Editorial EL UNIVERSAL / El acoso en oficinas públicas El rechazo y el hartazgo de las mujeres hacia el acoso y hostigamiento sexual que sufren en centros escolares o laborales han sido una de las principales razones de movimientos como el #MeToo a nivel internacional o de las protestas de organizaciones feministas en varias ciudades del país y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus movilizaciones han logrado hacer visible el problema, pero la erradicación aún se ve lejana. Se trata de una situación que abarca distintos ámbitos de la vida pública del país, incluidas las oficinas gubernamentales. Este lunes EL UNIVERSAL informa que el año pasado en 84 dependencias oficiales se abrieron investigaciones por acoso y hostigamiento sexual, luego de que 365 mujeres presentaran las denuncias correspondientes. Las agresiones habrían sido perpetradas por empleados de todos los rangos, desde mensajeros y personal operativo, hasta directores generales de área. El mayor número de casos se registró en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí las trabajadoras presentaron 65 denuncias. Detrás del IMSS se encuentran el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Educación Pública, con 47 casos cada uno. Son 358 funcionarios los que están siendo investigados por cometer estos ilícitos. De ellos, al menos 48% siguen trabajando en sus instituciones. Con el debido derecho de audiencia y de defensa para el acusado, las sanciones tienen que ser expeditas y ejemplares. Si no se actúa de esa manera, no se sentará un precedente y solo se propiciará que ese tipo de conductas sigan reproduciéndose. Del gobierno federal se esperaría una atención puntual a la problemática. En días recientes un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue destituido de su cargo, luego de diversas denuncias que se recibieron en su contra. Este mes también se registró la primera vinculación a proceso –dentro de la llamada Ley Olimpia– contra un estudiante de la UNAM que tomó fotos de una joven mientras estaba en los baños. Ningún agresor debe quedar sin ser sancionado. El compromiso de cualquier institución o empresa tiene que ser claro y público: eliminar la desigualdad de género y construir protocolos de defensa de la mujer que sea víctima de algún delito por su condición de género. Los cambios tienen que ser más rápidos y contundentes. Esa es la demanda de las mexicanas y hay que atenderla.

Frentes Políticos 1. Es muy temprano. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, calificó como un logro político y de la justicia la detención en España de Emilio Lozoya. La funcionaria dijo que, en la nueva etapa del país, el aseguramiento del exdirector de Pemex representa un avance, más allá de la lucha contra la corrupción, en el combate a la impunidad. “No se va volver a tolerar el abuso y la Función Pública está ahí como garantía de que estos abusos no se cometan nunca más”. Suena apresurado el pronunciamiento, sobre todo porque, primero, los abogados de Lozoya no se quedarán con los brazos cruzados, y segundo, porque estamos a instancias de la incompetencia de quienes no siguen todas las reglas del “debido proceso”, y de los jueces que terminan dejando libres a los delincuentes, por una coma. 2. En bola. Así como en el Instituto Nacional Electoral, algunos de sus consejeros tuvieron la paciencia de presentar amparos ante la reducción de sus salarios, ahora los diputados se tomarán unos minutos para contrarrestar el asunto. La Cámara de Diputados aprobó la presentación de la Controversia Constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del INE para el ejercicio 2020 y evitar que sus consejeros y funcionarios de alto nivel perciban salarios superiores al del Presidente de la República. El documento está dirigido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado por Morena Pablo Gómez y principal promotor de la controversia, afirmó que los funcionarios del INE han retado las facultades del Congreso. Esta batalla de las fuercitas apenas comienza. 3. Sin pausa. Quien no se detiene es Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien afirmó que el gobierno mantiene el compromiso de impulsar la capacitación de los jóvenes de México para darles las oportunidades que se les habían negado, e informar que la dependencia a su cargo lanzó la plataforma para la nueva generación de Jóvenes Construyendo el Futuro 2020, que beneficiará a más de dos millones de jóvenes. El programa tiene como finalidad brindar oportunidades laborales a dos millones 300 mil ciudadanos de entre 18 y 29 años de edad en un centro de trabajo, quienes se inscriban este año recibirán una beca por tres mil 748 pesos mensuales, además de seguro médico y constancia de capacitación. Ritmo de trabajo y resultados, dos virtudes difíciles de encontrar. Más funcionarios así necesita este país. 4. El tema de hoy. Reapareció la CNDH en medio de un escenario en el que el asesinato de mujeres se metió de lleno en la agenda nacional. Llamó a la Fiscalía General de la República a desistir de la intención de eliminar el feminicidio de la ley, pues ello significaría un retroceso inadmisible. La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, consideró que el vínculo entre la propuesta de modificación y la posibilidad de facilitar la investigación de los feminicidios, viola el artículo Primero constitucional por el incumplimiento de las normas, principios y estándares vinculantes en materia de prevención, investigación, sanción y garantía de reparación eficaz y justa ante el feminicidio. Y lo más sensato: “Es inadmisible el aumento de feminicidios en nuestro país”. ¿Qué más harán para acabar con la violencia de género? 5. Voraces. Ni tardos ni perezosos, los diputados de Morena instaron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, a solicitar de manera inmediata la extradición de Emilio Lozoya a fin de que sea procesado ante las leyes mexicanas. “Lozoya tiene mucho qué esclarecer ante los hechos ocurridos en la administración pasada de Enrique Peña Nieto”, subrayó el legislador morenista Agustín García Rubio. Su compañera de bancada, María del Rosario Merlín, aseguró que esta detención “no ha caído, como lo menciona su abogado, como balde de agua, sino que es un resultado de cómo nuestro gobierno combate la corrupción”. Todos queriéndose colgar la medalla que ahorita sólo se ha ganado la Policía Nacional Española, disculpen ustedes.