Editorial EL UNIVERSAL / La profesionalización del servicio público. INAP

Uno de los objetivos prioritarios del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 es promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal (APF). Este objetivo sólo aplica a la APF definida en términos tradicionales, es decir, como aquel aparato subordinado directa e indirectamente al Ejecutivo Federal para la realización de las atribuciones que le concede la Constitución. El resto de los órganos que gozan autonomía de la Constitución, los poderes legislativo y judicial, así como las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE) y las instituciones de educación superior con autonomía deben establecer sus propios programas de profesionalización a través de las instancias de coordinación existentes como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La dependencia responsable de llevar a cabo en la APF tradicional las cinco estrategias prioritarias relacionadas con el objetivo de profesionalización es la Secretaría de la Función Pública (SFP), en su calidad de globalizadora en materias de control y evaluación y representante del Ejecutivo Federal en el comité coordinador del SNA. Con independencia del énfasis en la ética basada en la recuperación de la confianza ciudadana que el gobierno actual impulsa en sus programas de trabajo a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés instaurados en las entidades y dependencias de la APF hace más de quince años, es indispensable dotar de los conocimientos y reforzar las habilidades con las que cuenta el personal del servicio público. Esta tarea es titánica porque abarca un amplísimo universo de personas relacionadas con la gestión pública, no sólo con la APF, ni limitada a las entidades públicas, sino también hay que incluir a los particulares relacionados con éstas. Además, la profesionalización demanda crear sistemas de competencias estables (Martínez Puon, Revista Nacional de Administración, 2016), congruentes en todas sus etapas y coordinados para lograr la mejora efectiva en los procesos de consecución del interés colectivo. La SFP, en el programa mencionado, estableció los indicadores para medir el avance y cumplimiento de los objetivos. En ese sentido, la profesionalización la pretende medir con la verificación “del cumplimiento de las acciones establecidas para promover la profesionalización meritoria de los recursos humanos, con el objetivo de captar, retener, formar y desarrollar el talento en el servicio público” y para tal efecto crea el índice de profesionalización de la APF. Hay que señalar que lo que se busca es un “relanzamiento de la política de profesionalización de los servidores públicos a partir de nuevas acciones en la materia, desde un enfoque diferente, ser parte de la base establecida en ejercicios previos para construir a partir de ello, un nuevo paradigma de profesionalización, acorde a las necesidades actuales y prospectivas del servicio público mexicano”. Esto provoca que en 2019 el indicador sea cero y la pretensión es lograr el 95% en seis años, es decir, la profesionalización con base en una ética orientada el compromiso social del talento humano en cuatro aspectos: promoción y movilidad; formación y desarrollo; evaluación, certificación y renacimiento, así como la alta dirección. Este objetivo, estrategias e indicadores relacionados deben alinearse mediante la coordinación con el resto de las entidades públicas a través de los informes que rinda del comité coordinador de la SNA para el fortalecimiento institucional y otras instancias de coordinación en la materia de mejora y desarrollos administrativos. La SFP es la instancia del gobierno federal con suficientes recursos para impulsar políticas públicas transversales dentro y fuera de la APF, con respeto a las autonomías correspondientes. La labor es inmensa y requiere del apoyo de las instituciones académicas disponibles en todo el país. El incremento exponencial de la demanda de talleres, cursos, diplomados y estudios de posgrado presenciales o en línea para la profesionalización del servicio público sería esperable, aunque en 2019 no hubo acciones de la SFP identificables y el compromiso era obtener el 20% del universo, incluso se redujo el presupuesto para la profesionalización significativamente. En este contexto, se inició el proceso de renovación del Consejo Directivo del INAP 2020-2023 con una planilla integrada por reconocidos académicos y servidores públicos bajo el lema de inclusión e innovación, que está en sintonía con el propósito de aumentar el