Editorial EL UNIVERSAL / ¿Debería México implementar el modelo de Distritos de Mejora Empresarial?

Los fondos públicos a los que tiene acceso casi cualquier ciudad en el mundo, difícilmente serán suficientes para enfrentar todos sus desafíos como el de la seguridad, la limpieza, el cuidado estético de los edificios y lugares públicos o el desarrollo de infraestructura. Ante esta problemática, a finales de la década de los 60, un grupo de comerciantes de la ciudad de Toronto se organizó para proponerle al ayuntamiento la gestión conjunta del distrito en el que tenían sus negocios. Con este acuerdo el municipio seguiría prestando sus servicios, pero también recaudaría una cantidad extra de esos mismos comerciantes para financiar proyectos destinados a mejorar los servicios o el aspecto de esa zona. Así, un comité de la asociación de comerciantes gestionaría los fondos extras que el municipio recauda con el fin de de ejecutar y supervisar las obras que determinaron necesarias para su barrio. A esa nueva figura de gestión pública-privada se le llamó Business Improvement District (BID) o distritos de mejora empresarial en español. La fórmula exitosa de esa primera experiencia en la ciudad de Toronto se trasladó a otras ciudades canadienses y luego a Estados Unidos. Actualmente los BIDs existen en una veintena de países, y valdría la pena explorar la viabilidad de estos modelos de cooperación pública privada en algunas zonas metropolitanas de México.En Estados Unidos cada estado determina la figura jurídica y las normas de constitución de un BID, aunque en todos los estados se debe presentar al organismo municipal un modelo de gestión, una estructura organizativa, aportaciones, presupuestos y planes de acción. En el caso de que la constitución del BID sea aprobada por el municipio, la totalidad de los comerciantes de la zona, incluso los que no votaron su constitución, están obligados a financiarlo con las cuotas que se hayan previsto. El ayuntamiento recauda esas cuotas a través de una sobretasa al Impuesto de Bienes Inmuebles, el equivalente al Impuesto Predial en México, y posteriormente se las transfiere al BID.A pesar de que la ciudad de Nueva York dispone de un presupuesto anual de 92 mil millones de dólares, equivalente a una tercera parte del presupuesto de todo el gobierno federal en México, existen 70 BIDs en Nueva York que invierten en conjunto más de 100 millones de dólares cada año para mejorar los servicios públicos y la apariencia de sus respectivos barrios.Con un presupuesto de casi 20 millones de dólares anuales, el BID de Times Square Alliance en Nueva York es uno de los que tienen más recursos y reconocimiento en el mundo. Desde su fundación en 1992, el BID ha contribuido con la transformación de Times Square pasando de una ruidosa, insegura y contaminada intersección vehicular, a una zona completamente peatonal y dedicada a la cultura, a la convivencia y al comercio. Por ejemplo, las incidencias delictivas pasaron de 3,924 en 1993 a alrededor de 500 durante 2018; y los asistentes a las obras de Broadway casi se duplicaron en 2018 a 14.3 millones desde 7.8 millones en 1993. Además, en la zona se tienen registrados 20 mil cuartos de hotel en 2019, un incremento de 2,500 cuartos con relación a 2015, mientras que la tasa de ocupación hotelera promedio anual es de 92 por ciento, en comparación con 88% de ocupación en Manhattan.La crisis de seguridad que se vivía en Nueva York a principios de los noventa, fue la principal razón por la que se formó el BID de Times Square. En ese tiempo eran comunes los tiroteos en Manhattan, Central Park y el asalto constante a los visitantes de Times Square. Por ello, el BID de Times Square reclutó su propio cuerpo de seguridad, el cual no está armado y tampoco puede realizar arrestos, pero si está capacitado para reportar incidentes, se coordina con la policía de Nueva York y puede evitar delitos menores.De forma simultánea, las autoridades de la ciudad de Nueva York hicieron un importante esfuerzo para combatir la crisis de seguridad en la ciudad, con un incremento de 35% en la cantidad de policías entre 1990 y 2000, lo que fue el mayor aumento de policías que se experimentó en esa década, en cualquier metrópoli de Estados Unidos. Esto, acompañándose de tecnología con la puesta en operación de cámaras en casi cada esquina de la ciudad y de la política de “tolerancia cero“, la cual consistió en perseguir y castigar faltas menores con el fin de evitar delitos mayores.La ciudad de Nueva York solía ser un lugar a evitar, la gente estaba huyendo, pero el combate a la inseguridad y la recuperación de los espacios públicos la han convertido en una de las ciudades más prósperas y con una de las valuaciones inmobiliarias más altas del mundo. La tasa de homicidios en 2017 en la ciudad fue de 3.4 por cada 100,000 residentes, muy lejos de los 30.7 que se registraba