CIUDAD DE MÉXICO. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación “no definió acciones de política ni elaboró directrices administrativas de carácter general que tuvieran por objeto atender integralmente el fenómeno migratorio en la frontera sur”. En un informe presentado a los diputados, agrega además que la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) de la Segob, tampoco justificó los recursos humanos y financieros que le fueron asignados, pues las acciones realizadas no se reflejaron en aspectos estratégicos que dieran una atención integral al fenómeno en dicha zona geográfica. Al analizar la política migratoria en la frontera sur, como parte de la Cuenta Pública 2018, la ASF asentó en el resumen de observaciones y acciones que se determinaron 14 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 13 restantes generaron 23 recomendaciones al desempeño. Establece que “a 2018 las acciones implementadas por los diseñadores e implementadores de la política migratoria (Segob, por medio de la UPM, CAIMFS y CGCOMAR; el INM y la SRE) no han sido suficientes para eficientar una gestión migratoria que, por una parte, facilite los flujos migratorios regulares y, por otra, propicie un incremento en la protección de los derechos de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional de manera irregular desde la frontera sur”. Lo anterior, agrega, “debido a una falta de dimensionamiento de la cantidad de flujos migratorios que transitan desde la frontera sur”. En las 23 recomendaciones al desempeño, éstas se enfocan a que se realicen acciones dirigidas a diseñar e implementar una política migratoria que atienda el fenómeno en la frontera sur. También, elaborar un diagnóstico en el que se determinen acciones tendentes a fortalecer la operación de la CAIMFS; garantizar que los oficios de salida se emitan sólo en los casos que así lo ameriten, así como se suscriban instrumentos internacionales con países africanos y asiáticos en materia de retorno, a efecto de regular los flujos migratorios. Otro aspecto que se hace notar es la falta de personal. Indica que las solicitudes de refugio pasaron de 2,137 en 2014, a 17,116 en 2018, así como que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) dispuso en esos años de un promedio de 21 servidores para atender los procedimientos. De ahí que en 2014 cada funcionario tenía a su cargo la resolución de 102 solicitudes, mientras que, para 2018, esos mismos servidores públicos tuvieron la encomienda de resolver 815 solicitudes. De ello se desprende que el personal se encuentra imposibilitado a alcanzar las metas y objetivos institucionales que la CGCOMAR tiene previstos, lo cual ha generado un rezago de 31 mil 60 solicitudes pendientes de resolución. Respecto de la infraestructura de las estaciones migratorias, la denominada Siglo XXI (Tapachula), fue la que presentó el problema de hacinamiento más grave, pues durante 2018 contó con una capacidad para albergar 960 personas y alojó un promedio de dos mil 74 al mes. -- EXCÉLSIOR / BERNARDINO MÉRIDA