Editorial EL UNIVERSAL / Ley de Amnistía ¿para qué? Las dos más recientes leyes de amnistía en México han tenido destinatarios claros y se dieron en una circunstancia histórica apremiante. A finales de 1978 el gobierno mexicano publicó la Ley de Amnistía para eliminar toda responsabilidad penal de quienes se enfrentaron con corporaciones policiacas desde grupos políticos —pacíficos o armados. Con ello se legalizaron las actividades del Partido Comunista de México y se inició su participación plena en la vida política nacional, también se pretendió cerrar el episodio conocido como “guerra sucia”. En 1994, luego del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno mexicano anunció una ley de amnistía para quienes participaron en el movimiento de sublevación que se dio en el estado de Chiapas. Ahora, en 2019, veinticinco años después de la ley que benefició a las filas zapatistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía de amplio alcance para que abandonen la prisión los reclusos que caigan en los siguientes supuestos. Jóvenes relacionados con delitos contra la salud acusados de narcomenudeo cuando en realidad son consumidores o que por pobreza o amenazas participaron en ilícitos. Personas presas por robo simple sin violencia. Mujeres criminalizadas por haber tenido un aborto. Médicos o parteras acusados de participar en interrupciones del embarazo. Personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa. Presos políticos o de conciencia. Internos acusados de “delitos inverosímiles”. Por fallas del Ministerio Público o por dudosas actuaciones de jueces, la impartición de justicia en México acumula casos de personas que pasan años en prisión sin recibir sentencia, de responsables de ilícitos que quedan libres, de integrantes de comunidades marginadas y vulnerables que permanecen en la cárcel por no contar con recursos para su defensa. En la discusión y aprobación de la propuesta, toca al Congreso de la Unión establecer de manera detallada la forma en que se darían las liberaciones y garantizar un proceso transparente en el cual los medios y la sociedad puedan revisar los casos. A diferencia de 1978 y 1994, la ley de amnistía ofrece de inicio un mayor alcance para quienes han sido víctimas del tortuoso camino de la justicia. Al mismo tiempo, la iniciativa debe servir de acicate para eliminar los abusos y avanzar hacia un sistema en el que de manera efectiva todos sean iguales ante la ley. 16 de Septiembre de 2019

1.  Anticlimático. Justo cuando la idea es reabrir todos los expedientes y llegar hasta el fondo de la verdad en torno a la noche del 26 de septiembre de 2014, la liberación de 24 policías municipales implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa “es una afrenta a la sociedad y muestra que el sistema de justicia del país huele a podrido”, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación. “Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad. Y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país; ya es el momento de hacer cambios profundos”. La cicatriz de Ayotzinapa sigue abierta. No le rasquen. 2. Los presuntos culpables. Una nueva oportunidad de reinserción social se asoma para los presos políticos. Este cautiverio ideológico se acabó. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envió al Congreso una iniciativa de ley de amnistía en favor de personas vulnerables privadas de su libertad. Ésta “tiene por objeto otorgar amnistía a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas que fueron discriminados y a quienes no les fue respetado su derecho a una debida defensa”. Calma. “La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no a homicidas o secuestradores”, se lee en el texto enviado a los legisladores. No comiencen a lanzar rayos y centellas. 3. Aprobada. Una de las presencias estelares en las celebraciones patrias fue la de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Ricardo Ruiz, líder de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, consideró que ha logrado reorganizar la política de seguridad en la capital. En contraste, Mauricio Tabe, líder de la Junta de Coordinación Política, y Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI, consideran que en seguridad aún no existen avances palpables. En cuanto a la política de movilidad, Ruiz consideró que “finalmente se está invirtiendo más en el Metro y en otros tipos de transporte. Creo que por fin se está conduciendo correctamente esta política”. Lerdo de Tejada consideró que “hay avances parciales”. La oposición en su papel. Reclaman como si Roma se hubiese construido en un día. 4. Tecnología y honradez. Hay políticos que se han ajustado, sin problemas, a los tiempos cibernéticos. Como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien solicitó a la Auditoría Superior de la Federación realizar una revisión casi en tiempo real de la forma en que se gasta el presupuesto este mismo año, a fin de prevenir errores en la forma de reportar las cuentas. De acuerdo con el auditor superior, David Colmenares, es la primera vez que una de las Cámaras del Congreso se somete al escrutinio de sus gastos antes de que cierre su ejercicio presupuestal. Por el momento, las voces se levantan para pedir más recursos, alcaldes y gobernadores solicitan más dinero, algunos hasta con amagos. Vigilar cada peso que se gasta se le ocurrió a los gobernantes pasados, pero no les convenía hacerlo. Otro punto a favor de la honradez. 5. Échenle ganas. A un amargo cumpleaños 80 llega el el PAN. Después de su alianza con el PRD en los pasados comicios, dicen estar listos para ofrecer la otra mejilla. Y “con renovada fuerza para ratificar su razón de ser y, en uno de sus peores momentos de la época moderna, su objetivo es consolidarse como la alternativa en las próximas elecciones y poder incidir en el cambio de rumbo. Un cambio que genere crecimiento económico, empleos bien pagados y, sobre todo, que brinde seguridad a nuestras familias”, afirmó su dirigente nacional, Marko Cortés. Señaló que, “ante un gobierno clientelar, recesivo y totalitario, que se guía por las ideas regresivas de un solo hombre y no toma en cuenta las opiniones técnicas de la sociedad, hoy Acción Nacional es más necesario que nunca y nuestro reto es defender el Estado de derecho”. ¿Eso cree? A ver si es cierto.