Editorial EL UNIVERSAL / Guardia bajo fuego y gobierno sin operadores Todavía no termina de formarse ni desplegarse por todo el territorio nacional, y la Guardia Nacional, eje toral de la estrategia de seguridad federal de Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta serios cuestionamientos y problemas que complicarán su funcionamiento y que harán muy difícil que cumpla con la entrega de resultados en la disminución de los índices delictivos y de violencia que el presidente ofreció para finales de este año. Lo mismo en el paro inédito y la rebelión de decenas de miles de integrantes de la Policía Federal por las condiciones para asimilarlos a la Guardia, que ya suma cinco días consecutivos sin que lo puedan resolver, que en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de cuatro de sus leyes secundarias, lo que se asoma en la forma es, un torpedeo político y jurídico contra la ambiciosa apuesta de López Obrador en materia de seguridad, pero en el fondo, también se observa una total ausencia de operadores políticos en este gobierno que, lejos de resolver los conflictos y allanarle el camino a su Guardia Nacional, parece haber abierto demasiados frentes que hoy la tienen en jaque. ¿Por qué en los más de seis meses que llevó presentar y lograr la aprobación de la Guardia Nacional, cuando ya se sabía que a la Policía Federal se le iba a desaparecer y a sus integrantes que cumplieran con el perfil y los controles de confianza integrarlos a la nueva corporación, el secretario Alfonso Durazo no operó y dialogó con los mandos de la PFP para lograr una transición ordenada y tersa, con las liquidaciones y retiros voluntarios que hubieran evitado una crisis nunca vista en el país con un cuerpo federal de seguridad que hoy cumple cinco días amotinado y en paro de labores porque nadie les informó con tiempo cuáles eran sus opciones y cómo se garantizarían sus derechos? Peor aún, todo mundo vio venir el levantamiento de la Policía Federal que se fue gestando ante la falta de atención de la Secretaría de Seguridad y hasta se anticipaba en mensajes, correos y avisos en la redes sociales. ¿Nunca se enteró Durazo con su aparato de inteligencia interno o a través del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) de lo que se estaba organizado dentro de la PFP y no pudo, o más bien no supo operar para evitarlo? Tal vez por eso lo más fácil para el secretario fue repartir culpas al pasado que luego, cuando le exigieron pruebas, no pudo sostener públicamente? En el caso de la CNDH, las impugnaciones contra las cuatro leyes secundarias, con las que busca acotar las facultades de la Guardia Nacional en labores de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información, obligarán a que la Suprema Corte revise si las funciones de la Guardia no son inconstitucionales, en lo que representa un nuevo obstáculo que tendrá que salvar el nuevo cuerpo de seguridad. Es inevitable apuntar que dichas controversias se presentan en el contexto del abierto enfrentamiento entre el gobierno de López Obrador y la Comisión Nacional, que comenzó con el desaire inédito del presidente al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al no asistir a su informe anual de labores el 4 de junio pasado, y continuó con el rechazo y la descalificación de las recomendaciones del organismo autónomo a la violación de derechos humanos en el desmantelamiento de las estancias infantiles. En ambos, que hoy tienen a su Guardia Nacional bajo fuego, a López Obrador le faltaron operadores políticos, además de prudencia y cortesía elementales, pues aunque se le pueda reprochar al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, o a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no haber operado políticamente para evitar que le estallaran estas crisis, tampoco el presidente puso mucho de su parte cuando, de su ronco pecho —que ya sabemos, “no es bodega”— y utilizando el púlpito de las conferencias mañaneras, atacó con adjetivos y reproches a la “corrupta y echada a perder PFP” o a la “inaceptable y vergonzosa recomendación de la CNDH”. Para decirlo claro: el presidente no tiene quien le ayude, pero tampoco se deja ayudar mucho.

