En México la mayor parte de los esfuerzos de inclusión financiera están orientados a la promoción del microcrédito en zonas rurales o semiurbanas; política que ha resultado poco eficiente, estableció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El organismo dio a conocer el estudio ¿Qué funciona y qué no en inclusión financiera?, Guías prácticas de políticas públicas, donde detalla que en el país hay 75 programas que buscan aumentar la inclusión financiera, de éstos 56 programas otorgan microcréditos, 17 educación financiera, y dos promueven el ahorro. En general, los esfuerzos por aumentar el acceso al, y el uso del sistema financiero, a través del microcrédito, arrojan resultados modestos. REDIRECCIONAR LAS POLÍTICAS Cuando se aumenta el acceso a instituciones bancarias o de microfinanzas, las tasas de aceptación de los productos de crédito oscilan entre 13% y 18%”; de ahí que, en opinión del Coneval, la política pública para aumentar la inclusión financiera deba estar más dirigida al fomento del ahorro. “En general, incentivar el ahorro tiene efecto positivo sobre indicadores de bienestar. Disminuye el nivel de endeudamiento de los hogares y su nivel de dependencia de las remesas; mejora la percepción que tienen los hogares de sus finanzas, el empoderamiento de las mujeres y las calificaciones de los niños”. En tanto, con el microcrédito no se encuentran mejoras sustanciales en el bienestar de los individuos y sus hogares, resaltó el organismo. Agregó que para hablar de inclusión financiera es necesario considerar la problemática social asociada, así como sus principales causas, es decir, el análisis de la inclusión debe considerar la exclusión como punto de partida para el diseño de intervenciones de política pública en la materia. Recalcó que una de las principales causas que podrían obstaculizar la inclusión financiera es el bajo nivel de acceso causado por la escasa inversión en infraestructura financiera, ya que mientras el promedio de sucursales bancarias comerciales entre los países de la organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) equivale a 27.1 por cada 100 mil adultos, en México este indicador se encuentra en 14.1. Además, la insuficiente protección al consumidor generada por altos niveles de concentración y una regulación deficiente también se traduce en elevados niveles de exclusión, aspectos que deben tomarse en cuenta en el diseño de políticas públicas. La ausencia de mecanismos efectivos de defensa para los usuarios e instituciones que procuren el buen comportamiento de los agentes del mercado y fomenten la transparencia de los contratos y productos que se intercambian no sólo genera pérdidas en el bienestar de los consumidores, sino puede provocar una percepción negativa de las instituciones que proveen servicios financieros, desalentando a usuarios potenciales”. A las barreras de infraestructura física y protección a los usuarios de servicios financieros se suman los exigentes requisitos que solicitan las instituciones financieras, para poder brindar sus servicios a las personas que no están en el sistema financiero. Antes de otorgar algún servicio financiero, las instituciones solicitan el cumplimiento de requisitos que pueden ser desproporcionados para los solicitantes. Además la escasa educación financiera actúa como un obstáculo para que las personas adquieran servicios financieros”. --

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