La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentará este martes su propuesta de la Ley de Austeridad Republicana, con la que busca la reducción de los gastos excesivos en todos los órdenes de Gobierno. El objetivo es generar ahorros en el gasto público para que haya más dinero disponible en el Presupuesto de Egresos Federal. Con esta propuesta se prohíben legalmente las pensiones a los ex Presidentes de la República, así como los seguros de vida y de gastos médicos para servidores públicos. "Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciativamente, seguro particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraran normales entre los políticos y gobernantes. "Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico, pueblo pobre, que la situación económica que viven las familias en nuestro país vuelve necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia", se lee en la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria. En la propuesta se agrega que la función pública debe descansar sobre los cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, que someta los Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a adoptar principios estrictos de austeridad. En el primer artículo se establece que la ley tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de los que dispone la Nación conforme a lo que se establece en el Artículo 134 de la Constitución. La ley será aplicable, se afirma, a todas las dependencias entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Los organismos públicos a los que la Constitución otorga autonomía también coadyuvarán en su ámbito de competencia al cumplimiento de los objetivos de esta ley, cita la propuesta. "Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente ley serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del presupuesto de egresos de la federación y demás leyes aplicables". En la iniciativa se prevé que las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones de los artículos 75 y 127 de la Constitución y de su ley reglamentaria, y se precisa que serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la responsabilidad que estos entrañen. De acuerdo con la propuesta todos los servidores públicos de la Federación recibirán los beneficios del sistema público de Seguridad Social correspondiente. "Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión así como la contratación de Seguros privados de gastos médicos de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales para beneficio de cualquier servidor público con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo. "También quedan prohibidas las pensiones de retiro a titulares del ejecutivo Federal salvo por lo que toca a la correspondiente del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado". La iniciativa de los diputados de Morena también establece que durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos ni se aumentarán sus rotaciones. La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados. "Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer con cargo al erario de servicios de escolta", se expone. "En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos y el establecimiento de plazas para funciones de escolta. El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos". La propuesta, firmada por el coordinador, Mario Delgado, y el diputado Jorge Luis Montes, destaca que los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los órganos de autonomía constitucional, emitirán las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley de sólo 13 artículos. La Ley de Austeridad Republicana tendrá que ser aprobada antes de que se presente una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. -- Reforma