grado de profesionalización de la gestión pública en su conjunto, más allá del Ejecutivo Federal, pero reconociendo su papel central en los procesos de transformación en el país. El objetivo de todos es compartido. Lo importante es contar con personas servidoras públicas con más y mejores conocimientos que renueven permanente su compromiso con la ciudadanía y asuman que el principal rezago de nuestro país es la desigualdad social y, por lo tanto, contribuyan activamente a la superación de este problema ancestral. Vale. OPINIÓN/ El botín político de la violencia de género Novecientas setenta y seis mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género durante 2019, el año con más feminicidios del último lustro: 415 en 2015, 601 en 2016, 741 en 2017 y 891 en 2018, según el secretariado ejecutivo de Seguridad Pública. Los feminicidios más que duplicados en esos cinco años. Así, mientras en 2015 fue asesinada una mujer cada día por razones de género, en 2019 fueron casi tres diarias. Y la tendencia para este año no pinta nada bien. Hasta el pasado 14 de febrero, es decir en tres quincenas, se habían cometido 250 feminicidios, es decir, 128 más que en el mismo período del año pasado. Es un hecho, pues, que el feminicidio crece en el país. Es la expresión extrema de la desigualdad y violencia de género cuya contención y erradicación exigen millones de mexicanas hartas de los abusos de los que cotidianamente son víctimas. Es también el doloroso resultado de conductas culturalmente arraigadas a lo largo del tiempo en una sociedad rota por la violencia en general, y que sigue siendo ostensiblemente machista. El movimiento contra la violencia de género que desde hace tres meses encabezan alumnas de la UNAM y al que se han sumado otros colectivos como “Las Brujas del Mar” que han convocado a un día sin mujeres el próximo 9 de marzo, reivindica, por lo tanto, una causa legítima. No es, de origen, una escalada para atacar o descalificar al gobierno de AMLO, aunque cierto es que, en el transcurrir de la protesta, se han infiltrado grupos violentos de embozados que, movidos y financiados por intereses diversos, tienen el objetivo de reventarla y provocar la represión de un gobierno que tiene entre sus principalísimas banderas no recurrir a ella. A la legítima ola de inconformidad femenina que hoy observamos, se ha montado también la oposición política al gobierno. Desdibujada como está, ve en ella la causa que no ha podido articular para confrontar la avasalladora presencia de la 4T. En este contexto, la lectura que AMLO ha dado al movimiento de las mujeres ha sido equivocada o, por lo menos, insuficiente. No ha mostrado empatía hacia él porque no lo visualiza, o no quiere visualizarlo, desde su origen legítimo, sino a partir de una de sus consecuencias: intereses políticos contrarios a su gobierno montados en una reivindicación justa. Por las reacciones de la 4T, el movimiento fue creado para criticar y atacar a su gobierno, no para exigir las respuestas que atajen la violencia de género, soluciones que, por cierto, están en el ámbito de su responsabilidad. El propio gobierno, instituciones públicas diversas y algunas empresas privadas han hecho público su respaldo a la convocatoria del día sin mujeres y garantizado que no habrá descuentos ni represalias laborales para quienes decidan participar en el paro del 9 de marzo. El planteamiento, aunque políticamente correcto, suena muy machista. Es algo así como te doy permiso para que protestes, para que no vengas a trabajar. Esa actitud, a querer o no, encubre la poca o nula empatía de instituciones y empresas con el movimiento femenino. A un paro, para que cumpla su objetivo reivindicador, se va con permiso o sin permiso. Lo positivo de todo esto es que el gravísimo problema de la violencia de género se ha visibilizado a grado tal que hoy está en el centro de nuestro debate público. Instantáneas:

