Editorial EL UNIVERSAL / Venezuela: dilema diplomático

El jueves Venezuela amaneció con dos presidentes y el mundo dividido en torno a esa situación. Un grupo de al menos 12 países americanos, encabezados por Estados Unidos, dio su respaldo total a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela. Otro grupo, conformado por Bolivia, Nicaragua, Irán y Turquía, con Rusia al frente, expresó su reconocimiento pleno a Nicolás Maduro, cuestionado mandatario que hace unos días inició un nuevo periodo presidencial. Sin reconocer de manera plena a Guaidó, la Unión Europea dio su apoyo a la Asamblea Nacional. ¿En este escenario dónde queda México? El gobierno federal ha fijado como política exterior la postura establecida en la Constitución de no intervenir en los asuntos internos de otros países y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Un principio basado en la Doctrina Estrada, formulada hace casi 90 años por Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores en 1930. México queda, entonces, del lado del gobierno de Maduro. A casi un siglo de distancia, sería pertinente debatir las implicaciones de ese planteamiento. En estas páginas Enrique Berruga ha señalado el riesgo de un aislamiento. En el futuro, ante alguna petición de respaldo, el gobierno mexicano podría darse cuenta de que carece de aliados, por aferrarse a mantener una posición aparentemente neutral. La principal crítica que hacen partidos políticos y expertos no es a la adopción de la Doctrina Estrada, sino a que no hay matices respecto a la relación con Venezuela, con lo cual el mundo entero lo percibe como un respaldo sin restricción a un presidente considerado dictador. Muchos recuerdan que incluso en los tiempos de esplendor de la Doctrina Estrada, México condenó dictaduras como la de Francisco Franco en España o la de Augusto Pinochet en Chile. El régimen de Maduro no está muy alejado de los regímenes totalitarios del siglo pasado. Aunque en Venezuela se realizan comicios, los procesos electorales nunca han estado libres de la sombra de la duda. Las libertades han venido a menos, lo cual se ha sumado a una crítica situación económica que ha llevado a la nación sudamericana a niveles récord de inflación. La demanda mínima a la postura mexicana es que alce la voz en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Ayer Nicolás Maduro aceptó la intermediación de México y Uruguay para comenzar un “diálogo nacional”. Nuestro país está ahora involucrado en la búsqueda de solución a un conflicto externo. Si la intención era mantenerse al margen, ya no será así. Es probable que decida actuar como mediador, pero antes tendría que eliminar la imagen de un gobierno cercano e incluso simpatizante del desprestigiado régimen venezolano. OPINIÓN / La apuesta AMLO-Ebrard

Mientras las calles de Venezuela ardían de fervor político y los gobiernos del mundo se pronunciaban sobre la situación y el régimen de Nicolás Maduro, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería mexicana comía en Casa Bell, uno de los restaurantes más tradicionales de la Ciudad de México, también de los más socorridos por la élite mexicana. Un restaurante fifí, pues. A Maximiliano Reyes, brazo derecho del canciller Marcelo Ebrard para los asuntos de la región hermana, le tocó a las pocas horas salir a defender en medios de comunicación la posición del gobierno federal mexicano sobre la crisis venezolana desatada el miércoles a mediodía. El primero en fijar la línea fue el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas: estableció que México seguía reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, alineado con Rusia, China, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y en contra de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y la OEA, que reconocieron como presidente al autoproclamado Juan Guaidó. Luego la Cancillería emitió una posición en la misma dirección del vocero presidencial y en varias entrevistas el subsecretario la explicó. La postura de México encendió un reciclado debate en redes sociales y medios tradicionales. Pero algo habrán evaluado en la Cancillería durante las horas de ese debate público que en la mañana de ayer dieron un paso para atrás: cuando lo entrevistamos en Despierta de Televisa a las 6:45 de la mañana, el subsecretario Maximiliano Reyes anunció que el gobierno mexicano respaldaba una ruta de diálogo que significara nuevas elecciones en Venezuela. Paralelamente, durante la mañana de ayer, el canciller Ebrard y su equipo debatieron endurecer un grado la posición de México sobre el régimen de Maduro, y hacerlo diplomática y oficialmente en la ventana que les ofrecía la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al final no tomaron esa ruta. Por el contrario, México pidió a la OEA explicar su autoridad jurídica para desconocer al régimen de Venezuela (entre funcionarios mexicanos circuló mucho la copia digital de un documento del opositor Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela… ¡fechado en Washington!). Detrás de la posición oficial mexicana, me dicen fuentes gubernamentales allegadas a este proceso, subyace el mensaje que ha mandado el presidente López Obrador: no nos metemos en los asuntos de otros países porque no queremos que se metan en los nuestros. Esta posición ha sido gasolina en el debate interno en México. SACIAMORBOS El 26 de diciembre publiqué “Las preguntas para el presidente tras la muerte de los Moreno Valle”. Un listado de cuestionamientos sobre cómo se comportaría el presidente López Obrador ante el efecto político-electoral del fallecimiento de la pareja poblana. A varias ya hubo respuesta: “¿ya va a ir de gira el presidente AMLO a Puebla? ¿Ahora sí porque no están los Moreno Valle? Si va, ¿no estará haciendo campaña a favor de Morena con esas visitas?... ¿Hasta dónde se va a meter?”

