Editorial EL UNIVERSAL / Robledo y la crisis por las medicinas La administración López Obrador está embarcada en un juego de vencidas con poderosas compañías (fabricantes, distribuidores, intermediarios) que han controlado por décadas el mercado de los medicamentos, a lo que se suma la corrupción de funcionarios federales y estatales que lucran con estas adquisiciones, estimadas en 100 mil millones de pesos al año. Inexperto, arrogante, el equipo oficial exhibe hasta ahora más tropiezos que aciertos. Por primera vez en la historia y contra reloj, negocia directamente con los fabricantes farmacéuticos, nacionales e internacionales, de genéricos o bajo patentes; obligó a participar a todo el gobierno (extrañamente, menos a la Defensa) y a los estados (al menos a 25), a los que les entregará medicinas, no dinero para comprarlas. Y al parecer, planea licitar directamente la distribución con gigantes del ramo, poniendo antes en una “lista negra” a los tres principales, pero promoviendo a un jugador (Lomelí) cercano a Palacio Nacional. Si tiene éxito, el gobierno merecerá una ovación. Si fracasa, se agudizará el desabasto de medicinas y se romperá el frágil equilibrio que ha impedido brotes epidémicos, alta tasas de mortalidad y una protesta social que resultaría imposible acallar. El peor escenario sería que haya un desastre sanitario que mine a la población y a López Obrador, pero que, acorralada por una emergencia, arrodillada por la incompetencia, la autoridad deba comprar a los mismos de siempre, pero a costos más altos… La estrategia está depositada en la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, pero es obra de la oficial mayor, Raquel Buenrostro, quien coordina desde hace semanas una licitación por 17 mil millones pesos que sufre retrasos, siembra enigmas y parece avanzar hacia una tragedia. En el eje de esta crisis se halla el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responsable de dotar de servicios de salud a 80 millones de mexicanos (casi 7 de cada 10); que acumula 70% de la demanda pública de medicamentos y cuenta con la experiencia más compleja en materia de negociación de adquisiciones en este campo. Una fortaleza que por meses ha sido desdeñada, lo que el 21 de mayo trajo la renuncia de su ex director, Germán Martínez. Fue relevado por Zoé Robledo, quien lidia hoy con un modelo diseñado de espaldas al sector, armado sobre las rodillas y que parece hacer agua por todos lados. En un oficio fechado el 17 de mayo, pero con sello de recibido el 20 (víspera de la renuncia de Martínez Cázares), la citada señora Buenrostro instruyó al director de Administración del IMSS, Flavio Buenrostro (marcando copia simple a sus superiores), para hacerse cargo de los procesos que se deriven de la licitación en marcha, que se ha venido retrasando, atrajo más de ¡6,000! preguntas por parte de los participantes y que, a empujones, definirá ganadores dentro de los próximos 15 días. Eso, si antes no se presentan solicitudes de amparo por parte de proveedores por presuntas violaciones al artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, que impide convocar (como fue el caso), salvo en rondas posteriores, a empresas que no sean nacionales o tengan cobertura de tratados comerciales internacionales. Cuando esta licitación concluya, el IMSS de Zoé Robledo deberá garantizar la operación de un mecanismo diseñado por manos inexpertas y mentes afiebradas. Le entregarán millones de cajas de medicamentos, cada uno con restricciones diferentes de manejo y almacenamiento (incluso bajo temperaturas definidas), con destino a 25 estados diferentes, a todo el gobierno federal y diversas instituciones, el Instituto incluido… a lo que seguirá su distribución a toda la República, directa… o con otra licitación. Al despejarse la humareda que todo esto levante, se sabrá si Robledo salió adelante o se ahogó en una pesadilla digna del infierno de Dante. OPINIÓN / ¿Quiénes son los corruptos contra Santa Lucía? Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hicieron enojar. La batería de amparos y suspensiones que han otorgado jueces federales ordenando frenar las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, hizo enfurecer al mandatario que amenaza con hacer públicos nombres de los que llama “los corruptos que promovían el aeropuerto de Texcoco” y que, según el mandatario, estarían detrás de la ofensiva judicial y la estrategia jurídica en contra de una de las obras insigne de su sexenio. Porque, además de la interrupción obligada de Santa Lucía por las siete suspensiones que hasta ahora han otorgado los jueces, lo que más le molesta a López Obrador es que esos mismos juzgadores federales le hayan ordenado “no alterar las obras ya construidas” en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en el antiguo lago de Texcoco. Eso lleva al presidente a reforzar la información que, no de ahora, sino desde hace algunos meses, tiene sobre la existencia de un “grupo de interés” formado por políticos y económicos que buscan revivir la opción de Texcoco y evitar que se construya Santa Lucía. A pesar de que la mayoría de las suspensiones otorgadas hasta ahora contra las obras de Santa Lucía, referentes a la falta de estudios ambientales, de protección arqueológica y de seguridad aérea, han sido promovidas por abogados del colectivo #Nomásderroches, impulsado principalmente por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del empresario Claudio X. González, y por otras organizaciones civiles, la visión que tienen en Palacio Nacional y la información que amenaza con revelar el presidente, sostiene que detrás de esas organizaciones hay un grupo de empresarios y políticos, algunos de ellos afectados por la cancelación de Texcoco, que han sido asesorado incluso por algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el diseño y la presentación de los amparos que han encontrado los puntos legales y los argumentaciones jurídicas exactas para obtener las suspensiones definitivas, dos de las cuales fueron otorgadas ayer mismo por el Juzgado Octavo de Distrito del Estado de México. En la información que manejan en la oficina presidencial sobre el tema, esos grupos y personajes económicos y políticos, como saben que en el Congreso era imposible promover algún tipo de acción sobre el tema de los aeropuertos, tanto el de Santa Lucía como el de Texcoco, porque jamás lo permitiría la mayoría de Morena, “decidieron refugiarse en la Suprema Corte” y buscaron el apoyo de ministros que son adversos a la 4T para que los asesoraran sobre cómo obtener el apoyo de los jueces y magistrados del Poder Judicial en este tema”. Lo que no está claro es si el presidente tiene pruebas fehacientes para imputar públicamente a esos empresarios, políticos y hasta ministros de la Corte que, según la información de inteligencia que tienen en Palacio Nacional, estarían detrás de las estrategia jurídica para impedir la construcción de Santa Lucía y obligar a una reanudación de los trabajos cancelados del NAIM en Texcoco. Si el presidente, como ha amenazado ya en dos ocasiones desde su conferencia de prensa matutina, está dispuesto a revelar nombres, tendrá que ser claro y contundente en las acusaciones que formule porque de lo contrario, si en su enojo lanza señalamientos públicos en contra de personajes a los que ya de entrada etiquetó como “corruptos”, la impecable estrategia judicial que esos grupos han seguido hasta ahora podría ya no sólo referirse a amparos, sino también a demandas por difamación o daño moral en contra de su gobierno. Veremos si el presidente sigue adelante con sus amagos de “desenmascarar a los corruptos” que están torpedeando con amparos a su proyecto aeroportuario y que pretenderían, en la visión lopezobradorista, imponerle la continuación de una obra como la de Texcoco que, para un sector de la sociedad y de los inversionistas nacionales e internacionales, ha sido “el peor error de AMLO”, aunque para él representó una decisión fundacional y fundamental de su Cuarta Transformación, una bandera política que le redituó mucho con sus millones de seguidores y hasta un asunto de convicción en su lucha contra la corrupción. No sería la primera vez que López Obrador se enfrenta a decisiones de los jueces que buscan frenarlo; ya lo hizo como jefe de Gobierno del DF al ir en contra del desafuero, y entonces logró salir airoso y fortalecido ¿lo hará ahora contra los amparos para frenar Santa Lucía? Y si lo hace ¿saldrá también fortalecido ahora que ya es presidente?

