En los últimos años México ha implementado y reforzado sus acciones para erradicar la corrupción. No obstante, el impacto de este delito en los bolsillos de la ciudadanía aumentó 68% en tres años, indican datos del Inegi dados a conocer en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el monto pagado en 2019 por las personas mayores de 18 años que fueron víctimas de esta práctica al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos ascendió a 12 mil 770 millones de pesos. Esto es, en promedio, tres mil 822 pesos por afectado, cuando en 2017 dicha cifra fue de dos mil 273 pesos. Además, entre 2013 y 2019 la cifra de víctimas de corrupción aumentó de 12 a 16 por cada 100 habitantes. El Inegi destacó que el Estado mexicano ha concretado ajustes normativos e institucionales para controlar y disminuir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Entre estas acciones destacan la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, expedida en julio de 2016. También, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene entre sus principales objetivos erradicar la corrupción del sector público. Avanza corrupción, pese a combatirla La cifra de víctimas de ese flagelo en el país aumentó de 12 a 16 por cada 100 habitantes, entre 2013 y 2019, de acuerdo con estadísticas del Inegi. Aunque en los últimos años México ha registrado avances en el combate a la corrupción, esta práctica cobró más víctimas en el país y su impacto en el bolsillo de la gente aumentó 68% en tres años. En 2019, el monto por actos de corrupción que experimentaron las personas mayores de 18 años al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos en precios corrientes. Esto representa un promedio de tres mil 822 pesos por afectado, cuando en 2017 esa cifra fue de dos mil 273, indican datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. “Diversos estudios documentan los efectos adversos de la corrupción en la economía y en la calidad de gobierno, ya que no sólo hay una pérdida de eficiencia económica del gobierno para recaudar, gastar y distribuir recursos, sino que además tiene impactos directos en el acceso y calidad de los servicios públicos que se ofrece como la educación y la salud, o los paquetes de beneficios sociales que otorga a los ciudadanos”, indicó el instituto.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, entre 2013 y 2019 la cifra de víctimas de corrupción aumentó de 12 a 16 por cada 100 habitantes. Los actos de corrupción han aumentado en 25 de las 32 entidades en el periodo analizado, siendo Durango, la Ciudad de México y el Estado de México los que tienen la mayor prevalencia de corrupción en el país para 2019. Es decir, un ciudadano de estos estados enfrenta el doble de probabilidad de ser víctima de soborno que en Nuevo León y el triple de probabilidades que en Colima o Zacatecas, entidades con las menores prevalencias a nivel nacional. El Inegi indica que, a pesar del incremento generalizado en los niveles de soborno, hubo siete entidades que entre 2013 y 2019 presentaron una disminución en el porcentaje de víctimas de este delito, siendo San Luis Potosí, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas donde más se redujo este delito. En contraste, Durango, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Sonora tuvieron en 2019 más del doble de víctimas de soborno que seis años antes. Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, en las oficinas para gestionar permisos relacionados con la propiedad y en los trámites ante el Ministerio Público, que en 2019 registraron prevalencias de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente. ACCIONES El combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional al menos desde 2003. Ese año, una convención de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Para 2015 agregó indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, el Inegi destacó que el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Entre las acciones más notables, el instituto enlistó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, expedida en 2016. Ésta fija las bases para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que determina los mecanismos de coordinación entre instituciones clave en el combate a la corrupción federales, estatales y locales. “De manera adicional, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como uno de sus principales objetivos la erradicación de la corrupción del sector público y, para completar la estrategia anticorrupción, el actual gobierno estableció el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, señaló el Inegi.

MÉXICO OCUPA SITIO 142, DE 183 PAÍSES

En México no sólo la lucha contra la corrupción lleva una década estancada, sino que nuestro país es calificado por organismos internacionales como el mayor índice con este cáncer de la región en materia de prestación de servicios públicos, dijo Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En el evento Hacia una cultura de la integridad y combate a la corrupción, organizado por el Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Martínez destacó que de acuerdo con Transparencia Internacional y con base en una encuesta, en 2018, 51% de los mexicanos respondió haber pagado un soborno para acceder a servicio públicos básicos.  Destacó que en el índice de percepción de la corrupción México ocupó el lugar 142 de 183 países evaluados, con una de las mayores penetraciones de las malas prácticas en el sector público, con una calificación en 2019 de 29 en una escala de 100, cuando un año antes ocupó el sitió 28, ocupando el nivel más bajo de los 18 años desde la construcción de ese parámetro.  Dijo que las cifras advierten que la corrupción es una enfermedad social globalizada y que varía según sus ámbitos de acción y que refleja la pérdida de principios éticos; es necesario repensar los procesos internos de la administración pública para transformar esa realidad.  Por su parte, Adolfo Cuevas, presidente interino del IFT, destacó que, de acuerdo con la OCDE, el impacto económico de la corrupción en nuestro país puede oscilar entre 5% y 10% del PIB.  “Tenemos que reconocer, con pena, que los estándares internacionales calificamos mal como país”, por lo que es necesario avanzar hacia un nuevo estadio en el que el tema de la corrupción  no tenga estos vicios de tolerancia, de ligereza con los que normalmente se aborda y que, incluso, desde puesto de alta responsabilidad con un cierto tono defensivo, en lugar de reconocer la vergüenza evidente que supone que estos actos se cometan por funcionarios o personas asociadas al manejo de recursos públicos. 

Aleida Alavez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo que en las últimas décadas “se permitió de manera bochornosa, en los sectores público y privado, en detrimento de los derechos humanos, inhibiendo el buen funcionamiento del Estado de derecho.  Ejemplificó que, en los últimos dos sexenios, por condonación de impuestos, “se dejaron de ingresar a la hacienda pública más de 500 mil millones de pesos”.  Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, comentó que corrupción e impunidad son hermanas siamesas. Destacó que nunca en la historia del país había ocurrido que la demanda popular de acabar con la corrupción coincidiera con el discurso y la política pública de un gobierno, como ocurre en la presente administración, por lo que se tiene una gran oportunidad para avanzar en ese objetivo o esa ventana se cerrará.  María Elena Estavillo, presidenta de Conectadas, destacó que está comprobado que en las administraciones y cargos de alta responsabilidad, que están ocupados por mujeres, es menor la tendencia a la corrupción.

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