Especialistas y agrupaciones en asuntos de justicia advirtieron riesgos que pueden obstaculizar la consolidación del sistema penal acusatorio en México como los intentos de contrarreforma, el rezago e incluso la corrupción. Para Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos es imperativo que se eliminen prejuicios sobre el sistema de justicia y que se fortalezca el estado de Derecho ampliando garantías y no reduciéndolas.

IMPUNIDAD.

El estudio “Hallazgos 2018”, elaborado por México Evalúa detectó que en el ámbito estatal el promedio nacional de impunidad directa, es decir, de aquellos casos que conocen las autoridades, es de 96.11 por ciento, mientras que en el ámbito federal es de 94.6 por ciento. Incluso se detalló que deberá atenderse la impunidad “disfrazada” o “institucionalizada”, es decir, aquellas determinaciones ministeriales que, privilegiando la eficiencia, pueden dar por concluido un asunto, pero que no necesariamente resuelven el fondo. El documento expone que, cuando el propósito del sistema de justicia no es cumplido, surge la impunidad, que se traduce en “el principal indicador del fracaso de la justicia” pues, la finalidad del sistema de justicia penal en un Estado democrático de derecho es proveer respuestas satisfactorias a los conflictos derivados de la comisión de un delito.

-- EXCÉLSIOR / JUAN PABLO REYES

FOTO: @MEXEVALUA