Editorial EL UNIVERSAL / La renuncia de Evo Morales

Las últimas semanas América Latina ha estado marcada por violentas protestas en distintos países. En algunas naciones como Chile y Ecuador el origen de la ebullición social se dio por cuestiones económicas. En Bolivia, en cambio, las manifestaciones se detonaron como resultado de un proceso electoral cuyo resultado fue blanco de numerosos cuestionamientos.  La situación política llevó ayer a la dimisión del presidente Evo Morales, luego de haber permanecido casi 14 años en el poder. La Constitución boliviana permite reelegirse una vez, pero el ahora expresidente iba en busca de su cuarto mandato. Para presentarse a una cuarta elección, Evo realizó un referéndum en 2016 que preguntaba a los bolivianos sobre la pertinencia de modificar la Constitución con el fin de que el presidente participara por cuarta ocasión en unas elecciones.  Antes del referéndum, el mandatario afirmaba que estaba preparado para una eventual derrota en el ejercicio y que se iría feliz a retomar su vida en el campo. El resultado no le fue favorable, y a pesar de ello no cumplió con lo que había expresado. Interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a que consideró que se atentaba contra sus derechos políticos. El Tribunal le dio la razón y el pasado 20 de octubre se presentó como candidato presidencial para un nuevo periodo. El día de la elección los resultados preliminares que fueron fluyendo apuntaban a que habría segunda vuelta por lo cerrado de la votación. En ese momento, sin explicaciones, se suspendió el conteo y solo se reanudó 24 horas más tarde, aunque las cifras mostraban ahora una mayor diferencia de votos, con lo cual se anulaba la posibilidad de segunda vuelta y Evo se convertía en el triunfador de los comicios.  El resultado desató acusaciones de fraude y encendió protestas de la oposición, huelgas y bloqueos de carreteras. Un informe de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral encontró diversas irregularidades. Bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia mejoró sus indicadores económicos y sociales. Sin embargo, nada debe permitir que la clase política haga a un lado los valores democráticos y olvide que hay leyes que deben cumplirse. La situación que vivió Bolivia debe servir para recordar la importancia de respetar el voto popular, porque cuando se pasa por encima de la ley se arriesga lo más preciado que puede tener cualquier nación: la paz social.

OPINIÓN / El nuevo temperamento de la República

El desmantelamiento del éxodo de caravanas migrantes centroamericanas, como los eventos recientes Ovidio / Culiacán - Lebaron / Sonora, muestran la politización y polarización de la opinión pública en torno a la decisiones presidenciales de tres potenciales contrapesos centrales a la Presidencia de AMLO: el gobierno de Washington, el crimen organizado y el narcotráfico y el reclamo del regreso al paradigma de la guerra contra el narcotráfico como salida a la crisis de seguridad.  En los tres episodios la constante es la necesidad presidencial de decidir frente a lo inesperado: evitar que se escale a una confrontación con la presidencia de Trump pagando el precio de la contención del éxodo migrante, sortear una derrota más trágica del Estado en territorio narco sinaloense y las lecciones de una narco criminalidad presta a demostrar que necesita para su dominación de un mayor pánico social / gubernamental.  ¿Es posible alcanzar equilibrios ante dilemas que imponen circunstancias imprevistas? ¿La visión más elevada que se pretende alcanzar acaso debe ceder ante las prioridades que imponen las contingencias? ¿Estaba dotado el Estado y formada la Guardia Nacional de capacidad de respuesta para enfrentar los tres acontecimientos inesperados? El denominador común para enfrentar estos eventos críticos ha sido -salvo en el caso de Culiacán-, responsabilizar al canciller Marcelo Ebrard de poderes de emergencia gubernamental para despejar la crisis. En el caso de Culiacán, el Presidente decidió que él y su gabinete de seguridad darían la cara, además de que en los tres eventos, las circunstancias sorpresa, se tiende a adaptar a la cosmovisión ideológico doctrinal del Presidente y la versión de sus funcionarios clave: las causas de la expulsión migratoria, las raíces socioeconómicas de la pobreza y la violencia, la confusión de la violencia narca.  