NOTAS INDISCRETAS…¿Será verdad que Claudia Sheimbaun está a nada de pedirle su renuncia a su secretario de Seguridad, Jesús Orta, ante la falta de resultados en el combate a la inseguridad? En su entorno cercano afirman que la Jefa de Gobierno ya se cansó de esperar a que Orta demuestre sus capacidades, si es que las tiene, y que, aún con la entrada de la Guardia Nacional a Iztapalapa y la definición de los nuevos ejes en materia de seguridad, la paciencia de la doctora ya llegó a un límite y es cuestión de semanas para que se decida a hacer un relevo que, a juzgar por los nulos resultados y el agravamiento de la crisis de inseguridad y violencia en la ciudad, ya debió haber hecho desde hace rato.

Veremos cuánto más podemos aguantar, en robos, asaltos y violencia creciente los capitalinos…Donde tampoco se ven resultados, a más de un mes de ocurrido, es en el caso del secuestro y brutal asesinato del estudiante Norberto Ronquillo. Parece que la subprocuraduría a cargo de Rodrigo de la Riva nomás no ha podido armar un expediente sólido en 38 días desde que ocurrió este secuestro que cimbró a la ciudad y ha estado dando palos de ciego. ¿Será que también en ese caso Sheimbaun le seguirá teniendo paciencia a colaboradores que no dan resultados, mientras a ella la presión social y mediática le sigue creciendo?...Los dados mandan Escalera doble. Bien comienza la semana. OPINIÓN /Policía Federal: había alternativas El conflicto que estalló en la Policía Federal la semana pasada empezó con demandas laborales y organizacionales diversas, pero, en las últimas 72 horas, se ha centrado en un tema específico: el reclamo de indemnización de los policías inconformes que no quieren pasar a la Guardia Nacional (GN) ni aceptan su transferencia a otras dependencias federales. El argumento de los policías es el siguiente: si pasan a la GN, van a estar en una posición subordinada permanente, sometidos a maltrato constante por parte del personal militar y percibiendo una menor remuneración efectiva por la pérdida del ya célebre bono de operatividad. Pasar a otras dependencias, como el Servicio de Protección Federal o el Instituto Nacional de Migración, tampoco les resulta atractivo: en la mayoría de los casos, probablemente verían reducido su ingreso efectivo, además de no contar con ninguna certidumbre de permanencia en esas instituciones. Dados los despidos masivos de funcionarios públicos en meses recientes, no parecen infundados esos temores. Piden, en consecuencia, que se les despida y se les indemnice en los términos de la legislación correspondiente. Pero eso le genera un problema no trivial al gobierno: si accede a indemnizar a los inconformes, una buena parte de los demás policías federales va a pedir el mismo trato. Eso, además de provocar en el corto plazo un déficit de personal en la GN, abriría un boquete fiscal importante. Asumiendo una antigüedad promedio de 10 años, la indemnización típica probablemente se ubicaría entre 150 y 200 mil pesos por elemento. Si el 75% de la PF optara por esa salida, el costo fiscal se ubicaría entre 4.3 y 5.7 miles de millones de pesos. La autoridad puede, por supuesto, mantenerse en su posición y solo ofrecer un finiquito a los policías federales que rechacen las alternativas laborales. Pero eso abriría la puerta a una avalancha de demandas. Con ello, se generaría un pasivo contingente mucho más grande, tal vez ubicado en decenas de miles de millones de pesos. El régimen laboral de los policías federales no está cubierto por la Ley Federal del Trabajo. No hay en consecuencia ningún límite al pago de salarios caídos. Por tanto, un policía federal que se fuese a litigio podría obtener, al cabo de algunos años, una indemnización de centenares de miles, sino es que de millones de pesos. El gobierno se metió en este berenjenal por una combinación de torpeza y soberbia. La torpeza de insultar y maltratar sistemáticamente a los policías federales, al tiempo en que se les mantenía desinformados sobre las implicaciones de la creación de la GN. La soberbia de subestimar las dificultades administrativas del cambio y negar validez a cualquier alternativa. Porque había alternativas para lograr los objetivos que presuntamente persigue la GN. Van dos, a manera de ejemplo: 1. Trasladar elementos militares a la PF, firmando un convenio de colaboración con el ISSFAM para el mantenimiento de su paquete de prestaciones. En paralelo, se podrían fortalecer los controles anticorrupción en ese cuerpo, adoptando las recomendaciones hechas en 2017 por la organización Causa en Común sobre el combate a la corrupción policial (http://bit.ly/2JsJbKN). 2. Duplicar en seis años el tamaño de la PF y construir en paralelo un cuerpo intermedio, con elementos militares, pero con mando civil, dedicado a tareas de control territorial en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Es decir, adoptar el modelo de países como España, Francia o Italia. Pero eso ya no sucedió. Nos vamos a quedar en cambio con una pérdida enorme de capital humano y con un boquete fiscal de dimensiones nada triviales. Mal desenlace. [email protected]. @ahope71