en 1990.De la inseguridad y el abandono de negocios, ahora la prioridad del BID de Times Square es lidiar con la saturación peatonal en la zona, mejorar el manejo de basura, combatir el comercio informal, apoyar las casas de asistencia para vagabundos y hacer más agradable la experiencia para los visitantes y habitantes. No se trata de que el BID asuma competencias de gobierno, sino de fomentar sinergias entre el gobierno local y los habitantes de la zona, de que la iniciativa privada contribuya a definir cómo se mejora el espacio público con el fin de hacer los barrios más prósperos y sus negocios más rentables, al poner a las personas de la comunidad en el centro de la política pública. OPINIÓN / La responsabilidad de Sheinbaum y la muerte de Norberto Siempre he pensado que es excesivo exigir la renuncia de un gobernante por la falla de un cualquier servidor público bajo su jerarquía y poder de mando. Es responsable del comportamiento de los inmediatos, pero no de todos. La administración pública es una organización que opera a través de competencias distribuidas entre una infinidad de órganos y los titulares de cada uno de ellos son los responsables de ejercer debidamente sus competencias. No es correcto política o administrativamente, ni mucho menos con consecuencias jurídicas atribuir un error de una instancia de primer contacto con la población o en la base de la pirámide organizacional a la cúspide de la misma. El secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo indigna. El dolor y el miedo explican que los familiares y algunas organizaciones de la sociedad civil pretendan culpar a Claudia Sheinbaum de lo ocurrido. Sin embargo, esto no es correcto, pero tampoco es válido que la jefa de gobierno quiera sacudirse el problema actual de incremento de la inseguridad acusando a sus antecesores o que se defienda alegando que hay un complot contra ella. Ambos son discursos falaces. Mejoró mucho el discurso gubernamental cuando asumió su responsabilidad e instrumentó acciones. Las cifras –seguramente ya saben quién tiene otras- son concluyentes. En los últimos seis meses los delitos han aumentado significativamente en la Ciudad de México, incluido el secuestro. Por ello, hay una preocupación social real, que no es inventada por los colectivos, ni las organizaciones de la sociedad civil. La principal causa es una común a muchos de los problemas que se han agudizado con la 4T (la restauración del autoritarismo). El gobierno está paralizado, carcomido por la ignorancia y la consecuente soberbia. Las unidades antisecuestro, como ha sucedido con otras instancias gubernamentales, fueron desmanteladas por la austeridad draconiana y los recortes de personal y presupuestarios sin sentido. No es criticable que el nuevo gobierno renueve cuadros directivos de la administración. Lo incorrecto es que remueva a los servidores públicos de antaño por el puro “sospechosismo” que deriva de su supuesta colaboración con el neoliberalismo y no los sustituya con personas capaces para el puesto o que deje vacantes los cargos en manos de un encargado del despacho indefinidamente. Esto ya pasó con la contingencia ambiental sufrida y ahora con los secuestros. ¿Cuántos temas más afloraran en los próximos meses? Todos los que el lector se quiera imaginar. La curva de aprendizaje de los funcionarios bisoños lamentablemente será larga, ya que todavía no se han dado cuenta que la mayoría de los problemas son estructurales y que con la saliva discursiva o acciones improvisadas no se van a resolver. Es previsible la acumulación de más rezagos por varias razones: un mal diagnóstico –todo es corrupción-; menos recursos humanos, peor pagados y desmotivados; escasez de presupuesto que se concentra en el rescate de PEMEX y cubrir los hoyos abiertos por las malas decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto, y un conflicto permanente con empresarios, los medios de comunicación, los científicos, la clase media, los sindicatos, los órganos autónomos e intergubernamentales (grilla constante entre los miembros del gabinete, las cámaras y la dirigencia de morena). Para mal de los capitalinos, Claudia Sheinbaum será un foco de las insuficiencias y rezagos porque la Ciudad de México es una caja de resonancia nacional y porque es precandidata natural para el 2024 y sus compañeros de partido serán los primeros que magnificarán sus problemas y la falta de solución a los mismos. Lo anterior es lo que explica la reacción tan virulenta en su contra, aunque ella no sea responsable de la buena o mala investigación, que corresponde al ministerio público, pero si es una alerta sobre la urgencia de contener la inseguridad en la Ciudad. Sin embargo, es conveniente que alguien le informe a la Jefa de Gobierno que el actual Presidente de la Corte, Zaldívar Lelo de Larrea, en el caso de la guardería de ABC defendió en su proyecto de sentencia