En medio de acusaciones de uso faccioso de la PGR, el candidato presidencial José Antonio Meade reconoció la necesidad de cortar el "cordón umbilical" entre el Presidente y el Ministerio Público, para mejorar el combate a la corrupción. "Lo que México necesita es un Presidente que reconozca que el Ministerio Publicó está por encima de él, que el Ministerio Público lo debe llamar a cuentas, y que el Presidente en consecuencia está sometido a su imperio", expuso. "No el Ministerio Público al imperio del Presidente, necesitamos cortarle el cordón umbilical al Ejecutivo del Ministerio Público, y necesitamos un Presiente que esté dispuesto a reconocer, de entrada, que se va sujetar a su arbitrio". Durante su participación en la 81 Convención Bancaria, el candidato del PRI-PVEM-Panal afirmó que el Presidente también debe entender que está sujeto a la competencia del Ministerio Público, para que él mismo pueda ser llamado a cuentas. Sin mencionar al abanderado presidencial de "Por México al Frente", Ricardo Anaya, el ex Secretario de Hacienda criticó que un candidato anuncie que va meter a la cárcel a "fulano o sutano". "Eso es lo que está al centro del debate (autonomía de los ministerios públicos), si nosotros escuchamos que un candidato que dice 'yo voy a meter a fulano o a sutano a la cárcel' no entiende de Estado de Derecho", señaló. El pasado 5 de marzo, Anaya lanzó un "basta de intocables" y sostuvo que si el Presidente Enrique Peña Nieto incurrió en casos de corrupción, eventualmente podría ir a parar a la cárcel. Tras reiterar la urgencia de contar con ministerios públicos autónomos, Meade calificó como una vergüenza que por rencillas políticas se hubiera "dinamitado" el Sistema Nacional Anticorrupción. "No basta la voluntad política, hay que hacernos cargo de que tenemos que cambiar también nuestro marco institucional", abundó Meade ante banqueros. El candidato además planteó una nueva política de armas para reducir la violencia en el País; aumentar el número de policías y dignificar su labor; y homologar la tipificación de los delitos.