Editorial EL UNIVERSAL /De la crisis a la acción

En la última década el reto más importante para cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal) ha sido disminuir los índices de violencia. Las cifras actuales marcan que las estrategias aplicadas no están siendo totalmente exitosas, que algo se frena a medio camino porque los esfuerzos iniciales en general tienen buenos resultados, pero al poco tiempo se revierten. ¿Se baja la guardia? ¿Se pierde constancia en las acciones? ¿Se relajan los controles? En este tema la autocrítica es escasa. Por el contrario, las autoridades usualmente se esfuerzan en presentar estadísticas a modo para mostrar cualquier leve mejoría. En la Ciudad de México la situación de inseguridad se acentuó desde hace algunos años, a pesar de que tiempo atrás se le consideraba ejemplo de tranquilidad. El gobierno que tomó el poder en diciembre de 2018 es consciente de lo grave de la criminalidad y hasta ahora no ha esquivado el tema. Este lunes la Procuraduría capitalina reconoció la existencia de una crisis en materia de violencia, que se ve reflejada en el número de homicidios dolosos que se registran. Las cifras oficiales colocan al periodo enero-abril como uno de los más violentos en los últimos 10 años en la Ciudad de México, con un total de 380 víctimas por arma de fuego. Enero tiene la cifra más alta, con 108, seguido de marzo (107), abril (91) y febrero (74). A petición de este gobierno, fiscales y peritos franceses realizaron durante los últimos dos meses un diagnóstico de la operación diaria en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. La conclusión muestra datos que la mayoría intuía o tenía conocimiento: carencias y deficiencias de los policías locales al momento de investigar un crimen de alto impacto. Se encontró que quienes deberían estar resolviendo los crímenes repartían documentación, se desempeñaban como choferes o realizaban tareas ajenas a su responsabilidad. Seguramente una investigación seria realizada por funcionarios del mismo gobierno capitalino habría hechos hallazgos similares. La ciudadanía agradece que los gobernantes reconozcan los problemas sin tratar de esconderlos, evadirlos o de responsabilizar a gobiernos previos. Es una señal de honestidad. Para la administración de la Ciudad admitir la crisis en el tema de seguridad debe servir para ajustar lo que no está funcionando y de reforzar controles donde se requiera. Los resultados con seguridad tomarán más tiempo de lo estimado, pero es necesario que se sienten las bases de un nuevo modelo que deje de ser únicamente reactivo para avanzar en la impartición de justicia y en investigación policiaca. OPINIÓN / La austeridad, ¿un exceso?

Primero fue el plan de austeridad y un presupuesto para 2019 con amplios recortes, pero no fue suficiente. Luego vino otro recorte que llegó en forma de Memorándum el pasado 3 de mayo. Se habló de quitar los excesos y los abusos de la alta burocracia. El propio AMLO lo repite de forma permanente en la consigna de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. En principio suena muy republicano, incluso hasta juarista con eso de vivir en la “justa medianía”. El objetivo general resulta razonable y necesario en un país con tanta pobreza y desigualdad. Sin embargo, el exceso de austeridad se ha vuelto problemático y propicia un malestar en donde ya suenan alarmas. ¿El gobierno de AMLO comienza a traspasar fronteras en donde ya no se trata de quitar privilegios y grasa, sino el músculo de actividades que pueden impedir la buena marcha del país y generar consecuencias negativas? Ha sido muy polémica la Ley de Austeridad Republicana que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esa ley se suman medidas extraordinarias como el Memorándum del 3 de mayo, cuya conclusión es que todo lo ahorrado será para “incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex”. La operación austeridad va en ruta de un de estrangulamiento de la administración pública. Se entiende que hay un cambio de prioridades, pero hay áreas que no son sacrificables simplemente porque se interrumpe la marcha de las instituciones. Los proyectos que AMLO considera estratégicos, como el rescate de Pemex, se imponen con un costo en donde hace rato que se dejó atrás la austeridad republicana y quizá hemos entrado a una etapa de ‘gobierno pobre y pueblo mal atendido’. En una declaración mañanera de hace un poco más de tres meses el presidente habló de pasar a una fase superior, es decir, “de la austeridad republicana a la pobreza franciscana” (EL UNIVERSAL, 2 de febrero de 2019). La prioridad, según AMLO, es la transferencia