1. ACOMODOS. Un cambio que se vislumbra inminente es en la dirección general de Nafin y el Bancomext. Eugenio Nájera Solórzano estaría dejando el cargo en los próximos días para incorporarse directamente al equipo de su amigo y protector Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. Habrá que esperar a que sesionen los consejos de administración de ambas instituciones de la banca de desarrollo, pero ya perfilan para sustituirlo a Carlos Noriega Romero, personaje que durante la transición del gobierno se incrustó al equipo de Romo pero que tiene algunos antecedentes opacos en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la cancelada terminal aérea de Texcoco, de los que ya le contaré. 2. MINEROS. El INEGI informó que el PIB de la minería registró en 2019 un desplome de 5.1%, solo superado por el de la industria petrolera que fue de 6.7%. Entre sus causas están los problemas sindicales y los paros y bloqueos a yacimientos, provocados por los enfrentamientos políticos entre líderes sindicales. Mineros denunciaron ante AMLO el choque entre las huestes de Napoleón Gómez Urrutia y liderazgos de la CTM en la mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa. Pero hay otras disputas que afectan una actividad económica que genera 2.6 millones de empleos entre directos e indirectos. Frentes Políticos 1. El tren Ackerman. Por unanimidad, el pleno del Congreso aprobó que mexicanos naturalizados y que no hayan sido miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional durante la última elección ordinaria puedan participar en la convocatoria para la elección de consejeros electorales del INE. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, argumentó que la medida contribuye a la paridad de derechos entre quienes nacieron en el país y quienes lo adoptaron por sus preferencias políticas. Los diputados de mayoría y de oposición expresaron en tribuna apoyos y desacuerdos para John Ackerman, académico propuesto por la CNDH. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, pidió a Ackerman “mirarse en un espejo” y reconocer que no es “independiente”. Cierto. Su vínculo con Morena es, lo menos, indeleble. Esto descarrilará. 2. Escándalo. La Universidad Autónoma del Estado de México informó que de 2016 a la fecha ha destituido a 26 profesores, separado del cargo o despedidos por acoso sexual o violencia de género, tanto de licenciaturas como de escuelas preparatorias. Hay que sumar a los 25 acusados en días recientes. Casi se cumple una semana de la toma de las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Conducta por denuncias de filtración de fotos íntimas de alumnas. Una de ellas, del plantel Lic. Adolfo López Mateos, de la Escuela Preparatoria 1, quien detonó las denuncias, señaló que fue víctima de uno de los maestros, quien en reiteradas ocasiones la acosó, incluso delante de más compañeros. ¿En quiénes estamos dejando la educación de nuestros hijos? 3. Los partidos patito. Ayer venció el plazo para que las organizaciones que quieren convertirse en partidos realizaran sus asambleas. México Blanco, de una excolaboradora de Elba Esther Gordillo, Frente por la Cuarta Transformación, de Elías Moreno Brizuela, y Movimiento Ambientalista, de Nico Mollinedo, exchofer del hoy Presidente de México, se quedaron en el camino al no contar con la validación del INE para su asamblea nacional constitutiva, al no lograr las asambleas locales o distritales mínimas previstas en la ley. Se espera que hoy, México Libre, Fuerza Social por México, Súmate y Fundación Alternativa acudan a las oficinas del INE para entregar su solicitud de registro. Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor por México y Redes Sociales Progresistas ya lo solicitaron. Son demasiados partidos para tan poca confianza ciudadana. 4. El show del rencor. Gabino Cué, exgobernador de Oaxaca, compareció ante la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el fallido desalojo policiaco de un grupo de ciudadanos y profesores en Asunción Nochixtlán, que arrojó ocho muertos y más de una centena de heridos el 19 de junio de 2016. Por la tarde, también compareció el excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio demanda esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos, y para garantizar la reparación del daño a los afectados. En un hecho inédito hicieron comparecer a un exmandatario. ¿Y la justicia, va? 5. El arte de la diplomacia. México prometió llevar a sus últimas consecuencias la demanda por el asesinato del menor Sergio Hernández Güereca, perpetrado por un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense, en junio de 2010. Después de utilizar todos los recursos, la historia terminó esta semana con un comunicado cuidadosamente redactado en las oficinas de Protección, Consultoría Jurídica y en la embajada de México en Washington. El gobierno mexicano, por conducto de la Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, lamentó que la Suprema Corte de EU resolviera que la familia del menor no tiene derecho a demandar civilmente. La prudencia del Estado mexicano es fundamental, no sólo por tratarse del máximo tribunal de ese país, sino que además en manos de esa misma autoridad depende el futuro de los jóvenes del programa DACA.