El colapso de la Seguridad y el desbordamiento de la Violencia en el Estado de San Luis Potosí puede entenderse mejor si uno observa las últimas estimaciones de cifra negra publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2018, por ejemplo, 93.2 % de los delitos no fueron denunciados o lo fueron sin que una carpeta de investigación fuera iniciada por el Ministerio Público. Esta cifra no solamente representa la proporción de casos que no fueron contabilizados en la estadística oficial de incidencia delictiva, sino que, más importante aún, corresponde a los que ni siquiera pasaron la primera etapa del acceso a la justicia. Por lo anterior, cabe señalar que San Luis Potosí está rodeado de ocho estados donde con mayor presencia hay incidencias delictivas importantes como Tamaulipas y Guanajuato, por la operación de diversos grupos delictivos, “al estar rodeado de entidades con más actividad los delincuentes pasan a este estado y se retiran”. En la entidad potosina se tiene registrada la presencia de seis cárteles en 40 municipios, en los 18 restantes no se tiene un control definido por ninguno de estos grupos el crimen organizado, entre los cuales se ha identificado a los Talibanes como grupo local y el más letal. En el contexto de la contingencia sanitaria, intriga por ejemplo que las cifras de violencia familiar y de género, así como los delitos contra la libertad y seguridad sexual (que en su mayoría ocurren dentro de los hogares) se encuentren en sus niveles más bajos comparado con los últimos 12 meses. Como ya lo mencionamos anteriormente, es posible que el confinamiento de las personas genere obstáculos adicionales para las víctimas (como la exposición constante a sus agresores dentro de los hogares o la reducción del personal ministerial en las áreas de atención a denunciantes), situaciones que dificultan aún más la denuncia y provocan una reducción del número de casos registrados por el SESNSP sin necesariamente reflejar la incidencia delictiva (que bien podría estar aumentando). Si a lo anterior sumamos que, de por sí antes de que se implementara el confinamiento voluntario, la proporción de violaciones no denunciadas e investigadas era de 84.5 % y la de hostigamientos sexuales de 97.6 %, es probable que la cifra negra de éstos y otros delitos que ocurren principalmente dentro de los hogares haya aumentado aún más durante la contingencia. La validez de estas hipótesis, sin embargo, tendrá que corroborarse a través de actividades de monitoreo de las unidades de atención temprana, encuestas sobre la victimización y estimaciones de la tasa de denuncia por delitos ocurridos que se actualizan día con día. Con estos elementos trasformados en indicadores, la inseguridad y la violencia se difunde y sigue generándose como un círculo vicioso convertido en un abismo de violencia social, por lo tanto, para recomponer la situación actual, es fundamental tomar en cuenta todas las fallas que existen a consecuencia del mal sistema económico que tiene el país y aquí es donde debemos corregir los errores, es decir, hay que cambiar el sistema económico y, sobre todo, evitar que la corrupción siga invadiendo los sectores más importantes del Estado Potosino para evitar el colapso social y la violencia desmedida. Por último, es de suma importancia confesar que en el Estado de San Luis Potosí son cinco factores letales que detonan la Violencia y los menciono de la manera siguiente:  1. La mala política de seguridad;

2. Los elementos policiacos no certificados;

3. La desigualdad económica;

4. La delincuencia organizada

5. Corrupción.