FRENTES POLÍTICOS I.  Juicio histórico. La Sala Constitucional del Poder Judicial de Veracruz determinó “sobreseer”, es decir, calificar como improcedente, la controversia constitucional que pretendía suspender el decreto que faculta al Congreso estatal para remover al fiscal Jorge Winckler Ortiz. Lleva dos días en audiencias en el Congreso de Veracruz por dos demandas de juicio político. Mientras se decide su destino, muchas personas están obteniendo su libertad mediante sentencias absolutorias, pues les fabricaron delitos. Esto tendrá un costo económico para la entidad, pues se les tendrá que resarcir el daño. Todo indica que ni sus amigos ni sus influencias lo salvarán de su remoción. Está en la antesala de su destitución. Ayer, hasta se le borró la sonrisa.  II. Garantía. El gobierno de la República presentó a quien tomará la batuta del Sistema Público de Radio y Televisión en la nueva administración federal. Se trata de Jenaro Villamil, un periodista con rigor e independencia, pero, además, combativo y solidario. Tiene a su favor la simpatía de sus colegas. El gobierno apuesta así, por un periodismo y por una televisión públicos de altura. La llegada a distintas oficinas de periodistas reconocidos, da lugar a la transparencia y al buen uso de los medios de comunicación del Estado. Entraremos en una nueva época en la que no habrá ciudadanos de primera y de segunda, y sí una diversidad como nunca antes. Pero, en especial, es que quienes tanto criticaron la forma de hacer política, ahora tienen en sus manos las herramientas para innovar. Y lo mejor: el gobierno no ejercerá control. III. Mucho trabajo. En todo anda el senador Ricardo Monreal. El presidente de la Jucopo convocará la próxima semana a los coordinadores de los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo sobre qué cambios llevará la minuta de la Guardia Nacional. Vamos a “convencer, no a vencer” a la oposición, aseguró. Además, afirmó que la economía se va a activar, los programas sociales, el empleo, la atracción de inversión extranjera, la inversión nacional, el gasto en infraestructura, todo eso va a generar más empleo. Aclaró que el partido no está buscando una alianza estratégica con el PRI y, por si fuera poco, reactivó el tema de las comisiones bancarias: ya dialoga con Banxico y Hacienda. Monreal, pieza fundamental en la transformación. Y con agenda llena... ¡Agárrense! IV. Raíces. Ética, moral, principios. Para reconstruir al país es necesario utilizar “reserva de valores”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al convocar una vez más a los mexicanos a trabajar de manera conjunta y organizada para acabar con los grandes problemas que afectan a la nación, en especial, la corrupción. “Siempre he dicho y les digo de corazón, nunca me ha interesado el cargo, no lucho por eso, no me importa la parafernalia, lucho por ideales y principios”, aseveró durante su gira por Hidalgo, donde entregó los programas de bienestar, al tiempo que agradeció el apoyo del gobernador Omar Fayad Meneses. Leer la cartilla moral, mejorarnos a nosotros mismos, y crecer. Nunca más un pueblo huachicolero. No lo merecemos. V. Sí se puede. En el marco de la estrategia de seguridad Plan para la Pacificación, implementada por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ayer, se realizó el primer encuentro con la sociedad civil. Al respecto, el diputado federal Jorge Argüelles destacó que el mandatario estatal está consciente de la realidad, lo que hace que todos los actores se encuentren en el mismo canal para trabajar en equipo, avanzar y ganarle la batalla a la delincuencia. La estrategia de seguridad de Morelos se basa, dijo, en la nueva implementación de tácticas que buscan pacificar a la nación. “Hay un chingo de delincuentes en Morelos”, reveló El Cuauh. Cierto, pero hay más ganas de acabar con ellos. ¡Adelante! BITACORÁ DEL DIRECTOR ( PASCAL BELTRÁN DEL RÍO) / No hay atajos: debe aplicarse la ley

