En SLP, 58.7% de las víctimas del delito manifestó que destinó hasta dos horas para realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades, esto según datos del INEGI en el marco del Día Nacional del Ministerio Público este 22 de octubre. Con relación al rango salarial que percibían los agentes o fiscales de los ministerios públicos, en San Luis Potosí el 100% gana entre 20 mil y 30 mil pesos. El análisis revela que los estados donde agentes y fiscales recibían mayores remuneraciones fueron Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro, pues en estas entidades todos los agentes o fiscales del ministerio público percibían ingresos mensuales superiores a 30 mil pesos. En cuanto a la carga de trabajo de agentes y fiscales del Ministerio Público, se señala que cada uno trabaja con 116 carpetas de investigación.  La razón más alta se observó en Jalisco, donde la carga de trabajo por cada agente o fiscal fue de 770 carpetas de investigación durante 2016, seguido de Sonora con 745, y Baja California con 532. San Luis Potosí cuenta con 3.8 agencias de MP por cada 100 mil habitantes, estando arriba de la media nacional de 3.3 agencias y ocupando el 13° lugar a nivel nacional. El reporte señala que en el 2016, 23 entidades tenían menos de cinco agencias del ministerio público para atender a cien mil habitantes, incluido San Luis Potosí. En cambio, los estados de Baja California Sur, Chiapas y Zacatecas tenían más de 10 agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes. La tasa de agentes y fiscales por cada cien mil habitantes en SLP ocupa el 21° lugar a nivel nacional con 8.4, cifra igual a la media nacional, el 54.5% son hombres y 45.5% son mujeres, a nivel nacional 20 entidades federativas cuentan con más de la mitad de mujeres agentes ministeriales, destacando Querétaro al tener la de mayor proporción de mujeres agentes con un 68.3%. Además 20 entidades superaron la tasa estatal conjunta de 8.4 agentes y fiscales estatales, siendo Chihuahua y Baja California Sur las de mayor tasa con 24.8 y 16.5 para atender las denuncias o querellas de cada cien mil habitantes, respectivamente.