Editorial EL UNIVERSAL / Acallar el activismo social Por el amor al campo, a la naturaleza, a los animales, a las formas tradicionales de vivir fuera de las grandes ciudades o al simple derecho a ejercer su libertad, hombres y mujeres en distintas partes del país se lanzan a luchar y alzar la voz cuando sienten que su entorno se ve amenazado por proyectos que no los consideran ni consultan, o por actividades criminales que no se tientan el corazón para pasar por encima de quien sea si sienten que sus negocios ilícitos —sea tala de bosques o robo de hidrocarburos de muy grave impacto ambiental— pueden ser puestos en riesgo. Oponerse a grandes obras o a los atentados que se cometen contra la naturaleza y el medio ambiente, o defender las causas sociales, costó la vida a 32 activistas mexicanos a lo largo de 2019, la mayor parte en la franja central y sur del país, así como en el norteño estado de Chihuahua. A Samir Flores, oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM) que incluía la construcción de una termoeléctrica en Huexca y un gasoducto que atravesaría los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, le provocó la muerte hace justamente un año, la cual inicialmente fue atribuida por la fiscalía de su estado como perpetrada por el crimen organizado, infiriendo que Samir estaba relacionado con actividades ilícitas, pero las organizaciones populares reviraron el señalamiento y afirmaron que en realidad se trató de un crimen político. Samir, un indígena integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, fue la cabeza visible de un movimiento opositor a obras gubernamentales de gran envergadura que se construirían sin consultar a los pobladores y que eminentemente dejarían una gran afectación al medioambiente en el estado, de por sí en riesgo por la deforestación, una urbanización imparable y la creación sin control de corredores industriales que lejos de beneficiar a la población —como reiteradamente se les ha dicho cada que arranca una nueva obra—, les ha traído una multitud de problemas, la mayor parte de ellos de salud. De los 32 activistas asesinados el año pasado, la mayor parte de ellos se dedicaban a la defensa de los derechos humanos y de asuntos medioambientales o de resistencia territorial. Del total de fallecidos, sólo en una tercera parte de los casos hubo detenidos, pero para el resto, entre los que se encuentra el del propio Samir, la situación sigue sin resolver y sin ningún detenido implicado. Se le pone muy poca atención a este tema. Son más activistas que periodistas asesinados en un año. Ambos grupos silenciados por exhibir las injusticias y los hechos de corrupción en un país que se supone ya cambió precisamente en ese sentido.

Frentes Políticos

1.  Apoyo mutuo total. Al encabezar la ceremonia por el Día del Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a algunos tropiezos, el balance de la historia le será favorable a las Fuerzas Armadas. En la Plaza de la Constitución se organizó un festival musical para las tropas de la Secretaría de la Defensa. El primer mandatario agradeció a los integrantes de la Sedena por el trabajo realizado en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la siembra de 9 millones de plantas para el Programa Sembrando Vida, entre otras actividades, pero también por su lealtad. La unión hace la fuerza. Y confirmó, además, que se trabaja en el abasto de medicinas con adquisiciones nacionales e internacionales. Este es un tema prioritario. No lo suelta ni lo soltará. 2. Se puede. La rápida investigación y captura de los presuntos responsables del asesinato de la pequeña Fátima es un rayo de esperanza en medio de la desazón que se ha sentido en los días recientes, desde que la niña de 7 años desapareció al ser entregada a un desconocido en la escuela. Las alertas se encendieron a todos niveles y el enojo tocó niveles pocas veces vistos. Las acciones de inteligencia e investigación que realizaron la Fiscalía, la SSC, Guardia Nacional y autoridades del Estado de México lograron que no quede impune un caso que sacudió las entrañas de la sociedad y trae un remanso de paz. La captura habla de que sí existe el cambio de rumbo. Claudia Sheinbaum prometió atraparlos y cumplió. Punto para la jefa de Gobierno, ahora no debe permitir que se les deje en libertad. Todo el peso de la ley para los responsables. 3. Voraz. En el discurso, Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Chiapas, afirma que “servir al estado es un gran compromiso, y desde cada uno de los espacios y responsabilidades se deben consolidar las acciones políticas”. Es evidente su voracidad por ganar los votos que le hagan gobernador. ¿Acciones políticas le llama al reciente ataque en contra de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y normalistas del estado? Presume estar “construyendo con orden, con mucha determinación el Estado de derecho que los ciudadanos reclaman” y es él quien debe dar la cara por la afrenta, que ha sido condenada por Presidencia y la CNDH. Brito ya se ve sentado en la silla, pero olvida que antes debe cumplir su tarea como conciliador en el estado. Se quiere comer el pastel antes de cocinarlo. 4. Hasta las últimas consecuencias. Esta frase tan trillada podría volverse real si las investigaciones siguen su curso natural. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se congelaron 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por su correlación en los casos de Altos Hornos de México y Odebrecht. Lo anterior lo informó al finalizar su participación en el Parlamento Abierto para la Reforma en materia de Subcontratación Laboral en la Cámara de Diputados. Nieto indicó que se han presentado cuatro denuncias más en contra de Lozoya y están dos investigaciones pendientes. Los nombres de sus cómplices, una bomba. 5. Aprovechado. Como una simulación calificó la Organización Familia de Pasta de Conchos, la decisión de Grupo México de entregar el título de concesión de “El Olivo”, la mina donde el 19 de febrero se registró una explosión que dejó un saldo de 65 mineros fallecidos, en la región carbonífera de Coahuila. En teoría, el empresario Germán Larrea pone así a disposición las instalaciones para rescatar los restos de los mineros que permanecen sepultados. Cristina Auerbach, directora de la organización manifestó que la minera sólo está entregando una parte, cuando debería de ser la concesión original. Las otras tres concesiones que conforman el conglomerado de Pasta de Conchos se las quiere quedar Larrea para extraer el carbón, lo que no pudo hacer porque no rescató los cuerpos ni restableció las condiciones de seguridad. El gana todo, le dicen.