El sistema actual de sanciones a los candidatos y partidos políticos por violar las leyes electorales o incumplir con las reglas de fiscalización, no es efectivo para inhibir este tipo de faltas, pues las multas no salen de sus propios bolsillos, entonces se podría decir que es incentivo para que sigan violando la ley, aseguró Rodolfo Aguilar Gallegos, exconsejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), al mencionar los 95 millones de pesos que aún adeudan los institutos de pasados procesos electorales. Explicó que las sanciones que les impone el Instituto Nacional Electoral (INE) no debería ser calificado como una multa, ya que no aplica de esa forma, pues quien paga actualmente no es el infractor, más bien se les realiza un descuento de los recursos públicos que reciben “a cómodas mensualidades y permanentemente viven endeudados”. “Una sería solamente cuando un representante de partido político, el responsable financiero o incluso el presidente del instituto político, de su propia bolsa tenga que pagar esas sanciones”, detalló. Entonces no se les debería de llamar multas, tendría que ser calificado como descuento de prerrogativas, ya que en realidad es algo que no les duele ni les hace daño, afirmó el exconsejero electoral, en este sentido, agregó que este tipo de amonestaciones a quienes hacen mal uso de los recursos públicos no está dando resultados. Sobre las justificaciones que han dado algunos presidentes de partidos políticos que han resultado sancionados, sobre que es complicado el actual sistema de fiscalización o que las reglas no son lo suficientemente claras, Rodolfo Aguilar aseguró que ese no es un argumento válido y que lo único que revela es que no están capacitados correctamente para dirigir un instituto político. “Decir que es muy difícil, pues es entonces no estar preparados para dirigir ningún partido, ya que se dirige evidentemente con un liderazgo político, pero también con una preparación de todos los ámbitos, sobre todo la parte administrativa”, sentenció.