que el Director General del IMSS era responsable de los hechos que sucedieron en Sonora por falta de supervisión. En esa lógica jurídica, que no comparto, Claudia Sheinbaum es responsable de la tardanza en la investigación del secuestro y de toda irregularidad que suceda en la administración pública de la Ciudad de México. Esto es un absurdo. Claudia Sheinbaun no debe ser acusada injustamente, pero el plazo para mostrar un cambio en las tendencias de aumento de los delitos disminuye más rápidamente después del caso Norberto. Todos esperamos que le vaya bien, en beneficio de los habitantes de nuestra noble Ciudad de México. P.D. Mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Norberto, a quien la avaricia y maldad humana le impidieron realizar sus sueños. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

Frentes Políticos 1. ¡Seguridad! Luego de filtrarse la nómina legislativa y revelarse públicamente los salarios de algunos altos funcionarios del Senado, hubo a quienes se les antojó el viaje. Las jugosas cantidades despertaron a algunos ambiciosos, ninis legislativos que pululan por los pasillos, como el caso del denunciado en 2014, Fernando Bretón. De triste memoria, el funcionario panista, entonces director de Comunicación Social del grupo parlamentario, utilizó a personal pagado por el PAN para dar servicios de prensa y difusión a Ana Julia Hernández, asambleísta del PRD. Por esa labor, Fernando Antulio Bretón Mora Pineda cobró 239 mil 821.75 pesos en siete meses, además de su sueldo. Pues a ese mismo se le vio, con papeles impresos en mano, repartiendo su CV a senadores en la sesión del periodo extraordinario. ¿Y la seguridad? ¿No que muy reforzada? 2. Manos a la obra. Los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, de El Salvador, firmaron un programa de cooperación que incluye la transferencia directa de 30 millones de dólares a ese país centroamericano como parte del plan integral de cooperación para la región propuesto por el gobierno mexicano para ayudar a frenar el flujo de migrantes hacia EU. El proyecto pretende reforestar 50 mil hectáreas y prevé generar 20 mil empleos. Los mandatarios se reunieron para tratar la crisis migratoria. “Tienen un Presidente de lujo”, dijo el visitante, quien precisó que no será fácil cambiar el rumbo, pero se está en la ruta correcta. Ayuda real, no palabras. Que venga la solución. 3. A conciencia. El buen trabajo de inteligencia reditúa. Autoridades de Chihuahua, en coordinación con el Ejército mexicano, detuvieron a dos importantes líderes del cártel Gente Nueva y cuatro de sus cómplices. Traían asolados a los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Carichí, San Francisco de Borja y Nonoava; en este último establecieron su centro de operaciones. Javier Corral, gobernador estatal, calificó el hecho como “un duro y certero golpe a la delincuencia”. Los detenidos formaban un grupo muy violento en la región del noroeste de Chihuahua y en la Sierra Tarahumara. En la captura fueron asegurados vehículos robados, armas de fuego de grueso calibre, entre ellas granadas de fragmentación, un lanzagranadas y más de 2 mil 500 cartuchos. Que cada entidad hiciera lo propio… ¿Pueden? 4. Reprobado. Guanajuato no tiene salvación. El bloque conformado por el PRI, Verde y Morena presentó un análisis del incremento de inseguridad reportando en los últimos tres sexenios, y son los siete meses de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo los que señalan más homicidios dolosos: mil 138. Los dirigentes midieron el arranque de las administraciones de Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y Rodríguez Vallejo, este último con un incremento de ¡478% en homicidios! Sergio Contreras Guerrero, del Verde; Alma Alcaraz, de Morena, y Celeste Fregoso, del PRI, señalaron que el estado ha vivido en mentiras y negligencia de las autoridades. “El PAN ha descompuesto nuestro estado y siguen sin hacer nada para detenerlo”, señaló Alcaraz. Números contra números, el góber dice que va bien y las encuestas lo avalan. Alguien miente. 5. El valiente. “Si no hay resultados en un año, me voy”, aseguró Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, a legisladores de la Diputación Permanente del Congreso capitalino. Durante su comparecencia expuso que comprende la prisa y urgencia de la ciudadanía y se manifestó convencido de que de no hacerlo el problema de la inseguridad no se resolverá de manera permanente. Según el jefe policiaco, el incremento del homicidio en mayo pasado respondió a que el gobierno federal arrestó a tres de los principales líderes de las organizaciones generadoras de mayor violencia, al líder de la Unión Tepito, de la Anti Unión, así como al cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación. Un año. Cuenta regresiva: 364…  

Bitácora del director / ¿Estamos por ver la primera reforma electoral regresiva?

