En el contexto del proceso electoral hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes casos de candidatos que arrastran un penoso pasado con hechos de agresiones y abuso sexual; y que asumiendo sus comportamientos como normales sin más buscan cargos de elección popular. En algunos casos, muy pocos por cierto, estos agresores han sido castigados, pero en muchos otros sus propios institutos políticos han sido omisos a sus comportamientos y han dejado pasar tranquilamente estos sucesos. Como una medida que intenta frenar la llegada de agresores a cargos de poder, la iniciativa 3 de 3 por la violencia de género busca documentar e impedir que personas con antecedentes tengan acceso a cargos de poder, sin embargo, al menos para este periodo y en algunas entidades queda como un acto de buena fe que se sujeta a la honestidad de quienes desean una candidatura. ¿Por qué es importante que diputaciones, alcaldías, gubernaturas o regidurías no sean ocupadas por violadores o agresores sexuales? Simplemente porque a la sombra de su fuero, el poder de su propio cargo o las redes de apoyo y favoritismo con las que cuentan los delitos pasados y futuros corren el enorme riesgo de no ser castigados. Esta semana el país tuvo un botón de muestra de lo que el fuero puede representar para un presunto delincuente. El diputado federal por el 11 distrito de Puebla, Saúl Huerta, fue acusado de abusar sexualmente de un joven de 15 años. A este caso, al menos ya se ha sumado otro. Cabe señalar que el legislador a pesar de haber sido detenido fue liberado bajo el argumento de contar con fuero, cuando su víctima aún ni había concluido la serie de valoraciones de rigor. A lo largo de la historia hemos conocido casos de gobernadores que golpean a sus esposas, de políticos que fomentan la prostitución, de hombres que con poder laceran y vulneran mujeres en su camino. Carentes de cualquier castigo y freno a sus acciones. Basta ver como Félix Salgado perdió su candidatura no por la serie de agresiones que se le han documentado, sino porque no reportó $19,800 pesos…   Sin importar de quienes se traten, las victimas merecen justicia, los victimarios castigo y la política en este país un filtro en el que se cuiden mucho los perfiles que legislan y gobiernan. No puede haber monstruos con poder haciendo políticas públicas en un país que de por si constantemente descuida el derecho y protección de víctimas. La exigencia es que un 3 de 3 por la violencia de género y cualquier otra violencia no quede en un acto de buena fe de quienes buscan candidaturas, y que en su afán de poder mientan; sino que sea un verdadero filtro que frene y castigue a cualquiera que vulnere la integridad y derechos de otras personas. Ante la omisión que actualmente hacen los organismos electorales, son los colectivos feministas y de defensa de victimas los que se han dado a la tarea de documentar y señalar a los presuntos que en sus espectaculares sonríen y en sus giras de trabajo prometen, pero que a puertas cerradas agreden. ¡Ni una víctima más!