La presión del gobierno de Trump ha disminuido respecto a la política de contención migratoria y se apresta a capitalizar política y electoralmente la tragedia de la familia Lebaron y la crisis del Estado mexicano en seguridad. La herida abierta del episodio Sinaloa en el orgullo del Ejército mexicano (que en algunas esferas castrenses decidió romper sus códigos de silencio), ha sido sorteada por el Presidente AMLO con un artificio eficaz: “no hay posibilidades de un golpe de Estado” contra su Presidencia. Sobre todo los episodios Culiacán/Sonora/Chihuahua, contraen pésimas jugadas de la fortuna contra el gobierno de AMLO, han modificado abruptamente la agenda del Presidente y su sistema de interlocución con la prensa, la disposición de la Presidencia de Trump respecto a la estrategia anti narco y las víctimas de tragedias ominosas a manos del crimen. Sus efectos nocivos a corto plazo [las familias Lebarón y Langford acusan complicidad narco gubernamental estrecha, Trump nos ofrece su Ejército y la Guardia Nacional despliega una presencia importante como epicentro de inhibición de presencia migrante centroamericana en nuestro país] ¿podrán estos eventos límite de la fortuna ser superados por la gran estrategia de conciliación, pacificación y no guerra del Presidente López Obrador?  El Presidente ha reaccionado ante los eventos inesperados como si fuera una ofensiva de sus adversarios del sistema político para mantenerlo fuera de balance. Desecha métodos conocidos y convencionales en su toma de decisiones (¿deberían Gobernación o la Fiscalía General de la República haber asumido mayor responsabilidad o haberse removido funcionarios de alto nivel en su gabinete de seguridad?). Parece enfrentar la incertidumbre de los eventos inesperados con la intuición del político profesional que tiene su mirada puesta en los oponentes que le han rodeado durante su trayectoria política; aparenta distraer la opinión pública mientras da confianza a su equipo gubernamental ante las nuevas adversidades.  Los tres eventos subrayan una vinculación estrecha del sistema político con el estadounidense: la política inmigratoria como crisis social global / humanitaria y como fuente de capital electoral; el episodio Culiacán que crea entre el Presidente y su cuerpo militar una hendidura de división y desencanto, mientras el Presidente busca alternativas tácticas para construir vasos comunicantes de su estrategia de pacificación con los cárteles y, en el caso de la tragedia de las familias mexicanas estadounidenses Lebaron, el método gubernamental mostró sus límites institucionales y territoriales. A su vez, se abre paso una nueva lógica comunicacional entre las organizaciones narco criminales para mantenerse en el negocio de la guerra: están eligiendo al azar familias -principalmente mujeres, niñas, niños y adultos mayores-, y sobre ellas, descargan la sevicia narco criminal más atroz. El desfile medial de imágenes trágicas de víctimas inocentes e indefensas devoradas en sus cuerpos, bienes y dignidad por la voluntad criminal, es la propaganda más eficaz de esta lógica pánica. Son hechos que están haciendo girar intempestivamente el control presidencial de la agenda pública pero sobre todo, en su capacidad de adaptación para conducir las emociones y las pasiones colectivas. La abrupta presión a México para resolver en territorio mexicano el problema de la violencia y los flujos migratorios centroamericanos, así como la violencia social y narco criminal crecientes, están incubando un nuevo nuevo temperamento en la República, que presiona los tiempos, los métodos y los resultados de la estrategia de paz presidencial: mientras el pánico social teje nuevos dominios y los gobernantes de los tres niveles se muestran pasmados, las imágenes dominantes envían el mensaje de que nadie puede ni debe interceder en la administración del caos narco criminal.  Es realista el presidente AMLO al señalar que no hay condiciones favorables en el país para un golpe de Estado como el que históricamente anuló el régimen, el proyecto y la vida del presidente Francisco I Madero, logrando con ello evidenciar la fuerza política de su firmeza ante la estrategia de seguridad que encabeza frente a los acontecimientos, frente a los brotes de disidencia en el Ejército mexicano y sobre todo, envía un mensaje sobre su posición de preservar la soberanía mexicana frente a la vocación intervencionista de Estados Unidos de América. Recordemos que una parte del éxito electoral arrasador que volcó el apoyo electoral en la elección de 2018 a favor de la presidencia de AMLO es la ira social, emoción soberana que reprobó y castigó la corrupción de las élites.  Guardadas las distancias, este nuevo temperamento pánico que empieza a emerger por la violencia, las muestras de desgobierno local y la preeminencia de la narco criminalidad, esparce nuevos temores sociales en la vida de la República, pudiendo convertir en el mediano plazo la ira de las víctimas y sus familiares / la ira social ante la cada vez más acendrada violencia, en una nueva emoción soberana en la que la indignación sea más fuerte que el miedo / pánico, por lo que ahí reside parte del nuevo reto y evitar que se produzca una desconfianza social en las decisiones presidenciales sobre la eficacia de la política de seguridad y pacificación: mientras se despliega la formación de un nuevo régimen político y un modelo social que atienda las inequidades socioeconómicas históricas que han prevalecido, hay que parar “el derrame de sangre en las salas de urgencias” (como señala en sus estudios Thomas Abt) y en comunidades más acosadas por la experiencia de la desolación, la extorsión y la muerte. Difícil encontrar una mejor expresión que la de Maurice Merleau Ponty en 1949: “no siendo hecho puro, ni derecho absoluto, el poder no obliga, ni persuade: delimita -y delimita mejor-, apelando a la libertad que aterrorizando.” [Merleau, Ponty (1964). “Notas sobre Maquiavelo”. Signos, Seix Barral, Barcelona]. @pedroisnardo