Desde 1963, México ha tenido prácticamente una reforma electoral por sexenio. Algunas han sido más profundas que otras, pero todas han tenido la característica de ampliar, en alguna medida, las libertades y los derechos de las minorías en el escenario electoral. Eso no quiere decir que el contenido total de todas esas reformas haya sido un éxito desde el punto de vista de la democracia, pero creo que la mayor parte de él ha sido producto de la buena fe y ha reflejado un esfuerzo por construir consensos. La reforma de 1963, promovida en la última etapa del gobierno de Adolfo López Mateos, se creó la figura de los “diputados de partido”, antecedente de los plurinominales, lo cual permitió que la oposición entrase en la Cámara baja en mayor número. La primera vez que se puso en práctica, en las elecciones de 1964, el principal partido de oposición, el PAN, obtuvo 20 diputaciones. Fue un cambio importante, pues permitió que los candidatos perdedores en un distrito accediesen a la Cámara si obtenían al menos 2.5% de los votos. Dicha prerrogativa se redujo a 1.5% en 1972. En la reforma de 1977, se amplió el número de integrantes de la Cámara de Diputados –de 186 a 400– y se introdujo la figura de los diputados de mayoría relativa o plurinominales. Además, se otorgó el registro al Partido Comunista Mexicano y al Partido Demócrata Mexicano, afiliado a la Unión Nacional Sinarquista. Uno de izquierda y uno de derecha. En 1983 se incrementó la representación proporcional a estados y municipios. En 1986, se aumentó a 500 el número de diputados, con 200 de representación proporcional. Encima, se legisló para que ningún partido pudiese tener más de 350 escaños en San Lázaro, con lo que la presencia de la oposición creció hasta 48% entre 1988 y 1991. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) para reemplazar a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, como instancia organizadora de los comicios. Asimismo, la Cámara de Diputados dejó de calificar las elecciones para otorgar esa responsabilidad al Tribunal Federal Electoral (Trife, luego TEPJF). Y se redujo a 300 el número máximo de diputados por partido. En 1996, se ciudadanizó al IFE, con lo que el gobierno federal dejó de controlar las elecciones. Y se creó una lista nacional para integrar la cuarta parte del Senado de la República. En 2007, en atención a las quejas que presentó el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se diseñó un modelo de comunicación política que puso en manos del IFE la administración de los tiempos del Estado destinado a la propaganda electoral, de uso exclusivo de los partidos políticos, y se prohibió que particulares pudiesen comprar espacios en medios electrónicos con ese fin. En 2014, se aprobaron las candidaturas ciudadanas y se transformó al IFE en INE para adquirir más responsabilidades sobre los procesos electorales locales, que hasta entonces sólo había sido para dotarlos del padrón. Sería mentira sostener que dichas reformas fueron perfectas pues, al tiempo que desterraron unos vicios, crearon otros. Pero sí se puede decir que, en general, representaron pasos adelante. La mejor prueba de ello es que, hoy en día, 60% de los comicios terminan en alternancia. Sin embargo, el nuevo oficialismo pretende acabar con muchos de esos avances. La reforma electoral que quiere Morena, el partido del gobierno, busca controlar al Consejo General y los consejos locales del INE, entre otras cosas. Permitir que eso suceda significaría la primera regresión en materia electoral desde 1963. Toca a la ciudadanía defender su sistema electoral –que, sin duda, puede ser perfeccionado y abaratado–, pues ha costado un gran esfuerzo construirlo.