El nuevo Gobierno ampliará el alcance de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de. Procedencia Ilícita. La Administración entrante obligará a más sectores a cumplirla, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP). En una conferencia sobre el convenio entre la UIF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para compartir información que permita perseguir dicho delito, Nieto indicó que el Gobierno hará propuestas puntuales para que las asociaciones sin fines de lucro, los sindicatos, partidos políticos, las empresas fintech y los notarios cumplan con controles antilavado de dinero. Respecto a las asociaciones sin fines de lucro, subrayó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda incorporarlas a los controles antilavado. En cuanto a los sindicatos y partidos políticos, consideró que se requiere que la Secretaría del Trabajo (STPS) y el Instituto Nacional Electoral (INE) compartan información de actividades que se pudieran relacionar con lavado. En el caso de las empresas fintech, Nieto señaló que se requieren mecanismos para detectar al beneficiario final al igual que con las empresas mercantiles. "Hoy, los notarios pueden reportar quién constituye una empresa de naturaleza mercantil, pero no hay información si se modifica la integración de los socios, y es ahí donde podemos encontrar temas centrales de corrupción y quién es el beneficiario final", comentó. Agregó que el nuevo Gobierno planteará la necesidad de ajustar la regulación antilavado en función de otras observaciones del GAFI, que indicó en su último reporte que en México no se pueden decomisar bienes instrumentos del delito. "Tampoco tenemos regulada la disolución de personas morales que incurren en conducta relacionada con lavado y financiamiento al terrorismo", añadió Nieto. Por su parte, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Publica, detalló en el mismo evento que es grave que México lave una suma equivalente a una tercera parte de su Producto Interno Bruto (PIB) en centros financieros internacionales.  "La Secretaría de la Función Pública no se dedica a combatir este delito, pero tiene mucha información que ayudará a detectar las vías para terminar con esta situación", mencionó. -- Reforma