CIUDAD DE MÉXICO. Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, desestimó la nueva indagatoria sobre el caso Iguala al afirmar que no hay elementos para implicar a policías ministeriales y estatales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que, de acuerdo a la investigación que realizó, los agentes municipales de Iguala y Cocula privaron de la libertad a los estudiantes, en colaboración con Guerreros Unidos. “El MP no puede actuar en razón de sospechas o consensos sociales, sino en razón de evidencias. Hoy no conocemos esos elementos de prueba y, por lo mismo, descarto cualquier hipótesis distinta a la planteada”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Destacó que ninguno de los detenidos por la Fiscalía estatal durante su cargo ha sido liberado, como ha ocurrido con otros implicados. Explicó que esto se debe a que la dependencia sustentó sus acusaciones: los imputados dieron positivo en la prueba de radizonato. También se comprobó que sus armas de cargo fueron accionadas aquella noche y se recolectaron casquillos de esas armas en distintos lugares de los hechos. Para Blanco, algunos de los normalistas terminaron en el basurero de Cocula, como concluyó la indagatoria de la entonces PGR. El exfiscal de Guerrero implica sólo a policías municipales en desaparición

Insiste en que algunos de los normalistas terminaron en el basurero de Cocula. Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, reiteró su convicción de que quienes participaron como autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “son elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, que fueron ellos quienes privaron de la libertad a los estudiantes y que actuaron en colaboración con Guerreros Unidos, que es donde reside la autoría intelectual”. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el exfiscal descartó que un grupo de policías ministeriales y estatales participaran en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. Consideró que exfuncionarios de Guerrero, involucrados en la investigación, tendrán que ampliar su declaración por la inconformidad de las víctimas con las pesquisas; Blanco habló de la reunión con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, a la que asistieron padres de las víctimas. Al responder a quienes descalifican la verdad histórica, el exfiscal argumenta que “el Ministerio Público no puede actuar en razón de sospechas o consensos sociales, sino en razón de evidencias o pruebas que sustenten una determinada postura”. En contraste con la postura de los padres, dice que no conoce más elementos de prueba y, por lo mismo, “descarto yo cualquier otra hipótesis distinta a la planteada”. Basurero de Cocula Ante la búsqueda del paradero de los 42 estudiantes aún no identificados, el exfuncionario de Guerrero consideró que, por las pruebas hasta hoy presentadas, sí se puede pensar que algunos de los cuerpos de los normalistas terminaron en el basurero de Cocula. Hasta hoy, el único cuerpo del normalista desaparecido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 plenamente identificado es el de Alexander Mora Venancio. Todos siguen presos Blanco Cabrera enfatizó que, como antes ha declarado, ninguno de los detenidos por la Fiscalía a su cargo, es decir antes de la atracción del caso que hizo la PGR (hoy FGR), ha sido puesto en libertad. “En todos los casos hubo una confesión calificada dirigible, esto es, los policías municipales se ubicaron en modo, tiempo y lugar; las detenciones fueron efectuadas en flagrancia; estas personas, todas ellas, dieron positivo en la prueba de radizonato, esto quiere decir que accionaron armas de fuego aquella noche. “De igual manera, practicamos la prueba de Lunge a las armas de cargo y arrojó otro resultado positivo. Adicionalmente pudimos establecer correspondencia entre elementos balísticos recolectados en distintos lugares de los hechos y las armas de cargo de estos policías. Pero lo más importantes es que a todas estas personas los normalistas los identificaron como sus agresores. También en entrevista con Pascal Beltrán del Río, José Trinidad Larrieta, titular de la oficina de la CNDH para el caso, advirtió que “esta serie de liberaciones ponen en evidencia la gran debilidad de las instituciones de procuración de justicia”. El fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, aseguró que cada una de las más de 70 liberaciones ha sido impugnada ante las instancias judiciales, al considerarse que los elementos de prueba no fueron valorados para probar la culpabilidad de los involucrados. -- EXCÉLSIOR

Con información de Isabel González

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