La protesta social se ha convertido en uno de los principales frentes del Gobierno de Iván Duque. Tras meses de huelgas estudiantiles, hace tres semanas comenzó una oleada de movilizaciones indígenas que ha derivado en una preocupante crisis en el departamento del Cauca, donde los cortes de la carretera Panamericana han aislado el suroeste del resto del país. Los nativos demandan un incremento de la inversión contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del período presidencial. Una cantidad que actualmente supera los 3 mil millones de dólares y que las comunidades consideran insuficiente. Las movilizaciones ya han dejado varios muertos -al menos ocho personas fallecieron manipulando explosivos, según el Ministro de Defensa, y un manifestante murió al recibir disparos- y decenas de heridos en los enfrentamientos con la Fuerza Pública y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Esta modalidad de protesta no es nueva. Se denomina "minga", que en lengua quechua es una tradición de trabajo agrícola colectivo, y tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos tuvieron que acceder a negociar con sus representantes. Tanto es así que, según los portavoces del movimiento, hay más de mil compromisos de diversa índole que se quedaron por el camino. El Consejo Regional Indígena del Cauca, territorio en el que viven cerca de 200 mil nativos,rechaza las acusaciones del Ejecutivo y de la Fiscalía, que sostienen que se infiltraron en sus filas guerrilleros de grupos disidentes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). "La comunidad no permite la entrada a ningún actor armado", aseguró la organización. Duque ha declinado, por el momento, reunirse con los representantes indígenas. Quiere evitar crear un precedente y primero, sostiene, deben acabar los cortes de la Panamericana que impiden el abastecimiento de la región y dificultan el acceso al puerto de Buenaventura, el principal del país y uno de los más importantes de la costa del Pacífico. Ante la gravedad de la crisis, Naciones Unidas pidió el jueves que se mantengan los canales de diálogo y mostró su preocupación por los episodios de violencia. La oficina colombiana de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordaron a las partes que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. "El diálogo es fundamental para la atención a las demandas sociales y es la única salida", defendieron las organizaciones. Denuncia ACNUR cierre de frontera GINEBRA.- El cierre oficial de los pasos fronterizos con Colombia por parte del Gobierno de Venezuela no está frenando el éxodo de venezolanos, con miles de ellos saliendo cada día del país, pero lo hace más peligroso, destacó ayer un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). "La gente desesperada por cruzar encuentra la forma de hacerlo, y desafortunadamente es a menudo presa de redes de traficantes, contrabandistas o grupos armados", indicó Andrej Mahecic, vocero del organismo, en rueda de prensa. Agregó que muchos de estos migrantes irregulares se ven atrapados en fuertes deudas con quienes les ayudan a cruzar ilegalmente la frontera y son particularmente vulnerables a diversas formas de explotación, abusos sexuales y discriminación. -- Reforma