Frentes Políticos 1. ¿Para cuándo? Los mexicanos tenemos meses escuchando las bondades de la Guardia Nacional, pero ésta no se consolida del todo, aunque todo indica que valdrá la pena la espera, los presagios son muy positivos. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, garantizó que su implementación permitirá al país acabar con la inseguridad que tiene secuestrada a la sociedad desde hace décadas. Expresó que “las altas tasas de violencia que el gobierno heredó son verdaderamente alarmantes, pero en esta nueva estrategia que, por fortuna, se aprobó por unanimidad en el Congreso mexicano, la Guardia Nacional, sin que sea la panacea, sí pretende iniciar a revertir este proceso lamentable de inseguridad pública en el país”. Qué tal un nuevo pacto. Menos palabras y más hechos. 2. Reivindicado. Tras salir de prisión, el michoacano José Manuel Mireles, quien años atrás comandó a un feroz grupo de autodefensas, hoy siembra árboles. “Hoy sembramos la esperanza de un Michoacán próspero, junto al pueblo de nuestro estado logramos reforestar más de 2000 árboles. Tenemos un compromiso inalienable con las futuras generaciones y no les vamos a fallar”, escribió en redes sociales. Algunos no creen en la conversión, otros dicen que este es el Mireles que necesita Michoacán. Ayer la gente tomaba las armas para autodefenderse; y ahora reforesta, construye caminos, estudia o aprende un oficio y se beneficia con los programas sociales jamás vistos en toda la historia del país, y así, poco a poco, va quedando atrás la pesadilla llamada neoliberalismo. ¿Será realidad o el doctor Mireles sólo posa para la foto? 3. Orgullosos. Omar Javier Santillán Cervantes, director general de vinculación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recordó que cada acción que los gobiernos estatales implementan se ve reflejada en las estadísticas a nivel nacional, por lo que agradeció que Hidalgo sea un estado tan comprometido con la seguridad. El gobernador Omar Fayad se mostró satisfecho, pues sus colaboradores lo mantienen como uno de los estados más seguros del país. Aseguró: “Se ha cumplido a cabalidad el compromiso de trabajar coordinadamente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el de colaborar con las políticas públicas que se implementan a nivel federal”. Ya van bien y ahora les llegará apoyo de la Guardia Nacional. Adiós al crimen organizado y al huachicoleo. 4. Puñetazos al aire. Advirtió esta semana Marko Cortés, líder nacional del PAN, que Morena usó la fuerza bruta para revivir la partida secreta que dejó de ejercerse cuando el PAN ganó. Y aseguró que el Presidente podría manejarla sin rendirle cuentas a nadie, como en los viejos tiempos del antiguo PRI. Y acusó que la Ley Federal de Austeridad Republicana abre la puerta a la discrecionalidad del titular del Ejecutivo. El retorno de “la partida secreta” es un homenaje al antiguo PRI y es, al mismo tiempo, el mejor regalo de aniversario que Morena le hace al presidente López Obrador. La versión fue rechazada de inmediato por el gobierno federal. Cortés sigue gastando su energía en batallas inexistentes. ¿Cómo va la unidad de su partido y la lucha anticorrupción en el albuazul? ¿Y el padrón? 5. Modernidad. Las primeras patrullas de la Ciudad de México, de las mil 105 que serán arrendadas por tres años, iniciaron pruebas con un cambio de cromática en las unidades, que dejarán de ser azules para volverse verde con blanco. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dijo que para finales de julio se llevará a cabo un evento oficial para el arranque de las nuevas unidades. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, presentará los nuevos colores de la policía mañana martes. Así, se solventa uno de los problemas que venía acarreando la policía de la CDMX, pues actualmente el 65% de las tres mil 200 patrullas están en mantenimiento. Las autoridades de la ciudad necesitaban una lustradita. A ver si ahora sí atrapan a los delincuentes.  

