Editorial EL UNIVERSAL / Ante la emergencia climática, clamor en las calles y abulia política

La exigencia ciudadana en demanda de una mayor ambición y audacia para enfrentar la emergencia climática se hizo escuchar en las calles de decenas de ciudades del mundo el viernes pasado. De forma lamentable, se quedó sin eco entre sus principales destinatarios: los líderes mundiales de alto nivel convocados por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la Cumbre de Acción Climática en Nueva York. Una vez más los representantes políticos de nuestros países no consiguieron estar a la altura de las expectativas y demandas de sus ciudadanos para enfrentar la crisis climática, que desde hace varios meses se expresa de manera desgarradora desde las gargantas de miles de adolescentes en todo el mundo.  La ciencia es incontrovertible: el calentamiento global es causado por las actividades humanas que emiten dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero. Es debido a eso que nuestro planeta es 1,1 grados más caliente que lo que era antes de la revolución industrial (alrededor de 1780). De seguir como vamos, sin que nada cambie, hacia fines de este siglo la temperatura media del planeta aumentará entre 3 y 4 grados centígrados. Lejos de ser una amenaza futura para la vida en el planeta, el calentamiento global ya se manifiesta de la peor manera: temperaturas más calientes que detonan enfermedades infecciosas; incendios forestales devastadores más frecuentes debido a la sequía; olas de calor; tormentas extremas; inundaciones y aumento del nivel del mar. Lo anterior se traduce en pérdida de biodiversidad, desplazamientos y migraciones forzados de personas, pérdida de vidas humanas. Evitar un cambio climático irreversible de efectos catastróficos aún es posible. No obstante, requiere atacar el problema desde su raíz: revertir la dependencia hacia los combustibles fósiles y modificar las pautas y estilos de consumo irracionales y sin control. Alrededor del 70% del CO2 emitido a la atmósfera proviene de la quema de combustibles fósiles para fines de energía eléctrica, motriz y térmica. Actividades humanas como la deforestación, la agricultura industrial y la urbanización descontrolada añaden casi 25% de las emisiones restantes. Por lo tanto, enfrentar esta emergencia climática pasa por la adopción de acciones audaces que reduzcan de manera drástica el uso de petróleo, gas y carbón; modifiquen los actuales patrones de consumo desenfrenado de bienes y servicios; y detengan la deforestación de los últimos pulmones verdes del planeta. Además de oxigenar la lucha contra el cambio climático, ayudaría a frenar la crisis ecológica que venimos atestiguando durante los últimos 30 años. Las metas climáticas prometidas por los países firmantes del Acuerdo de París en 2015 son insuficientes para reducir en 50% las emisiones de CO2 en 2030 como paso intermedio para llegar a cero en 2050, tal como indican los últimos reportes científicos que es necesario para evitar un punto de no retorno. Pero la incapacidad de los gobiernos para plantarse y hacerle frente al poder de la industria de los combustibles fósiles es patética. Atender la emergencia climática tal como se viene reclamando en las calles requiere romper con el control corporativo que se impone y limita el alcance de las políticas públicas dirigidas a frenar el cambio climático. El año que viene, en 2020, los países deberán aumentar su ambición para reducir emisiones y alejar al mundo de los peores escenarios de calentamiento global. Las calles seguirán vibrando para exigir lo anterior, y en la medida que la voluntad política no esté a la altura de las circunstancias, será en los tribunales donde los afectados por la crisis climática y quienes se resisten a aceptar que todo siga igual empiecen a hacerse visibles. OPINIÓN / El dinero ilícito y el riesgo en los municipios mexicanos Cuando nos imaginamos las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) o al coloquialmente llamado lavado de dinero, muchas veces se nos vienen a la mente los paraísos fiscales como las islas Caimán, Andorra o Suiza, también pensamos en operaciones con monedas virtuales o complejas operaciones en la dark web. Evidentemente lo anterior es parte del fenómeno y de los medios que utilizan los delincuentes para mover y gastar el dinero producto del delito. Sin embargo, también es importante decir que en México la minoría de los delincuentes son los que