SANTIAGO. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia, en medio de la crisis social que afecta al país. El proyecto de ley habilita a las Fuerzas Armadas "colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial, cuyo funcionamiento eficaz es vital para la seguridad y calidad de vida de todos los chilenos", dijo Piñera a la prensa tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros (Policía). La iniciativa permite asignar a militares esas tareas, sin necesidad de decretar estados de emergencia constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos, agregó el mandatario. Durante el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre, Piñera decretó estado de emergencia por nueves días, medida que otorga a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública, ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que se produjeron. La Constitución chilena establece que las Fuerzas Armadas están dedicadas exclusivamente a la defensa nacional, y no tienen competencia en el orden público ni en la seguridad interna del país, a cargo de la policía. ABUSOS A CIVILES La crisis social en Chile se ha extendido ya por cinco semanas, en las que han muerto 23 personas, más de 2 mil resultaron heridas y una cifra mayor a 200 sufrieron graves lesiones por disparos de perdigones de la policía. La fuerza ha quedado en la mira por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. Esta colaboración (de los militares) permitirá liberar a un significativo número de Carabineros para que vigilen y patrullen nuestras calles, plazas y lugares públicos, protegiendo el Orden Público y la Seguridad de nuestros ciudadanos", aseveró Piñera. Organismos humanitarios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han coincidido en que durante la crisis actual han existido violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de agentes de seguridad del Estado. -- EXCÉLSIOR /  AFP

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