Editorial EL UNIVERSAL / ¿Es realmente caro el precio de la gasolina?

Para responder a esta pregunta nos tenemos que remontar al 27 de diciembre de 2016. Año en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en el que se ajustaban al alza (gasolinazo) las cuotas aplicables a los combustibles automotrices a partir del 1 de enero de 2017, las cuales se ubicaron en 4.30 pesos por litro para la Gasolina Magna y 3.64 pesos por litro para la Premium. Para este año se incrementó a 4.81 pesos para la Magna a 4.06 la Premium. A fines del año pasado, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que se establece que se modificaría el esquema de estímulos semanales al IEPS sobre gasolinas y diésel que se venía aplicando desde 2017, consistente en que los consumidores absorberían la totalidad de los costos de la gasolina de referencia, establecidos para los expendedores de la misma a lo largo del territorio nacional. Lo anterior, bajo el argumento de que estos precios no tengan aumentos en términos reales derivado de la actualización de la inflación. Estos precios de referencia de la gasolina y el diésel se determinan conforme a las siguientes variables: el promedio de las cotizaciones altas y bajas diarias disponibles para cada día de dos días anteriores, ajuste por calidad del combustible, basado en ajustes por octano y presión de vapor en el caso de la gasolina, y de logística que aplica al combustible, determinado como la suma del Costo de Logística y Almacenamiento (LA), el cual considera el costo de transporte y de importación de combustible y Costo de Distribución (CD) de Pemex con los expendedores y distribuidores para cada tipo de combustible, esto, aplicable a cada una de las regiones; margen comercial para el combustible para las estaciones de servicio de combustible, cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), y otros impuestos. En términos, prácticos y a manera de ejemplo, el año pasado el precio máximo de la Magna fue de 19.47 pesos. Este correspondía al precio de referencia a 7.70 pesos por litro; el margen a 2.23, los IEPS a 4.59 pesos, y otros conceptos a 4.95 pesos. Eso significa que el gobierno está absorbiendo de impuestos 11.70 pesos por cada litro de gasolina. Además, si le sumamos que para este año estimó un IEPS total de 4.81 por cada litro –que representa un incremento de 4.8% respecto a 2018 entonces la situación se agrava aún más. En términos porcentuales, el precio de referencia de la gasolina importada para finales de diciembre del año pasado representaba 35.4% (6.73 pesos por litro), de distribución y mercadeo 24.2% (4.59 pesos), y de impuestos 40.4% (7.68 pesos); lo que representa un aumento de 18.82% respecto a enero de 2018, el cual nos lleva a determinar que el costo principal lo absorben los impuestos y en menor medida el precio de la gasolina. Es importante señalar también que el componente de la gasolina Magna relacionado con otros impuestos corresponde al IEPS federal con 2.21 pesos por litro, IEPS estatal con 0.41 pesos, IEPS a la contaminación con 0.12 pesos y el IVA con 2.28 pesos. En términos de finanzas públicas, el IEPS de la gasolina para este año representa para el gobierno una recaudación de 269 mil 301 millones de pesos que, en términos comparativos con respecto a los tabacos, 6.3 veces respecto a la gasolina, las bebidas alcohólicas 16.4 veces y que decir de los juegos con apuestas y sorteos el 90.6 veces. De acuerdo a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, los impuestos representan 56.7% del total de ingresos que piensa recibir el gobierno federal. De los cuales, el concepto de IEPS representa el 13.2% del total de los ingresos percibidos. Es importante señalar también que el IEPS aplicable a combustibles automotrices representa 61.4% del total de los IEPS. Basta recordar que en 2012 con 432 pesos se llenaba un tanque de magna de un carro compacto y para 2018 con 800 pesos. La explicación obedece a que en el último sexenio, el incremento acumulado del precio de la gasolina