacientes de que se trataba de recursos federales que no podían embargarse y aun así el tribunal entregó el dinero al ex trabajador. El funcionario no descartó la posibilidad de que, si así lo considera la Sindicatura, se pudieran presentar denuncias penales en contra de funcionarios del TECA, al igual que lo hizo su similar de Santa María del Río: “si hay contubernio y algún hecho por fuera de la ley, se tiene que proceder”. QUEJAS DE OTROS MUNICIPIOS

La síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, dijo que ellos también han detectado irregularidades en las resoluciones del TECA, como es cantidades exageradas a pagar por laudos laborales, resoluciones en contra del Municipio, a pesar de contar con todas las pruebas para tener una resolución favorable o el retraso en la notificación de estos juicios, lo que genera que se incrementen las cantidades a pagar a los ex trabajadores, debido al paso del tiempo. El secretario general del Ayuntamiento de Villa de Reyes, Óscar Pérez Verdeja, por su parte, dijo que ellos no han tenido problemas con las resoluciones del TECA, sin embargo, sí han visto afectadas sus finanzas, debido a que heredaron, de la anterior administración 70 juicios laborales, de los cuales 12 ya estaban en vías de ejecución y representaban el pago de entre 15 y 18 millones de pesos en laudos. El funcionario dijo que muchos de esos laudos provienen de hace 4 administraciones, sin embargo, los funcionarios han sido omisos y han dejado crecer los monto a pagar, por lo que están pidiendo reformas a la ley que permitan fincar responsabilidades contra ex funcionarios por omisión en el pago de estos laudos; además, señaló, que encontraron otras anomalías, como convenios leoninos con ex trabajadores, que les permiten a estos cobrar cantidades millonarias en laudos, a cambio de que les paguen el 40 por ciento de esos cobros a los ex funcionarios que les generaron dichos convenios. El pasado 7 de noviembre de 2019, también se reportó un altercado en el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, debido a un embargo que el TECA pretendía ejecutar por 958 mil pesos, lo que generó la reacción de autoridades municipales que impidieron a la actuaria proceder con el embargo, por lo que el tribunal procedió a interponer una denuncia penal contra el presidente municipal Rafael Pérez Rojas y el director de la Policía Municipal, Genaro Pérez Murillo, por privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones y desobediencia a un mandato legal.