Desde el 2012 cuando se creó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la implementación del Mecanismo Federal de Protección carece de una coordinación eficiente entre los gobiernos estatales y federal, ya que 18 entidades carecen de leyes para la creación de mecanismos estatales.

Conforme al estudio Frente al Riesgo y al Caos del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, once entidades tienen leyes que crean mecanismos estatales de protección; tres con leyes o decretos que crean unidades u oficinas locales de coordinación con el Mecanismo Federal de Protección. Mientras 11 estados tienen iniciativas sin aprobar en su respectivo Congreso local. Las restantes 7 entidades, no tienen propuestas de Legislación.

El 17 de mayo del 2017 en reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se pactaron las "Acciones para la Libertad de Expresión y Para la Protección de Periodistas y Defensores", en las que se contempló fortalecer el Mecanismo Federal de Protección y conformar la Unidades Estatales de Protección para conformar los canales de cooperación entre las entidades operativas, sin embargo esto no se ha podido lograr.

En el transcurso del 2019, un total de 12 comunicadores han perdido la vida, lo que convierte a este en un año de los más mortíferos entre los periodistas.

El análisis señala que de las 12 leyes existentes que crean mecanismos estatales solo dos están en marcha . Refiere que sólo la Ley aprobada en la Ciudad de México cumple con los estándares mínimos de protección y buenas prácticas internacionales que establece la Ley modelo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, emitida en 2017 por la International Service for Human Rights.

Así tenemos que los estados con Leyes que crean Mecanismos Estatales de Protección son Guerrero, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila y Ciudad de México. Siendo Veracruz, Guerrero y Tamaulipas los estados más peligrosos para ejercer la profesión.

Además se acusa que las leyes en Chiapas, Guerrero, Colima, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo y Nayarit tienen limitaciones a la definición de periodista, al ser opuestas a los estándares internacionales. Hay limitaciones al definir al periodismo como una actividad "permanente", de la que se recibe remuneración, y al omitir sectores que no acrediten estudios o experiencia y a quienes la ejercen de manera habitual.

En su estudio, el Centro de Propuesta Cívica, dice que otro problema de las Leyes locales es su multiplicidad y enfoques diversos que descuidan la defensa de los derechos humanos. El Mecanismo Federal también ha sido analizado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que determinó que si las autoridades mexicanas no atienden las causas profundas de la violencia contra reporteros y activistas para fines de sexenio será insostenible mantener su operación.