fue del 75.76% por encima de la inflación, que fue de 27.26% y del gobierno de Felipe Calderón que sumo en seis años, un aumento acumulado de 60.39%. Observamos entonces que, en términos financieros, el precio de la gasolina Magna no representa un precio muy alto. Más bien lo que provoca que se venda a un precio superior a los 20 pesos son los impuestos y, en segundo lugar, los costos de almacenamiento, distribución y logística. Desde la lógica gubernamental esto obedece a que en los últimos años el precio de la gasolina a nivel internacional se ha visto castigado a la baja, lo que ha obligado a tener que compensarlo incrementando los impuestos. Asimismo, desde hace algunos años, Pemex la principal empresa mexicana ha venido disminuyendo su nivel de exportaciones. En 2010 se exportaban 496 mil 596 y para 2018 solamente 432 mil 215 barriles. Recordemos que la caída en las exportaciones en parte tiene que ver con los problemas financieros y de operación de la empresa para mantenerse en el mercado. De hecho, durante 2019 los precios promedio por litro de la gasolina Magna prácticamente se mantuvieron en el rango de 19 a 20 pesos. Sin embargo, con la aprobación de la ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) a finales del año pasado y con base en el factor de actualización aplicable para 2020 del IEPS -que es de 1.0297- la cuota para la Magna pasará de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro; para la Premium de 4.06 a 4.18 pesos por litro, por lo que se espera un incremento del precio final de la gasolina. Finalmente, es importante señalar que, aunque el precio promedio del barril se fijó para este año en 49 dólares por barril, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2020 el reciente acontecimiento de un posible conflicto bélico a nivel internacional implicaría el aumento en el precio de la mezcla mexicana y por consiguiente mayores ingresos para el gobierno federal. OPINIÓN / ¿Logrará AMLO reducir la pobreza?

Reducir la pobreza es un objetivo prioritario del gobierno. Es más que una promesa política, es una convicción personal del presidente López Obrador y está en el corazón de su proyecto. Los resultados en la medición que cubrirá los dos primeros años de su gobierno así como la evaluación de diseño de sus nuevos programas está en manos del mismo órgano: el Coneval. Coneval está en una situación vulnerable. Pese a contar con “autonomía constitucional”, carece de la Ley reglamentaria que el Congreso dejó pendiente desde 2014. La credibilidad y confiabilidad de Coneval se mantienen porque dependen en buena medida de los consejeros académicos, que forman su órgano directivo. Así lo reconoció el nuevo titular, que fue nombrado en agosto por la Secretaria de Bienestar. Se ha anunciado la renovación de los consejeros. El pasado 9 de enero se publicó en el Diario Oficial la convocatoria para nombrar a tres nuevos consejeros académicos. Entrarán en sustitución de quienes han participado desde la creación del Coneval: los Dres. Fernando Cortés, Agustín Escobar y Graciela Teruel. La capacidad técnica y la imparcialidad partidista y política de quienes se integren al Consejo es crucial. Se requieren personas con gran prestigio académico y amplio conocimiento de la materia y sobretodo con criterio independiente, comprometido con el rigor científico y el valor supremo de la comparabilidad y la transparencia. Hay antecedentes del riesgo. La justificación de cambiar la forma de medir ya la intentó el gobierno de Peña Nieto por diversas vías. La más grave se dio en 2015 cuando el Inegi “mejoró” la forma de captar el ingreso de los hogares más pobres. Si se hubieran usado los datos directos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2015, el resultado habría sido una reducción increíble de 20%, u 11 millones de personas menos ¡en un año! Aún con los argumentos más válidos, una “mejora” metodológica en la próxima medición, puede dar al traste con la comparabilidad de los datos y generar una medición sin credibilidad.