utilizan este tipo de maniobras, aunque suelen ser los que manejan grandes cantidades. La mayor parte de los delincuentes en México usan otros mecanismos menos complejos para utilizar el dinero derivado de sus delitos por lo que el papel de los estados y los municipios es básico como una pieza más del engranaje para atacar los activos y las herramientas de la delincuencia tanto organizada como común. Considero que el municipio es la primera barrera para identificar los riesgos o generar alertas sobre posibles lavadores de dinero en una determinada comunidad. Evidentemente el municipio no puede investigar de manera directa este delito, pero sí puede informar a otras instancias estatales o federales de comportamientos inusuales y patrones anormales de sus habitantes como ya lo realizan los bancos, notarias públicas o las joyerías y más tratándose del interés público local. En los municipios normalmente se tiene información de primera mano sobre quién está comprando terrenos, casas, edificios, construyendo o desarrollando. Quién está comprando vehículos de manera inusual, quién realiza donaciones a organizaciones públicas o privadas y también quién está invirtiendo de manera desproporcional, tanto en especie como en dinero en las campañas políticas. En este último punto empieza la corrupción y el debilitamiento de las instituciones públicas municipales cuando el dinero ilegal se mezcla en la política. Evidentemente los municipios no pueden elevar una alerta basada en testimonios o en chismes locales. Las autoridades municipales para ese cometido deben tener ordenada su información patrimonial y hacendaria, para poder con base en información analizada generar alertas que puedan activar la actuación de las fiscalías. Un primer insumo que el municipio puede utilizar es su base de prediales, para ver quién está concentrando la tierra o realizando compras de manera inusual, quiénes tienen los permisos de alcoholes (estos son muy importantes porque aquí se pueden generar otras actividades delincuenciales), quiénes están abriendo negocios en su comunidad, quiénes estan construyendo y desarrollando, quiénes controlan y concentran los permisos de ambulantaje (en este tipo de actividades se mueve efectivo) quiénes piden anuencias para actividades como bailes, ferias, carreras de caballos o peleas de gallos (el primer paso para el permiso es la anuencia municipal). El municipio de una manera más o menos sencilla puede identificar si las personas que aparecen realmente son los beneficiarios finales de la utilización de los recursos de la delincuencia y que no solo sean prestanombres, puesto que por lo cercano del gobierno local las personas, tienden a conocerse a lo largo del tiempo y es más difícil esconder movimientos inusuales por la trayectoria patrimonial y económica de una persona dentro de su comunidad. Además, en los municipios las redes familiares son también fáciles de identificar a partir de la información que se tiene en los archivos municipales (registro civil), siempre y cuando estos estén bien ordenados. En un municipio es más fácil saber quiénes son familiares y si no relativamente es fácil verificarlo. Bajo este modelo, el municipio se vuelve el primer eslabón para atacar el dinero de la delincuencia, por sus competencias constitucionales la función del municipio tiene que ser la generación de alertas de riesgo a las fiscalías estatales y federales. El potencial de los municipios en el ataque de activos a la delincuencia es estratégico y básico para las autoridades de procuración de justicia. Las autoridades municipales se preguntarán qué ganan con esta medida, sobre todo si se piensa que el dinero ilegal que llega fomenta su economía e incluso la activa. Sin embargo, el fenómeno de regiones como Michoacán y Tamaulipas nos dice que el dinero ahí sembrado genera disputas y revanchas entre grupos, lo que en el tiempo le repercute al municipio de manera negativa en violencia y muerte, ausencia de inversión, pérdida de plusvalía de la tierra, falta de competitividad y generación de estereotipos de éxito basados en el dinero mal habido y, al final, termina retando a las autoridades municipales e incluso sometiéndolas. Es decir, es un monstruo que con el tiempo se vuelve contra el municipio y contra la mayor parte de sus ciudadanos y sus patrimonios. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador invitado del Centro de Estados Unidos y México de la Universidad Rice.

