Editorial EL UNIVERSAL / Las irregularidades del NAIM

Una de las razones que se argumentaron para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue que en la obra había intereses personales y de grupo que buscaban hacer negocios al amparo del poder público; además de que era parte del combate a la corrupción. Desde el gobierno federal no se fue más allá de las declaraciones. Aunque a nadie habría sorprendido el hallazgo de irregularidades en los contratos asignados en el sexenio anterior para la edificación de la terminal aérea, nunca se mostraron evidencias de los malos manejos ni se conoció de indagatorias sobre los recursos ejercidos. Ha sido a través de investigaciones periodísticas como se han ido conociendo anomalías en torno al proyecto. Este martes EL UNIVERSAL aporta más información al revelar que 45 empresas fantasma recibieron mil 778 millones de pesos para proveer bienes e insumos que se destinarían a la construcción de la barda perimetral y a la ejecución de obras pluviales. La dependencia responsable de asignar los contratos en esos casos fue la Secretaría de la Defensa Nacional. En una revisión a 284 contratos realizada por el área de Periodismo e Investigación de Datos de esta casa editorial, se encontró que 117 fueron asignados a 45 empresas con irregularidades como ser propietarias de prestanombres, pues sus supuestos dueños son veladores, albañiles, estilistas, policías o beneficiarios de programas gubernamentales. Como ejemplo, los socios fundadores de la constructora Osercy son tres personas de escasos recursos. En entrevista, uno de ellos deja entrever que hubo un manejo ilegal de sus datos personales. Refiere que a cambio de ser inscrito en un programa social de la entonces Sagarpa, firmó unos documentos y entregó una copia de su credencial de elector. Es la segunda ocasión que se mencionan presuntos desvíos en las obras del NAIM. En enero de 2019 EL UNIVERSAL dio a conocer un informe de la Policía Federal que señalaba opacidad e irregularidades en los contratos adjudicados directamente a la Sedena para la construcción de la barda perimetral, nivelación de piso y la pista seis. Son muchos datos que deberían comenzar a ser tomados en cuenta por el gobierno actual para realizar una investigación a profundidad. Fueron muchos miles de millones de pesos del erario que merecen una explicación sobre su destino. Para el nuevo aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía, el NAIM tendría que ser ejemplo de lo que busca erradicarse: opacidad, irregularidades y derroche. Lo que caracterizó al sexenio anterior tiene que revertirse en la administración lopezobradorista. Es lo menos que se espera.

Frentes Políticos 25 de Febrero de 2020

1. No se le va una. Ricardo Monreal supo atemperar el ambiente y desde la Junta de Coordinación Política del Senado se anotó un primer triunfo en las negociaciones para regular la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a la subcontratación. Se instaló la mesa interinstitucional que construirá, artículo por artículo, las nuevas reglas que aplicarán al outsourcing. Concilió con los diversos sectores relacionados con el tema y se vislumbró la creación de un registro nacional de empresas que se basan en ese esquema. Así, se garantizó escuchar a todas las voces. Los participantes en el análisis dijeron sí a la regulación del outsourcing, el mismo tema que el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, empantanó con su postura de satanización. Auténtica participación de todos los sectores, conscientes de que, lejos de tratarse de una cacería de brujas, es un ejercicio democrático urgente para la salud de las finanzas. Y eso es lo que interesa a todos los mexicanos. 2. Una afrenta tras otra. Un incontable número de mujeres son violentadas al día en México, en distintos grados. Y uno de los casos más significativos es el que acusa a Juan Antonio Vera Carrizal como autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Pues a unas horas de la instalación de anuncios espectaculares con la ficha de búsqueda y localización, algunos fueron vandalizados por personas desconocidas, confirmó Rubén Vasconcelos, fiscal general de Oaxaca. “No obstante, advirtió, esta eventualidad no limitará nuestra actividad para su búsqueda”. Reconoció que es complicado identificar a aquellos que causaron los cortes en las lonas. Aunque, en caso de detenerse en flagrancia a los responsables “se les podrían fincar cargos por daños”, dijo. Pretender borrar así el delito sólo enciende más la sed de justicia. 3. Resultados. La gigante italiana de las energías renovables, Enel Green Power, anunció nuevas inversiones en México. Durante la gira de trabajo de promoción que realizó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, por Europa, tuvo una reunión con el CEO de la empresa italiana en México, Paolo Romanacci. Un reporte oficial que retoma Energía Limpia XXI indica que se podrían invertir mil millones de pesos para asentar un proyecto de generación de energía eléctrica fotovoltaica en el estado, anunció Fayad. Romanacci reconoció el apoyo que ha recibido la empresa para concretar el proyecto en el menor tiempo posible. Aquí sí se saben el ABC del desarrollo. Pregúntenle a Fayad. 4. Entidad perdida. En apariencia, dos notarios públicos, un alcalde de Tuxtla, su secretaria general y el director de Tenencia de la Tierra hicieron a un lado la ley y la desafiaron. De un plumazo borraron del mapa urbano 38 años del patrimonio de doña Candelaria Irma Pérez Torres, a quien despojaron de un predio adquirido en 1982. Nadie se hace responsable ni se hace cargo para acelerar las investigaciones, aplicar la ley y devolverle su morada a esta mujer, viuda, con 63 años de edad. La mala obra es del exedil Fernando Castellanos Cal y Mayor, y los notarios Efrén Cal y Mayor Gutiérrez y Juan Antonio Sánchez Hernández. ¿Y el gobierno de Rutilio Escandón hace algo? Sí, permitirlo. Ah, pero el 9 de marzo autoridades del estado le dirán no a la violencia contra las mujeres. Tan falsos como sólo ellos. 5. Firmeza. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, advirtió que su administración no negociará la aplicación de la ley y habrá sanciones, si así se determina por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en contra de exfuncionarios colaboradores de Antonio Gali Fayad. Luego de que la Auditoría Superior del estado detectó irregularidades por 10 mil 89.6 millones de pesos, Barbosa dijo que esto se trata de una revisión a las finanzas públicas, pero no es el resultado final, por lo que apoyará cualquier tipo de sanción. Refirió que los entes fiscalizadores se encargarán de determinar las responsabilidades administrativas e incluso penales en contra de exfuncionarios panistas. ¿Irán a la cárcel y regresarán el dinero hurtado? Eso es lo importante.