La diputada local Marite Hernández Correa pidió a las autoridades e instituciones del estado “un trato humanitario y respetuoso” para los migrantes centroamericanos que están arribando a San Luis Potosí. Aclaró que la atención gubernamental que se les debe brindar a tales personas no puede estar condicionada a su detención, como han pretendido establecer las autoridades migratorias. Quienes integran tal caravana, dijo, son en realidad “desplazados forzados”, quienes se han visto obligados a salir de su país a causa de la miseria, falta de oportunidades, y riesgo para sus vidas. “Y como tal deben ser tratados”, acotó la legisladora de MORENA. “Ellos representan un éxodo que debe tener todo el apoyo humanitario, porque son la consecuencia trágica de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en la región, como fue el golpe de estado que se dio en Honduras en 2009”, recordó la legisladora. México ha firmado los distintos acuerdos internacionales en materia de derechos humanitarios de asilo y refugio, mediante los cuales “las autoridades federales y locales están obligadas a salvaguardar su estancia o tránsito por nuestro país”. Además señaló que tales emigrados: “Vienen huyendo de sus países de origen debido a situaciones de miseria y de una violencia extrema, tanto de pandillas y células de la delincuencia organizada como de parte de sus mismos gobiernos; y eso está ocurriendo en Honduras, El Salvador, y Nicaragua, principalmente”. “Estamos atentos al arribo de los hermanos migrantes, recolectando apoyo, y vigilando que se les tenga un respeto irrestricto a sus derechos humanos; nuestro mayor interés es que se dé una atención especial a niños, mujeres embarazadas, y personas de la tercera edad”, especificó. “Exigimos –continuó– se mantenga el interés superior de los grupos vulnerables que viajan en este éxodo humanitario, y rechazamos cualquier acto de agresión o violencia ejercido por las fuerzas de seguridad o las autoridades migratorias que atenta contra la integridad de estas personas”. Consideró también que la respuesta del Estado Mexicano debe darse con autonomía de las presiones ejercidas por el presidente Donald Trump, ya que “la entrada a otro país sin documentos no es un delito”. Agregó: “Nos oponemos a cualquier actitud racista en contra de nuestras hermanas y hermanos centroamericanos; nos solidarizamos e invitamos a la población a hacerlo también”.