de recursos directos al pueblo, pero a un pueblo mal atendido. Hoy vemos que los ahorros se irán a una empresa cuyo rescate se ha vuelto una tarea central del gobierno de la 4T. Se ha preguntado mucho por qué no hacer una reforma fiscal y arreglar la recaudación para que ya no haya trampas al fisco. El día de ayer se firmó un decreto importante en donde se cancelan las condonaciones fiscales. En los dos sexenios anteriores se condonaron 400 mil millones de pesos (EL UNIVERSAL, 20/05/2019). Sin duda es un paso adecuado. ¿Una mejor recaudación podría aligerar los recortes? Parece que no sucederá así. Las tijeras de jardinero, de las que hablamos aquí hace unos meses, no alcanzaron y en su lugar se ha sacado una podadora que con mucha velocidad cortará el resto: plazas (desocupar, devolver); cualquier comisión al extranjero tendrá que ser aprobada por el titular del Poder Ejecutivo, lo cual es un exceso, no solo por la desconfianza en el gabinete, sino por la enorme centralización; más recorte al gasto en útiles de oficina, combustible, impresoras; reducciones en viáticos, pasajes, comunicación social y un largo etcétera. La administración pública es una maquinaria compleja y sofisticada, y se necesita entender sus dinámicas y sus componentes. La podadora corta parejo y se llevará partes que son necesarias. El país no funciona sólo con los empleados de base, porque quien tiene el conocimiento y la especialidad para mover al elefante son a los que se recorta. ¿Con la pobreza franciscana funcionará el gobierno? Los impactos de la austeridad en el sector de ciencia se anuncian como una amenaza peligrosa. En los Centros Públicos de Investigación (CPIs) hay una preocupación genuina porque el estrangulamiento pone en riesgo la generación de conocimiento y la buena marcha institucional. Muchos de los problemas nacionales que necesitan de conocimiento requieren recursos para laboratorios, trabajo de campo, formación, construcción de redes, publicaciones, y todos se verán afectados. Algunas CPIs proponen que se les exima de ciertos recortes para que puedan realizar sus actividades y objetivos fundamentales y que no se afecte el desarrollo científico y tecnológico del país. ¿Cuánta austeridad más aguantará el país?

Frentes Políticos 1.  Proyecto de nación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó ante diputados que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 “será apegado a nuestros intereses y necesidades, no a las del mercado, o a los de otros países”. Explicó que “apostamos por un cambio de mentalidad en la vida pública, en la política y, sobre todo, generar nuevas formas de vivir en México: con libertad, con posibilidades, garantías de vida digna, sin violencia, con trabajo y una economía fuerte”. Al inaugurar los foros y análisis de discusión del PND, dijo que éste se aleja de los textos grandes y presuntuosos que no reflejaban la realidad mexicana. Afirmó, además, que el documento es claro en donde se reafirma el compromiso de separar el poder político del económico. Lo único importante, señores, es que funcione. 2. Puras quejas. Iniciaron los foros de parlamento abierto para el análisis y discusión del proyecto de nación. Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo no cuenta con indicadores y metas; en tanto que Laura Gurza, directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, subrayó que el PND no cuenta con elementos medibles y, por lo tanto, no permitirá conocer el grado de avance y el desarrollo. Además, Clara Jusidman, presidenta del Consejo Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, advirtió que la austeridad disminuye peligrosamente el adecuado manejo de las instituciones públicas. ¿Pero, entonces, qué proponen? 3. Ajustes. Ante las versiones de que el servicio de Turissste desaparecería, el organismo aclaró que como parte de la reestructuración del gobierno federal, se determinó, a través de su Junta Directiva, compactar estructuras para eficientar la operación administrativa. El personal de las 30 oficinas que fueron cerradas desde el pasado 16 de mayo será reubicado, en los casos de personal de base sindicalizados, por lo que sólo se prescindirá de los servicios de, aproximadamente, 200 trabajadores de confianza. Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, se comprometió a dar servicio de Turissste a los 13 millones de derechohabientes. Se armó el alboroto. ¿Por qué no avisan antes? 