Frentes Políticos 1. Brillo propio. Casa llena en el Segundo Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo, mandatario mexiquense. Y día redondo. Mencionó, a modo de agradecimiento, al menos en cinco ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador; estuvo además, muy bien arropado por la clase política. Le acompañaron Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y ocho gobernadores: de Colima, Ignacio Peralta; de la CDMX, Claudia Sheinbaum; Héctor Astudillo, Guerrero; Francisco Domínguez, Querétaro; Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí; Quirino Ortiz, Sinaloa; Marco Antonio Mena, Tlaxcala, y Omar Fayad, de Hidalgo. Y aunque en primera fila estuvieron seis exgobernadores, un alcalde se llevó la tarde. Enrique Vargas del Villar, edil de Huixquilucan, fue de los más buscados. El coordinador de alcaldes panistas tiene carisma y resultados. Por ello ayer se tomaron tantas selfies a su lado. 2. ¿De qué se trata? El Tribunal frenó, de momento, la apertura de juicio oral contra Juan Collado. Un magistrado del Primer Tribunal Unitario en materia Penal de la Ciudad de México detuvo el proceso que la Fiscalía General de la República tiene contra Collado. Será hasta el 10 de octubre cuando se decida lo relativo a la sentencia de amparo, en la que definirán si el auto de vinculación a proceso permanecerá firme o lo revocarán. Collado fue señalado por la FGR por, supuestamente, formar parte de una red de lavado de dinero, en la que Sergio Hugo Bustamante denunció haber sido despojado de un inmueble de su propiedad a través de una compraventa simulada superior a los 156 millones de pesos. A ver, señores de la fiscalía, ¿ya se les cayó el caso? 3. Los estertores del paquidermo. El cierre del Penal del Topo Chico, en Nuevo Léon, será oficialmente el 30 de septiembre. El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón confirmó que el próximo lunes se realizará el último traslado de reos y se prepara una ceremonia de clausura. “El día 30 saldrá del Topo Chico la última persona privada de su libertad y cerraremos una historia de más de 80 años, desafortunadamente, de tragedia y drama”, indicó Manuel González, secretario de Gobierno. Gran fiesta para certificar que fracasaron en el intento por sanear el centro de reclusión que más dolores de cabeza le causó a esa administración. Construirán en su lugar La Casa de la Memoria de Nuevo León, es decir, el archivo general del estado. Agoniza el paquidermo. Y no nos referimos a Topo Chico, sino al señor gobernador. 4. ¿Estorbos o no? Para Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, México está inmerso en un Estado débil de derecho. Al preguntarle sobre los datos del Inegi, que informó que uno de cada tres hogares en el país ha sido víctima de un delito, el ombudsman nacional respondió que nuestro país sigue viviendo un grave problema de violencia, corrupción e impunidad. “México atraviesa tres binomios que identifican la problemática: pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad... Y una lamentable coyuntura crítica en materia de respeto a los derechos humanos”, advirtió. ¿Cómo explica entonces la percepción general de que la CNDH protege delincuentes? ¿Su presencia debilita o fortalece al Estado? 5. Tétrico. El pasado 11 de septiembre se reportó la localización de 119 bolsas con restos humanos en La Venta del Astillero, Jalisco, zona en la que peritos y ministerios públicos trabajaron poco más de tres días, confirmaron que especialistas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses completaron siete cadáveres y otros 13 se encontraban incompletos. El 16 de septiembre, la Fiscalía decidió reanudar los trabajos en ese sitio, ubicando otras 19 bolsas, de las que solamente logró completarse un cuerpo, con lo que, en suma, descubrieron 138 bolsas con diversos restos humanos y pudieron integrarse ocho cadáveres, mismos que, se asegura, serán entregados a sus deudos en los próximos días. “Vamos por buen camino en materia de