NOTAS INDISCRETAS…Ante la cuestionable “consulta a mano alzada” con la que el presidente decidió cancelar la obra del Metrobús en la Laguna, que beneficiaría a las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, el gobernador duranguense, José Rosas Aispuro, no se quiso quedar callado y acusó que “al presidente López Obrador lo engañaron porque le llevaron al acto gente que ni siquiera es de la Laguna”. El mandatario lamentó la decisión precipitada de cancelar una obra que beneficiaría a los habitantes de esta zona conurbada y que ha sido un reclamo añejo de contar con un sistema de transporte colectivo articulado y menos contaminante, y sugirió que detrás del engaño al mandatario estuvieron los intereses de grupos políticos y económicos ligados a Morena y a organizaciones de transportistas que boicotearon el Metrobús porque afectaría sus negocios de transporte privado que hoy prestan en las tres ciudades conurbadas de Coahuila y Durango. Y para ponerle nombre y apellido a lo que el panista Rosas Aispuro de plano llamó una celada, acusó directamente a la alcaldesa electa de Gómez Palacio, la morenista Marina Vitela, como una de las que llevaron grupos al evento del fin de semana, no sólo para abucherlo a él en su intervención, sino también para “engañar al presidente” y presionarlo a una consulta precipitada y sin validez. ¿Será que el presidente es tan ingenuo para dejarse engañar por una alcaldesa electa de su partido, o será que López Obrador quería reasignar los 450 millones de pesos que el gobierno federal iba a aportar a un proyecto como el del Metrobús, que incluso él apoyó desde su campaña?...Se lanzan los dados. Escalera doble. Mejora el tiro.

 Frentes Políticos 1.  Frescura. Es lamentable, pero como broma se utiliza entre los televidentes que si un programa no te causa interés, se dice que “está más aburrido que el Canal del Congreso”. Este medio de comunicación no ha logrado la conexión necesaria con la audiencia. Y para colmo, en el Poder Legislativo llevan semanas para acordar entre 27 aspirantes que comparecieron, quién puede dirigir el Canal del Congreso. Por fortuna, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, ha encargado un nuevo formato, basado en contenidos agradables que vinculen a la sociedad con el Poder Judicial. Justo lo que no ha sucedido hasta ahora. Con las pilas bien puestas, esta misma semana estará al aire. No se lo pierda. 2. Nulo respeto. Padres de los niños muertos en la Guardería ABC colocaron un antimonumento con réplicas en bronce de los zapatitos de sus bebés, y parte del memorial fue robado. El IMSS, cuyo titular es Zoé Robledo, reprobó y condenó el robo de siete réplicas de zapatos de las 25 que se habían colocado sobre Paseo de la Reforma. Hasta el momento, no se tiene ningún indicio que lleve a dar con los responsables del robo. Julio César Márquez, padre de Yeye, hizo un llamado a la jefa de Gobierno a “preservar los espacios contra el olvido”. Qué bajeza, robarse o mandar robar zapatitos de niños fallecidos. Y lo más seguro es que dirán que no vieron nada en cámaras o, peor aún, que no debe ser un delito muy grave. Lo preocupante es la miseria humana. 3. Toc, toc, la austeridad. Al personal administrativo dependiente del PAN en Diputados le llegó un oficio-instructivo para ahorrar desde papelería hasta galletas. La misiva fue firmada por Samuel Alcocer, director de general administrativo. Fechado el 12 de junio pasado, el documento revela que los acuerdos de austeridad en San Lázaro fueron firmados el 30 de abril, sin embargo, los administrativos panistas quisieron rebelarse, así que Alcocer tuvo que recordarles que el ahorro va en serio. En sus gastos de operación, los albiazules no contarán con más refrescos, galletas y, en una de esas, deberán llevar su propia taza de café. No dude que Marko Cortés y compañía pretendan instituir una Comisión para que devuelvan al PAN sus privilegios. O cualquier tipo de pataleo. La austeridad no les combina. 4. Dolor de oídos. Ahora resulta que el gobernador de Durango está muy molesto. Durante la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a José Rosas Aispuro sus ciudadanos lo abuchearon y le dedicaron rechiflas, y, acá entre nos, bien ganadas. Con todo, él respondió acusándolos de que “ustedes, muchos de los que aquí están, representan intereses oscuros y no tienen la calidad moral para dar la cara”. En su equipo aseguran que las quejas contra el panista y las pancartas contra el Metrobús que se canceló no son más que la venganza de dirigentes morenistas por la suma de algunos panistas cercanos al gobernador que tuvieron candidaturas en Morena, tras negociaciones con la dirigencia nacional. Puros chismes. Lo cierto es que Durango se rezaga en todos los ámbitos y el nivel de la rechifla a su gobernador lo confirma. Los decibeles duelen. 