El diputado Cándido Ochoa Rojas presentó una iniciativa para obligar al acreedor o acreedores alimentarios, a rendir cuentas de la aplicación del dinero entregado por el deudor, por concepto de alimentos, cuando así lo solicite el deudor, con lo que se reformaría el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. El diputado dijo que la legislación local debe incluir mecanismos y/o herramientas jurídicas que permitan tener un control en el gasto de las pensiones alimenticias para niños y niñas en San Luis Potosí. Además, señaló la necesidad de garantizar “la correcta aplicación proporcionada por el deudor alimentario en favor del acreedor alimentario y, con ello, lograr el pleno y adecuado acceso al derecho de alimentos”, relacionados con el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral. Ochoa Rojas expuso que esta reforma generará que la madre o el padre de los menores que lleve a cabo la administración de las cantidades asignadas a sus hijos a título de pensión alimenticia, “rinda cuentas” acerca del dinero otorgado por el deudor por concepto de pensión alimenticia.