El encarcelamiento del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría prolongarse por varios meses, indicó su defensa. A su salida del Juzgado Segundo Penal, ubicado dentro del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), el abogado del exmandatario, Antonio Collado, insistió en que la detención de su cliente es una venganza política y no un acto de derecho. No hay tiempo determinado, pero ya tenemos cercana una audiencia de amparo; estamos enfocando nuestra defensa en esa audiencia”, señaló.

La diligencia menor de este día, que se prolongó por más de cinco horas, fue, explicó, para solicitar que la Fiscalía Especializada Anticorrupción tuviera a sus órdenes información del Poder Judicial que no es parte del proceso. Collado indicó que la muerte y desaparición de al menos cuatro testigos que declararían en contra del exmandatario tiene pros y contras, por lo que insistió en que hay irregularidades y contradicciones en el proceso. “Lo que pasa es que los testigos que puso la fiscalía están muertos, la mayoría murieron antes y las firmas, hay una contradicción en las fechas, lo cual se puso en el auto de formal prisión”, detalló. Reconoció que las muertes de los testigos perjudican a la defensa de Hernández, ya que no pueden aclarar ante las autoridades judiciales qué es lo que habían declarado en su contra. “Un (testigo) vivo que es de oídas, que le dijeron que los terrenos tenían inversión de gente cercana al ingeniero (Hernández), es testigo de oídas, no le consta nada, no vio contratos”, abundó. Respecto a que, en una de sus declaraciones, uno de los testigos señaló que sufrían amenazas por parte de prestanombres del hoy detenido, y que sería motivo de su fallecimiento, Collado aseveró que es una versión que no se puede confirmar. “Eso no está demostrado de las amenazas a testigos, son muertos en 2013 y firmaron en 2016, no sabemos qué es cierto y que es falso”, apuntó. No obstante, la ausencia de esos testigos será causa de la prolongación del periodo de la privación de la libertad de su defendido, ante la imposibilidad de carear con los testigos, que es parte de las garantías individuales de todo ciudadano. La solicitud de detención con fines de extradición solicitada por instancias norteamericanas, de la que ya fue informado el ex gobernador, tiene un plazo de 60 días, el cual vence el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, dicha petición no se ha hecho formalmente, por lo que será hasta que sea oficial, cuando la defensa comience a actuar. Los recientes incidentes ocurridos en el Cedes Victoria, como una riña e incendios, no han implicado riesgos para el exgobernador, por lo que, aseguró, no se solicitará trasladorlo a otra cárcel. El litigante informó que esperarán el tiempo pertinente para actuar legalmente en contra de jueces y fiscales, por haber incurrido en irregularidades durante el proceso. Añadió que aún esperan la autorización de amparos federales contra, al menos, 14 investigaciones que la fiscalía afirmó tener en proceso.

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