Editorial EL UNIVERSAL / ¿Hay ruta en el caso Ayotzinapa? Pocos hechos en la historia moderna de México han estremecido a la sociedad, a la autoridad de los tres niveles de gobierno, a la procuración e impartición de justicia como la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa durante la noche del 26 al 27 de septiembre hace cinco años.  La reacción tardía para comprender la dimensión del problema marcó al anterior gobierno federal. Los intentos de justicia iniciados culminaron en una verdad histórica, que dejó varias interrogantes y desechó planteamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hizo una revisión del caso. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarar la desaparición de los normalistas daría paz y tranquilidad a todo el país. En entrevista con este diario, la presidenta del organismo regional menciona que debe haber responsables sin importar que entre ellos se encuentren altos mandos. “Eso engrandecerá al sistema de justicia”, menciona. Cuarenta y tres estudiantes que viajaban en autobuses no pudieron desaparecer en cuestión de horas sin que al menos las autoridades locales tuvieran datos del hecho. El pleno esclarecimiento de lo que ocurrió en esa noche se ha alargado demasiado. La rapidez tampoco ha sido una característica del gobierno actual, aunque a diferencia de la administración previa hay reuniones periódicas con los padres de los 43 jóvenes y disposición para escucharlos.  Tiene razón la presidenta de la Comisión Interamericana al afirmar que las investigaciones del nuevo gobierno no han avanzado con la celeridad que se esperaba y que es necesario investigar a los funcionarios de más alto rango que pudieron estar inmiscuidos en el delito o en la obstaculización de las indagatorias.  Hace unos días se dio a conocer que se buscará iniciar procesos contra exfuncionarios como Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón por incumplir con sus responsabilidades, luego de que 24 inculpados en el caso fueron liberados. Los propios padres han insistido en esa demanda, sin embargo, no debe asumirse que ese es el objetivo central.  Es cierto que deben investigarse afirmaciones de testigos como lo publicó EL UNIVERSAL este lunes, en el sentido de que hay declaraciones que se obtuvieron por tortura, lo que automáticamente las invalida.  Pero lo importante es conocer qué corporaciones policiacas, qué autoridades locales, estatales o federales podrían estar implicadas y, por supuesto, conocer qué pasó con los jóvenes. Es urgente que el gobierno trace una ruta bien definida y no alimente con falsas esperanzas a padres y madres de los desaparecidos. Frentes Políticos

1.  Los números no mienten. “En Quintana Roo condenamos y combatimos la violencia”, aseveró el gobernador Carlos Joaquín González. No es una frase hecha. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto los delitos de menor incidencia son robo de vehículo, en el lugar 28 a nivel nacional; robo con violencia, en 27; feminicidio y extorsión en el 21, violencia familiar, 4; robo a casa habitación, 9, y robo a negocio en el quinto sitio. El gobernador afirma que en las administraciones anteriores hubo colusión de políticos y delincuentes, pero eso se limpia día a día. La estrategia funciona. La firmeza en estos momentos llevará a la paz. Se nota que el compromiso sigue latente por un Quintana Roo sin violencia. No bajar los brazos. 2. Otra vez el Plan B. Ellos creen que se les ha ocurrido la mejor idea. La Cámara de Diputados utilizará un acceso del Metro Candelaria como “túnel de emergencia” para evitar que los manifestantes cierren todos los accesos al recinto y, así, provoquen parálisis legislativa. El gobierno capitalino comenzó las obras para enrejar una de las puertas del Metro que conecta con la Puerta 4 del recinto legislativo. La Cámara necesita concretar un convenio con el Metro para montar las puertas. A más tardar, la semana próxima quedaría listo el proyecto. ¿No sería más fácil resolver los problemas a quienes se manifiestan en contra de los legisladores? Esta “vía de escape” no los resuelve de fondo. 3. Los tiempos no cambian. A casi cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la molestia no termina. Sus padres realizaron un mitin en el Palacio de Justicia de Iguala, junto con estudiantes, que culminó en destrozos. El objetivo fue exigir que entreguen los videos de las cámaras de seguridad de ese lugar, en ese momento a cargo de la magistrada Lambertina Galeana Marín, y que captaron la noche de los hechos y que supuestamente desaparecieron. Exigieron al gobierno mexicano que investigue al exmandatario de Guerrero, Ángel Aguirre, y a quien era fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera. Cinco años han transcurrido y las versiones se atropellan. Los señalan de ocultar información y falsear declaraciones sobre lo ocurrido. Hace un lustro por la noche, en la redacción, pensamos: este tema va a crecer. No imaginábamos cuánto. 4. Gastazo. Un grupo de cerca de 40 extrabajadores del Senado, que entraron por recomendación de Martí Batres, expresidente de la Mesa Directiva, se organizaron para exigir una liquidación que implicará un promedio de 380 mil pesos por cada uno. Lo que implica una erogación no prevista de 15 millones de pesos. Los extrabajadores, dados de baja a partir del 15 de septiembre, argumentan que, al haber ocupado una plaza de estructura en el Senado, tienen derecho a una liquidación, aunque algunos de ellos no cumplieron ni el año de laborar. Entre ellos están Federico Anaya, quien fuera el consejero jurídico de Batres, así como Omar Huitrón, el subcontralor que aseguró haber cursado la licenciatura en un año y ser pasante de maestría, sólo un mes después. Fácil manera de ganarse la vida. ¿Que los nuevos no eran como los de antes? ¡Bah! La demagogia no muere, sólo se transforma. 5. Enjundia, compañero. El pasado fin de semana el presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que ya trabajan rumbo a la elección de 2021 y que sus puertas están abiertas para fortalecer el partido. Se preparan herramientas institucionales de inclusión de las minorías y de unidad partidista en su intento por hacer crecer a la militancia. ¿Entonces será bien vista la comunidad LGBT?, ¿comulgarán con quienes le dicen sí a los matrimonios igualitarios? Bien por ellos. Informó, además, que el PAN trabaja en la nueva generación de servidores públicos humanistas. Olvidémonos, entonces, de los moches, las fiestas, los excesos, los osos internacionales y otros términos que Acción Nacional hizo famosos. “Ya trabajamos hacia la elección de 2021”. Qué bueno, porque la cuesta está empinada.