He sostenido aquí que muchos de los problemas que tiene el país son producto de no respetar la ley. Le doy un ejemplo reciente: Si los profesores de Michoacán están convencidos de tener la razón legal sobre los adeudos que tiene con ellos el gobierno del estado, lo que tendrían que hacer es acudir ante instancias judiciales y conseguir la orden de un juez para que aquél les pague. Así no habría necesidad de bloquear las vías del tren con la consiguiente afectación a industrias para las que trabajan miles de personas. Esos bloqueos son una violación al Estado de derecho y no hay autoridad que quiera retirar a los manifestantes de las vías. Eso quita certidumbre al clima para invertir. Si no hay inversión, no hay empleo ni desarrollo ni posibilidades reales de elevar de forma sostenida el nivel de vida de los habitantes del país. La cosa es que se quiere resolver ese problema a la antigüita, con una presión que afecta a muchas personas que no son autoridades. No es sino cuando los empresarios comienzan a protestar, que el gobierno de Michoacán pide prestado dinero al gobierno federal –como un adelanto de sus participaciones– y dice que pagará. Los ciudadanos no nos enteramos qué tan real es el adeudo y qué tan legítima es la exigencia de pago. Otro ejemplo: la lucha contra el robo de combustible. Nadie duda que se trata de un problema grave. Yo pienso que sería mejor que Pemex se saliera del negocio de los combustibles –porque es terriblemente ineficiente–, pero mientras siga ahí, hay que acabar con ese robo, que es un robo a la nación. Pero ¿cuál es la solución que ha decidido adoptar el gobierno federal? Cambiar el sistema de distribución de combustibles, que se hace principalmente por ducto, y hacerlo ahora por pipa. Para ello, el gobierno mandó comprar 671 pipas en Estados Unidos y se gastará entre 90 y 100 millones de dólares en eso. Desde que comenzó a atacar este problema, el resultado ha sido un gran desabasto de gasolina en muchos estados del país y ni un solo huachicolero relevante detenido. No sólo eso: se ha informado que los ladrones de combustible siguen perforando los ductos. Y la gente de las comunidades por donde pasa la tubería continúa participando en el robo de combustible. En una de ellas ocurrió el flamazo que ha dejado más de cien muertos. Según informó ayer el gobierno federal, las primeras pipas compradas –que se sumarán a las cerca de cinco mil que ya están dando el servicio– comenzarán a llegar en febrero. ¿La decisión garantiza que ya no se roben el combustible? La respuesta a esa pregunta es no. Leo una nota del periodista Héctor Molina, en El Economista, en la que cita información obtenida mediante una solicitud de transparencia. Entre 2006 y febrero de 2018 –dice la nota– se presentaron 2 mil 39 denuncias por robo de pipas, una cada dos días. Eso en promedio, porque en 2017 hubo 261 denuncias, ya más cerca de una al día. Creer que el robo de gasolina desaparecerá porque el combustible se transporte por pipa es un error. Es probable que se reduzca, sí. Pero no debiera tratarse de eso, sino de acabar con un negocio ilegal muy pernicioso que genera muchos otros delitos. Es decir, no se trata sólo de limitar las pérdidas económicas para Pemex, sino de vivir en un país más seguro. Transportar la gasolina por pipa es 14 veces más caro y seguramente mucho más arriesgado que hacerlo por ducto. Eso también tiene un costo económico que alguien tendrá que pagar. Lo que se ha hecho en esta campaña contra el robo de combustible es sacarle la vuelta a la aplicación de la ley al tiempo que se intenta terminar con un delito. Una contradicción, pues. A las comunidades que son vecinas de los ductos de Pemex se les ha ofrecido dinero público, vía programas sociales, para que ya no sean parte del robo de combustibles. Yo me pregunto qué tan eficaz será ese gasto, pues 1) la idea de comprar las pipas es depender menos de los ductos, ¿o no?, 2) el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha distinguido a los huachicoleros de los pobladores que participan en el robo de gasolina “por necesidad”, es decir, aquéllos no van a dejar de perforar los ductos por que les den una beca, y 3) no se puede esperar que los pobladores se conviertan en soplones de la autoridad a cambio de un beneficio económico del gobierno, pues eso pone en peligro sus vidas. Hay resistencia a aceptarlo, pero la única solución real, la que produce efectos duraderos –de mejoría para la convivencia social y para la economía– es aplicar la ley. Para ello, la autoridad se puede apoyar en la tecnología disponible, pero tampoco hay atajos: es un trabajo duro y de resultados lentos. Pero hay que hacerlo. Alguien, eventualmente, tendrá que hacerlo.