5. Para que aprendan. Tarde, lenta, apesadumbrada, pero la justicia llega, a veces. Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los fundadores de los cárteles La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, fue sentenciado a 55 años de prisión por un delito del fuero común, informó la Fiscalía de Michoacán. Se acreditó la plena responsabilidad del capo michoacano en el secuestro de un empresario en 2011, en Uruapan. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2011, pero se denunciaron hasta 2014; en marzo de 2015, se cumplimentó una orden de aprehensión en prisión en contra de Gómez Martínez. Sometieron y golpearon al empresario y La Tuta le exigía un pago. No le alcanzará la vida, pues, además, tiene otros procesos penales. Larga vida en el penal de máxima seguridad El Altiplano. Que sirva de ejemplo. Bitácora del director / Palabra de rey Durante ocho años, entre 1162 y 1170, el rey Enrique II de Inglaterra y Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, sostuvieron un agrio conflicto sobre los derechos y privilegios de la Iglesia. Desde que, en el año 595, el papa Gregorio El Grande envió a Agustín, prior de un monasterio en Roma, a evangelizar a los habitantes de la Gran Bretaña, el arzobispo primado de Canterbury ha sido el principal jerarca religioso en la isla. En mayo de 1162, Becket ascendió al cargo a la muerte de Teobaldo de Bec, nominado por un concejo de obispos y nobles. Enrique II llevaba ocho años como monarca, periodo en el que buscó reformar la relación con la Iglesia. Hasta antes de Enrique II, si un clérigo era acusado de un crimen, no podía ser juzgado por la corte real, pues contaba con fuero. El rey reemplazó tal práctica por un sistema de jurado que disponía que sólo jueces reales podían resolver casos penales. En 1164, impulsó la Constitución de Clarendon, que estableció la primacía de la corona sobre la Iglesia. Enrique II contaba con Becket como un aliado en tal propósito. Al fin y al cabo, él había intercedido para que fuese ascendido a arzobispo. Sin embargo, Becket se opuso bajo la premisa de que si los clérigos se sometían a los jueces reales, eso implicaría que fuesen juzgados dos veces por el mismo delito. Eso llevó al arzobispo a ser condenado por traición y a tener que refugiarse en Francia. Apoyado por el papa Alejandro III, quien amenazó con excomulgar al rey, Becket pudo regresar a Inglaterra. Pero Enrique II retó la autoridad papal al permitir que el arzobispo de York –y no el primado Becket– coronara a su hijo, Enrique El Joven, como sucesor al trono. Una de las primeras cosas que Becket hizo luego de regresar a la isla fue excomulgar a los clérigos que presidieron la coronación. Fue entonces que Enrique II pronunció las palabras que desencadenarían el clímax de la disputa entre él y el arzobispo “¿Nadie podrá liberarme de este sacerdote entrometido?” Enterados de las palabras del rey –aparentemente expresadas en medio de la exasperación–, cuatro caballeros viajaron desde Normandía hasta Canterbury con la intención de obligar a Becket a retirar las excomuniones o llevárselo por la fuerza para ser juzgado. El 29 de diciembre de 1770, el arzobispo fue asesinado en la misma catedral, luego de resistirse a la detención. De un golpe de espada, le rebanaron la coronilla –la porción de la cabeza sobre la que, se decía, descendía la designación divina– y, de una patada, esparcieron sus sesos sobre el piso. Como resultado de los hechos, Becket fue canonizado y Enrique II, vilipendiado. El rey tuvo que renunciar a su pretensión de que los tribunales seculares tuviesen jurisdicción sobre el clero, además de hacer penitencia por orden papal. La historia de Enrique y Becket ha sido usada en la ciencia política para referirse a las consecuencias que tienen las palabras de un monarca cuando éstas no se dicen con cuidado. Un deseo –incluso cuando se expresa como resultado del enojo– puede ser interpretado por sus súbditos como una orden. No estaría mal que este relato lo repasaran los presidentes de nuestros días, cuyas palabras se conocen más rápido y llegan a una audiencia mayor, gracias a los medios electrónicos y las redes sociales. No vaya a ser que las consecuencias de sus condenas se salgan de control y terminen provocando cosas que no imaginaron. Por ejemplo, que sus objetivos se frustren. Las palabras de un presidente nunca deben pronunciarse a la ligera, pues incluso su derecho de réplica no equivale al de un ciudadano de a pie.