La metodología de Coneval creada en 2009, ha sido aceptada por gobiernos, órganos legislativos y expertos, por estar bien sustentada y por generar resultados comparables de manera transparente. Por eso cuenta con gran prestigio internacional. Los resultados han sido asumidos como datos oficiales para la toma de decisiones. Aún a regañadientes los resultados negativos tuvieron que ser asumidos por los gobiernos de Calderón y Peña, así como por los gobernadores de entidades con resultados negativos, cada 2 años. Los resultados de la siguiente medición de la pobreza se darán a conocer en agosto de 2021. Los datos fuente serán recogidos por el Inegi en el segundo semestre de este año. Con esos datos, Coneval presentará los resultados para estos dos primeros años de gobierno (2018-2020). Además de la medición de la pobreza, Coneval tiene en proceso las evaluaciones de los nuevos programas sociales como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, Pensión Universal para adultos mayores, entre otros. Se evaluó su diseño y consistencia en el primer año de ejecución. Estas evaluaciones deben ser publicadas en los primeros meses de este año. Las evaluaciones se realizaron con apego a términos de referencia y metodologías usadas ya con anterioridad. Las evaluaciones están a cargo de investigadores independientes definidos mediante licitaciones públicas. La Comisión Nacional de Desarrollo Social, formada por 45 funcionarios, de los cuales 32 corresponden a los gobiernos estatales, tienen la responsabilidad de nombrar a los tres nuevos consejeros académicos de Coneval. De su decisión depende la credibilidad de las evaluaciones de los nuevos programas y de la medición de la pobreza a partir de 2018.

Frentes Políticos 1. Principio feliz. El Senado de EU le dijo sí al tratado comercial con Canadá y México. Mónica Fernández, presidenta del Senado, reiteró que la Cámara mantendrá su responsabilidad de vigilar y sancionar los acuerdos internacionales con visión de Estado y el compromiso de buscar los mayores beneficios para los mexicanos, además, felicitó al equipo negociador por velar “siempre por los intereses nacionales”. Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que con la ratificación de EU se abre la puerta a la certidumbre de que hay un esquema para el intercambio comercial. Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, ya hizo lo suyo. Los legisladores apenas ofrecen proteger al T-MEC. Prometer no empobrece. 2. El buen juez por la casa empieza. Como la SRE “no tolera ningún tipo de abuso u hostigamiento laboral y tiene el firme compromiso de investigar cualquier denuncia y, en su caso, proceder con las sanciones correspondientes, respetando siempre el debido proceso y poniendo al centro los derechos y protección de las víctimas”, aseguró la dependencia, sometió a investigación a Roberto Valdovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, quien enfrenta cinco denuncias por “posible hostigamiento laboral, presentadas por colaboradores de dicho instituto”. Las pesquisas están a cargo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Marcelo Ebrard no necesita problemas. Ojalá que sea uno menos de esos funcionarios que se creen todopoderosos con apenas una pizca de poder. ¿Hay más en la 4T? 3. Pago por ver. Parece broma, pero dista mucho de serlo. En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tierra gobernada todavía por Jaime Rodríguez El Bronco, buscan a 35 “gorditos” que quieran ganarse 5 mil pesos, sólo por “bajar esos kilos de más” y alcanzar el peso ideal en cuatro meses. A través de redes sociales se informa que la competencia inicia hoy, por lo que se exhorta a la población “correr la voz” entre los “gorditos”, ya que todos tenemos “un amigo buena onda” que quiere bajar de peso. Los primeros cinco lugares tendrán un premio de 5 mil pesos, asesoría nutricional y suscripción de seis meses en un gimnasio, “sobre todo la satisfacción de estar en su peso ideal”. ¿Neta, hasta ahí les da la creatividad en el ayuntamiento? Tómenselo más en serio, por favor. Y no se burlen de la gente. 4. El eterno abuso de poder. Temas así no deberían distraer a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, pero ayer se difundió en redes sociales un video donde dos presuntos empleados de la FGR encaran a un ciudadano que les pide estacionen su vehículo donde no estorbe. La escena se produjo en la colonia Guerrero. “Tus hijos van a ver lo que te va a pasar”, le advierte uno al peatón. Hay una grave amenaza en contra del particular. Soberbia y desprecio por parte de los aparentemente agentes de la Fiscalía. Si así se molestan porque se les pide un poco de civilidad, cómo se pondrán en otras situaciones. Son el tipo de personas que no queremos más en el gobierno. Ojo, don Alejandro Gertz. Que hechos así no lo empañen. 5. Adiós a las armas. El gobierno de México calificó de exitosa la reunión de trabajo que sostuvo el Gabinete de Seguridad con el fiscal de los Estados Unidos, William Barr. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los titulares de esta dependencia, Alfonso Durazo; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Marina, Rafael Ojeda; de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer sostuvieron un encuentro en el que establecieron el compromiso de implementar nuevos operativos con el uso de medios tecnológicos no intrusivos en puntos clave de la frontera para detener el tráfico de armas y municiones a nuestro país. La violencia llegó tan lejos que traspasó los límites y ahora niños tiran plomo. Y eso no se debe permitir. Bitácora del director / ¿Una Fiscalía recargada?