[email protected] Frentes Políticos 1.  Sencillo y claro. Así fue el primer informe del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. En un histórico formato donde escuchó y debatió con los líderes de las fracciones parlamentarias, rindió cuentas ante el pleno de la Cámara de Diputados. Advirtió que “nunca más Tabasco será el reino de la corrupción” y ratificó el compromiso de ser “un guardián de la Constitución y protector de la libertad de expresión. Este es un gobierno que no espía a nadie y no persigue a nadie”, puntualizó. El coordinador parlamentario, Gerald Washington Herrera, denunció que en el Congreso del estado, bajo dominio de Morena, “hay una tiranía donde se congelan las iniciativas de la oposición”. Casi bien. Ese informe no debería de ser sólo ante los legisladores, sino también ante la ciudadanía, así como cuando invitaban a reuniones en plena campaña. 2. Lección continental. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el actuar responsable de Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia. Adelantó que este lunes ampliará su punto de vista sobre la situación. Escribió que Evo Morales prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. Este es un ejemplo de cómo la ambición por perpetuarse es una bomba de tiempo. Es justo decir que en Bolivia el ejército también se puso del lado de la gente. Por lo pronto, Marcelo Ebrard, el canciller, aseguró que, hasta el momento, 20 personas del Ejecutivo y Legislativo boliviano ya obtuvieron el beneficio del asilo político y ofreció a Evo Morales refugiarse en México. Esto va más allá de cortesías y afinidades. Intentar una reelección no es lo de hoy, para quienes ven fantasmas. 3. Fragilidad inconveniente. La Cámara de Diputados se ha vuelto más vulnerable a posponer o detener sus actividades por causa de manifestaciones de grupos sociales porque, incluso, hasta dos personas son suficientes para presionar a los legisladores a emitir, desistir o modificar una ley. Durante la madrugada del 3 de septiembre, a tres días de iniciar el presente periodo ordinario de sesiones, dos personas cerraron la Puerta de Visitantes de San Lázaro. Bloquearon algunos accesos durante un par de horas para exigir la liberación del presupuesto anual a las instituciones educativas. Hasta hoy, los bloqueos completos y parciales suman 12. Todos los días las actividades legislativas son susceptibles de colapso. ¿Qué propone la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, para darle la vuelta a esta historia? 4. De armas tomar. Los morenistas no ocultan sus genes perredistas y la confrontación como parte de su ADN. Pelean por todo. Mientras el CEN de Morena lanzó una convocatoria para el 17 de noviembre a fin de realizar un Congreso Nacional para modificar sus estatutos e incluir encuestas como método de elección de dirigencia nacional, el Consejo Nacional propuso otras fechas y objetivos. El Consejo, encabezado por Bertha Luján, propuso el domingo 24 de noviembre, pero para elegir una dirección interina, al interpretar que Yeidckol Polevnsky debe dejar el cargo el 20 de noviembre. Polevnsky, previamente, dijo que los actuales dirigentes deben permanecer en sus cargos indefinidamente hasta que el padrón esté listo para realizar elecciones. Nomás eso de ponerse de acuerdo no se les da. Son las raíces. 5. Regios en duelo. Una vez más el crimen deja su estela de luto y dolor en Nuevo León, donde el gobernador, Jaime Rodríguez, simplemente no está a la altura. A través de un comunicado, el Tec de Monterrey lamentó la muerte de dos estudiantes que se encontraban desaparecidos y fueron localizados muertos. “El Tecnológico de Monterrey y la Universidad Tecmilenio lamentamos y nos encontramos consternados por el fallecimiento de nuestros alumnos”, indicó el escrito. Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche y Saúl Alejandro Sandoval Trejo fueron encontrados muertos el fin de semana, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La verdad, se esperaba mucho más de ese hombre al que apodan El Bronco. Bitácora del director / La OEA, contrapeso en Bolivia, Venezuela y ¿México?

