CIUDAD DE MÉXICO. Una vez que haya concluido en México la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 “serán más evidentes las consecuencias económicas —desempleo, recesión, tipo de cambio— y surgirán los costos políticos para diversos actores e instituciones”, proyecta Integralia Consultores. En el ramo económico, prevé que a medida que se agrave la crisis económica, la conflictividad social aumentará. De acuerdo con el estudio, la contingencia sanitaria y la falta de políticas contracíclicas derivarán en una caída drástica de la actividad económica. “Las capacidades de respuesta gubernamental serán puestas a prueba, en muchos casos, superadas por la contingencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la salubridad pública”. Ambas circunstancias, sigue el estudio de Integralia, derivarán en un aumento de la conflictividad y polarización social, que se traducirá en un mayor número de protestas, actos de vandalismo y saqueos. Se profundizará la división de la sociedad en dos polos, como resultado no sólo de la crisis misma, sino de las declaraciones que hagan actores relevantes, incluido el Presidente de la República. El reporte especial de Integralia, titulado COVID-19. Implicaciones políticas y sociales de la pandemia en México, establece que la propagación del coronavirus y el desplome en los precios del petróleo serán un severo golpe para una economía mexicana que ya estaba vulnerable, luego de un año de estancamiento. El rango de la contracción para 2020 varía entre -2% y -7% y existe un elevado nivel de incertidumbre respecto a la velocidad de la recuperación. Según Integralia, “la recesión de 2020 será severa, probablemente más corta en duración que la de 2008 —la demanda agregada cayó cinco trimestres consecutivos—, pero todo apunta a que más profunda y con un rebote más tenue”. La consultora, fundada por Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), señala que “para sortear la crítica situación de la economía se requerirían decisiones para mitigar la caída de la actividad económica y, luego, para alentar una rápida recuperación. El principal obstáculo es político: la mayor parte de las medidas que se requieren chocan con la visión política del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”. En el punto de seguridad, Integralia prevé que la crisis del coronavirus supone desafíos de demanda y oferta para el crimen organizado. Por un lado, el cierre de restaurantes, bares y discotecas en Estados Unidos y Europa reducirá la demanda de narcóticos. Además, el reforzamiento de los controles sanitarios en la frontera entre Estados Unidos y México hará más difícil el trasiego de drogas. Sobre la certeza jurídica de las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias, Integralia señala que si bien éstas se han dado dentro del marco jurídico, “en algunos aspectos carecen de certeza y terminan por responsabilizar —quizá excesivamente— al sector privado. La declaratoria de “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor” no es lo suficientemente clara en cuanto a lo que supondrá en materia laboral (específicamente respecto al pago de salarios), lo cual ha generado ya críticas y cuestionamientos”. Costos

Entre las consecuencias políticas de la contingencia que proyecta Integralia destacan las siguientes: Debilitamiento de la sostenibilidad fiscal del proyecto político de la actual administración.

Reducción de la credibilidad del proyecto transformador.

Distanciamiento y eventual rompimiento de las relaciones del sector empresarial y el gobierno.

Merma del partido en el poder, según la región del país y grupo poblacional.

-- ANDRÉS BECERRIL / EXCÉLSIOR