Si el contenido de los borradores de las iniciativas de reforma en materia de procuración y administración de justicia filtrados esta semana reflejan las intenciones reales del gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR), éstos estarían buscando mayores poderes para combatir el delito a costa de los derechos humanos. Conocidos la noche del martes, los borradores –cuya paternidad sería desconocida al día siguiente– causaron alarma entre organizaciones y especialistas, que los interpretaron como una sentencia de muerte para el sistema de justicia penal acusatorio y un salto a décadas atrás. Y yo creo que con razón. De entrada, dar mayores poderes a la FGR para detener y procesar a presuntos delincuentes no garantiza la inhibición de la actividad criminal. Si así fuera, la inclusión del robo de combustibles en la lista de violaciones a la ley que ameritan prisión preventiva oficiosa hubiera terminado con el huachicoleo y hay evidencias públicas –a un año de esa reforma– de que eso simplemente no ha ocurrido. Tan es así que ahora proponen cubrir los ductos de Pemex de concreto. Más aún, una Fiscalía empoderada, con capacidad de dictar arraigos y realizar intervenciones telefónicas al por mayor, puede poner en riesgo la libertad de ciudadanos inocentes. Y yo soy de los que piensa que más vale un culpable libre que un inocente preso. El derecho que tenemos todos a la seguridad pública, y la obligación de la autoridad de proveerla, no debe tener como precio nuestra libertad. Vea lo que ha pasado con el caso LeBarón, sin que se hayan discutido las reformas que, según los borradores, buscan el Ejecutivo y la FGR. El 1 de diciembre pasado, unas horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezara un acto público en el Zócalo para marcar el primer aniversario de su ascenso al poder, la FGR detuvo en Janos, Chihuahua, a los hermanos Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, presuntos responsables de haber participado en la masacre de tres mujeres y seis niños en Bavispe, Sonora. La familia de los detenidos, con la que he hablado varias veces, asegura que tiene pruebas de que no estuvieron en el lugar de los hechos y que fueron aprehendidos en su casa –donde estaban a cargo de su padre discapacitado–, luego de que los agentes federales no pudieron localizar a su vecino, quien se encontraba en Estados Unidos. Los hermanos Hernández fueron arraigados por 40 días mientras la Fiscalía reunía mayores evidencias. Hasta que el domingo pasado, el día en que el presidente López Obrador viajó a Bavispe para visitar a los deudos de la masacre, fueron enviados al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano para ser presentados ante un juez. La sorpresa fue que las acusaciones en su contra nada tienen que ver con aquel crimen –se les señala por supuesta posesión de celulares, droga y cartuchos–, y el Ministerio Público sostuvo ante el juez que fueron detenidos en una carretera, cosa que niegan rotundamente sus familiares. Estefanía Hernández, hija de Manuel, habló brevemente con el presidente López Obrador en Nuevo Casas Grandes, durante su gira del pasado fin de semana, y le dio cuenta de las irregularidades que se han cometido con los detenidos. El mandatario le respondió que se haría justicia. Estefanía y otros familiares han realizado bloqueos carreteros para denunciar los hechos, pero esto ha sido motivo de aparentes represalias, pues, después de llevarse a los Hernández, la FGR fue por el comandante de la policía local, Fidel Alejandro Villegas, quien en uno de los bloqueos se identificó como servidor público y exigió que quien iba al frente del operativo federal hiciera lo mismo, cosa que a éste no le cayó bien. A Villegas lo detuvieron en Noche Buena. La Fiscalía está obligada a procurar justicia en el caso LeBarón y todos los demás, pero no así. ¿Se imagina qué haría una FGR con mayores poderes, si hoy hace esto en un caso tan visible públicamente?