seguridad”, aseguró Enrique Alfaro, el gobernador. ¡Uff, qué bueno! Bitácora del director / Desaparición de poderes Una figura constitucional, originada en 1874 y aplicada por última vez en 1975, ha aparecido en el arsenal de la lucha partidista: la desaparición de poderes en las entidades federativas. El lunes pasado, el secretario técnico de la bancada del PAN en el Senado, Juan Pablo Adame, se dirigió por escrito a la presidenta de la Mesa Directiva de esa cámara, la morenista Mónica Fernández Balboa, para pedirle que incorporara en el orden del día del martes la “petición para que el Senado de la República conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a la que se refiere la fracción V del artículo 76 constitucional”. El texto materializó la demanda del coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, para que el Senado decretara desaparecidos los poderes en Veracruz, estado que, a juicio del PAN, está en “crisis constitucional” desde la remoción del fiscal estatal Jorge Winckler por parte del Congreso local. La exigencia panista parecía condenada de antemano al fracaso, pues está claro que la mayoría senatorial jamás accederá a remover, mediante la figura de desaparición de poderes, al gobernador Cuitláhuac García, de extracción morenista. Sin embargo, esa mayoría tomó la palabra a Kuri para discutir el tema, nada más que agregó a la misma petición los casos de Tamaulipas y Guanajuato, alegando que esos dos estados, gobernados por el PAN, atraviesan por una grave crisis de inseguridad frente a la cual sus respectivos mandatarios se han mostrado incapaces. La facultad del Senado de declarar desaparecidos los poderes en un estado fue incorporada en la Constitución de 1857 mediante una reforma en noviembre de 1874, que reinstauró la condición bicameral del Congreso de la Unión. De acuerdo con el texto constitucional, lo que el Senado puede hacer no es desaparecer los poderes en una entidad federativa, sino constatar que éstos han dejado de existir o no funcionan. No obstante, dicha facultad ha sido usada en los hechos para remover a gobernadores que no son de la simpatía del Ejecutivo. La última vez que eso sucedió fue en 1975. El hidalguense Manuel Sánchez Vite y el presidente Luis Echeverría habían tenido muy malas relaciones antes de que este último llegara a Los Pinos. Para hacer peores las cosas, el primero había apostado por Emilio Martínez Manautou en la sucesión presidencial. La forma de resolver el conflicto fue que Sánchez Vite perdiera el liderazgo del SNTE y que viera caer, por la vía de la desaparición de poderes, al hombre que quiso dejar como su sucesor en la gubernatura de Hidalgo, Otoniel Miranda. Hasta esa vez, la desaparición de poderes procedía sin ley reglamentaria, sólo con base en un párrafo de la Constitución, el de la mencionada fracción V del artículo 76. Sin embargo, en 1978 se creó la ley reglamentaria respectiva a fin de quitarle discrecionalidad al uso de dicha facultad. Como digo, hace 44 años que ningún gobernador ha perdido su cargo de esa manera, a pesar de que, en ese lapso, se ha propuesto poner el tema a discusión en el caso de diferentes estados de la República que enfrentaban crisis sociales o de inseguridad, como Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El que Acción Nacional y Morena hayan decidido jugar con una figura constitucional para resolver conflictos políticos es lamentable. Más aún tratándose de una facultad de control muy cuestionable de la Federación sobre los estados de la que no se echa mano desde el echeverriato. Si nos atenemos al texto, la mayoría de los senadores –con la que cuentan Morena y sus aliados– podría decidir si un gobernador elegido por la ciudadanía se queda o se va, aunque la determinación podría ser revisada por la Suprema Corte mediante una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional si no se prueba que, en efecto, los poderes han desaparecido. Y en los tres estados mencionados hay elementos para afirmar que no es el caso.