Bitácora del director / El crimen viaja en moto

Usted seguramente conoce la sensación. Se hiela la sangre por unos segundos, que parecen interminables, cuando una motocicleta se le empareja a uno en una vía con tránsito parado. Peor, si en la moto vienen dos personas. Más aún, si durante la maniobra para avanzar entre carriles el motociclista voltea a ver el vehículo en el que usted viaja como conductor o pasajero. Quizá sólo esté tratando de librar su carrocería sin darle un rayón. No importa. Usted bajará su celular e intentará esconderlo abajo del asiento. Muchos automovilistas no han sido tan afortunados. A veces llega el temido toque con la punta del revolver en la ventanilla. “¡Abre, güey, dame lo que traes! ¡Rápido, no te pases de pendejo! ¡El celular, la cartera, el reloj, pero ya! ¿O quieres que te meta un plomazo, cabrón?”. Los asaltos en moto se han vuelto cada vez más frecuentes en la capital y otras ciudades del país. Casi no hay día en que no circule un video en redes sociales en que se ve cómo el conductor de un automóvil, un transeúnte, el habitante de una casa o el dependiente de una tienda son robados por uno o más delincuentes que se mueven en dos ruedas. La semana pasada vi uno en el que un hombre que esperaba en una calle de Iztapalapa fue abordado por un par de sujetos en moto y en menos de 20 segundos lo despojaron de sus pertenencias. Y eso que ya había sido desplegada la Guardia Nacional en esa y otras demarcaciones de la Ciudad de México. De acuerdo con el Inegi, en 2017 circulaban por el país 3.5 millones de motocicletas, 17% más que el año anterior y 408% más que una década atrás. En el Estado de México eran 496 mil; en Jalisco, 416 mil, y en la capital, 347 mil. Desde luego, no se trata de estigmatizar a quienes viajan en motocicleta, pues a veces es la única solución que encuentran muchos mexicanos que no tienen el dinero para hacerse de un auto y que no pueden depender del transporte público saturado, lento y decrépito que abunda en el país. Pero algo tienen que hacer las autoridades para enfrentar a los delincuentes que usan motos para robar, asesinar y escapar de la escena del crimen. Además de aprovechar la facilidad del vehículo para maniobrar, los criminales muchas veces toman ventaja del casco para no ser identificados. De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de cada cinco delitos que se cometen en la zona metropolitana de la capital, en cuatro participan motocicletas. A decir de Guerrero, apenas la mitad de las motos que circulan en la Ciudad de México tiene sus papeles en regla, además de que estos vehículos son fáciles de adquirir, pues los venden incluso en supermercados. El delito que se realiza a bordo de motocicletas comenzó en Colombia en los años 90 —donde se volvió el vehículo preferido de los gatilleros del Cártel de Medellín— y de ahí se extendió el fenómeno a lo largo de América Latina. En Bogotá estuvo vigente una ley entre 1999 y 2008, que obligaba a los conductores de motocicletas a portar un casco y un chaleco en que aparecieran las placas del vehículo. La medida se suspendió, pero actualmente se discute reinstaurarla, pues dio buenos resultados mientras estuvo vigente. En el Congreso capitalino, actualmente se discute en comisiones una iniciativa presentada en marzo por el diputado local priista Guillermo Lerdo de Tejada para aplicar aquí el modelo colombiano, aunque ésta ha enfrentado la resistencia de clubes de bikers, quienes argumentan que aumentará el costo para quienes se desplazan en motocicletas. Lo cierto es que se tiene que hacer algo al respecto. Y no sólo en la capital, sino también a nivel nacional.