4. La lucha infinita. José Luis Chávez, jefe de la Unidad de Control y Evaluación de la Secretaría de la Función Pública, confirmó la creación de dos subsecretarías, la de Combate a la Corrupción y la de Combate a la Impunidad. Durante el Congreso Análisis de Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el funcionario detalló que en 2016, 6 de cada 10 empresarios admitieron haber entregado sobornos, mientras que tres millones de ciudadanos entregaron alguno para hacer un trámite. Y lo peor: sólo 3 de cada 10 funcionarios públicos investigados por corrupción fueron suspendidos. De ese tamaño es el cáncer. ¡Nada nuevo, pero hay que remediarlo! 5. Unión y calma. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reunió con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con la intención de construir un acuerdo de pacificación entre todos los actores políticos. En este acuerdo para la concordia estarían incluidos la jefa de Gobierno, los gobernadores y el gobierno de la República, “pero me pide sumar a la clase patronal, a la clase trabajadora y a otro grupo a hacer un llamado a la firma”, dijo Pancho Domínguez. Algunos puntos a tratar son el combate a la corrupción, el abatimiento de la pobreza, así como la pacificación del país. Y lo mejor, el diseño de dicho acuerdo será coordinado por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Todos a bordo o esto no funcionará. Bitácora del director / Con la lana que se paga un domingo en las carreteras de cuota

Ayer, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un decreto con el que se acaban las condonaciones de impuestos. “Con este decreto –anunció– se recuperará la Constitución en letra y espíritu, para que todos contribuyamos, pues en los últimos sexenios, esto significó alrededor de 400 mil millones de pesos”. López Obrador dijo que las condonaciones de impuestos habían creado, en los dos sexenios anteriores, “un huachicol de cuello blanco” y que la decisión tenía el propósito de recuperar la progresividad en el pago de impuestos. “Que contribuyan más quienes más ingresos tienen”, afirmó el Presidente. Pocos mexicanos deben estar en contra de tal declaración de principios, que suena absolutamente justa. El problema es que parece estarse secando una laguna en la recaudación para abrir campo a otras. Una de ellas ha aparecido en el peaje que pagan los mexicanos en las carreteras de cuota. Se calcula que más de un millón de vehículos cruza diariamente por alguna caseta de cobro del país y que, en días en que arrancan o terminan las vacaciones, unos 400 mil usan las autopistas que conectan a la capital con otras ciudades del país. En “Caseta de cobro”, una canción de 1987, El Tri se preguntaba qué se podría hacer con el dinero que se pagaba un domingo en las carreteras de cuota si “papá gobierno” dejaba de usarlo en sus viajes, sus viejas, sus casas y sus guaruras. Alex Lora y sus muchachos especularon entonces que con esa suma, puesta a buen uso, se podría pagar la deuda externa, dar la vuelta al mundo, financiar la construcción de otro Estadio Azteca o comprar muchos kilos de mota. Sin embargo, el imaginario de los grupos que viven la extorsión ha llegado más lejos. Ese dinero debe usarse para “liberar a los presos políticos”. Por lo menos ése es el propósito que dicen tener quienes –un día sí y otro también– toman las casetas de las carreteras México-Cuernavaca, México-Querétaro y varias más. Se trata de un problema creciente, que usted quizá ya haya atestiguado: gente organizada que llega a las casetas de cobro y, con violencia o intimidación, desplaza al personal que recoge el peaje y obliga a los conductores a pagarle una extorsión, que eufemísticamente llama “cooperación”, mientras el personal de seguridad se queda mirando. Intente usted pasarse de listo con esos extorsionadores y casi seguro le pintarán en el vehículo las siglas de una supuesta organización social o alguna consigna política trillada, con pintura de aerosol. Al gobierno federal ese tipo de huachicoleo quizá lo tiene sin cuidado. Igual que el de los clientes tabasqueños de la CFE, que se han pasado un cuarto de siglo sin pagar la luz.    BUSCAPIÉS “¿Pueden venir por su comisionado?”, es el mensaje que ya se acostumbraron a recibir en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Y es que, con frecuencia, el recientemente nombrado José Alberto Celestinos Isaacs se baja del elevador en el piso equivocado y pide a la recepcionista de un despacho contable le indique cuál es su oficina. El órgano de gobierno de la CRE –al que, en abril pasado, se integraron cuatro nuevos miembros, propuestos por el presidente López Obrador, y entre ellos, Celestinos– lleva casi tres meses sin reunirse por falta de quorum, tiempo en el que no ha otorgado permisos en materia eléctrica, gas natural, petrolíferos o petroquímicos.