Luego de tres semanas de manifestaciones contra los resultados del proceso electoral en Bolivia, el presidente Evo Morales aceptó la principal demanda de la oposición: realizar nuevos comicios. Desde el 20 de octubre, el país sudamericano había sido escenario de movilizaciones multitudinarias, a las que este fin de semana se sumaron policías, así como paros en la actividad económica que estaba dejando cuantiosas pérdidas. El anuncio de Morales vino horas después de que la Organización de Estados Americanos, a través de su Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, juzgó “improbable estadísticamente” que el Presidente, que buscaba un cuarto mandato, haya obtenido el 10% de diferencia sobre el segundo lugar para evitar la segunda ronda. Dice el informe: “Se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección (…) No puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. Eso fue justamente lo que aceptó Morales –nuevos comicios, con nuevas autoridades electorales–, cuando todavía horas antes hablaba de que se gestaba un golpe de Estado en su contra. El desenlace en Bolivia representa un gran logro de la OEA, que se ha consolidado como un guardián de los principios democráticos en el continente. El organismo venía de un largo período de irrelevancia, particularmente en el lapso 2005-2015, cuando el chileno José Miguel Insulza fungió como su secretario general. En ese lapso, por ejemplo, se afianzó el chavismo en Venezuela, sin que las prácticas antidemocráticas, en ese y otros países miembros, fuesen objeto de revisión. La llegada del uruguayo Luis Almagro significó una vuelta de tuerca y el fin de esa inercia. Desde entonces, la OEA ha hecho de la defensa de los valores de la democracia y los derechos políticos parte central de su agenda. El informe sobre Bolivia es la más reciente demostración de ello. Es importante notarlo en momentos en que se abierto la competencia para la secretaría general en el próximo quinquenio (2020-2025). En ese período habrá elecciones presidenciales en muchos países del continente y será fundamental contar con una OEA igual de comprometida que hasta ahora. Algunos gobiernos pueden hacer reformas internas para socavar los contrapesos, pero mientras estén sujetos al derecho internacional y haya instancias multilaterales dispuestas a hacerlo valer, los ciudadanos de esos países pueden tener garantías de que la voluntad popular será defendida. Almagro tiene derecho a la reelección y, para ello, cuenta con el apoyo de buen número de países. Sin embargo, hay otros, entre ellos México, que cabildean para colocar en la secretaría general a Hugo de Zela, el actual embajador de Perú en Estados Unidos. De Zela es un diplomático de carrera que ya ha sido embajador en Argentina y Brasil. Ha trabajado con todos los presidentes de su país, desde Alberto Fujimori hasta el actual, Martín Vizcarra. En 2017 fue nombrado Director General de América, del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, y en 2018 alcanzó el cargo de viceministro. Sin embargo, aquí vale la pena notar que fue jefe de gabinete de Insulza, cuando éste ocupó la secretaría general de la OEA, un tiempo en el que, como ya decía yo, el organismo evitó comprometerse con la defensa de los derechos humanos para no molestar a los gobiernos de los países miembros. El continente –y, en particular, América Latina— necesita una OEA activa, que haga frente a las pretensiones antidemocráticas de diferentes gobiernos de la región, los mismos que quieren que el organismo retome un papel irrelevante.