La comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) en Brasil promete resistir a los retrocesos que temen en derechos sociales con el Gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro. El movimiento ha presionado estos días a los jueces del Tribunal Supremo Federal para que den un paso histórico y conviertan en delito la homofobia. Por el momento, el diputado Jean Wyllys, conocido activista gay, dejó el país tras sufrir repetidas amenazas de muerte. "Continuaremos en las trincheras, en la lucha, no vamos a desistir de la sociedad brasileña; el desmonte será muy grande, pero quiero pensar que los brasileños no están a favor de la violencia contra la población LGBT", comentó a REFORMA la presidenta de la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transexuales (ABGLT), Simmy Larrat. La máxima institución judicial del país decide estos días si toma medidas para criminalizar la homofobia y la transfobia, ante la omisión del Congreso Nacional, que es quien debería haber legislado sobre el tema. La ABGLT y el Partido Popular Socialista (PPS) pidieron al Supremo que actúe para proteger a este colectivo, mientras que partidos conservadores y grupos vinculados a las iglesias evangélicas rechazan que la homofobia sea delito porque creen sería una agresión a la libertad de expresión y de culto. Los pastores más fundamentalistas predican abiertamente contra las relaciones homosexuales y hasta prometen la "cura gay". En Latinoamérica hay 11 países con legislación específica para la comunidad LGTB y cinco de ellos además definen de una forma u otra la homofobia como un delito; Brasil, en cambio, no tiene legislación sobre el tema (la unión entre personas del mismo sexo, por ejemplo, está en vigor desde 2011, pero se debe a una decisión judicial). Larrat explicó que los avances en dicha materia en este país fueron escasos incluso durante los gobiernos progresistas de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) debido al Congreso Nacional, cuyo conservadurismo ha ido a más en los últimos años, frenando todo tipo de iniciativas. "Hay una bancada de oportunistas religiosos que se instaló en el Congreso... es una verdadera industria de iglesias que no pagan impuestos, que tienen inversiones internacionales, medios de comunicación... un aparato económico que los movimientos sociales no tienen", lamentó la activista. Larrat añadió que esos diputados religiosos se unieron a "lo peor" que hay en el Parlamento: la bancada de la bala (diputados con intereses en la industria de las armas), latifundistas, el lobby de la minería, grandes empresarios, y que se ayudan mutuamente para aprobar o frenar proyectos de ley de su interés. Ante la negativa del Congreso brasileño para aprobar leyes que protejan al colectivo LGTB, el Magistrado Celso de Mello propuso en febrero que la homofobia sea considerada una especie de "racismo social" para que pueda encuadrarse en la Ley de Racismo, que data de 1989 y que prevé penas de 1 a 5 años de cárcel. La mayoría de activistas LGTB brasileños coinciden en que la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro, con una trayectoria marcada por declaraciones homófobas, hará aún más difícil el avance en la conquista de derechos y que incluso aumentará la violencia contra las minorías sexuales al legitimarla de forma indirecta. "Tenemos mucho miedo porque ahora la narrativa de odio y de persecución a los LGTBs está sentada en la silla de la presidencia de la República, y esa violencia aumentará aún más. Ante la ausencia de debate en el poder legislativo y con la persecución instalada en el Ejecutivo tenemos que recurrir al Supremo para que aporte un poco de luz", resumió la presidenta de la ABGLT. El ejemplo más paradigmático de esa violencia creciente es el del diputado Jean Wyllys, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Wyllys, único congresista abiertamente gay, renunció a su tercer mandato consecutivo y dejó Brasil rumbo a Europa hace un mes tras recibir constantes amenazas de muerte. El ex funcionario no reveló en qué país se instalará a partir de ahora por seguridad al hacer pública su decisión y comentó que los consejos del ex Presidente uruguayo José Mujica de alguna forma pesaron en su decisión. "Cuando Mujica supo que estaba amenazado de muerte me dijo: 'chico, cuídate, los mártires no son héroes'. Es eso, yo no quiero sacrificarme", dijo en una de las escasas entrevistas concedidas desde entonces. La situación de los defensores de los Derechos Humanos es especialmente crítica en Brasil, sobre todo después del asesinato de la concejala del ayuntamiento de Río Marielle Franco, en marzo del año pasado. Compañera de partido de Wyllys y lesbiana, esta activista fue asesinada de varios tiros en la cabeza en un crimen político aún pendiente de resolución. Brasil es el país que más mata personas LGTB del mundo: según un informe del Grupo Gay de Bahía, entidad que recopila datos sobre asesinatos de este colectivo desde hace 39 años, en 2017 hubo 445 homicidios motivados por homofobia o transfobia, un 30 por ciento más que en el año anterior. -- Reforma