La diputada Marite Hernández promueve una iniciativa para que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y el Reglamento interno sea obligatorio presentar y hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal, y de intereses, como lo marca la Constitución, sin embargo igual que en las anteriores normativas donde también es obligatorio no imponen sanciones a quienes incumplan la disposición. Esto, según justifica, ante la urgente necesidad de revertir la situación de corrupción en la que han incurrido algunos servidores públicos, “como los implicados en el caso que se conoce como ‘la ecuación corrupta’, en la que se vieron implicados diputados de diversos partidos de la LXI Legislatura del Congreso estatal, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado y presidentes municipales”. Dichas adecuaciones se plantean como un instrumento legal e institucional para combatir la corrupción por la vía de la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de eliminar las deficiencias normativas que han posibilitado que la corrupción sea una práctica reiterada en el ejercicio del servicio público, según expone. Por lo que se reformaría el artículo 138, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso; y el artículo 170, del Reglamento interno, en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y recuerda las normativas que ya fueron modificadas para que las #3de3 sea una práctica obligatoria, en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas; el artículo 124 de la Constitución de San Luis Potosí, la Ley de Transparencia del Estado publicada en el Periódico Oficial en 2016, donde establece en la fracción XVIII, del artículo 86, que “el Poder Legislativo deberá poner a disposición del público, de oficio, y en forma completa y actualizada las declaraciones, de situación patrimonial; fiscal; y de intereses de los diputados”. Un año después, el 3 de junio de 2017 se publica la Ley de Responsabilidades Administrativas con estas adecuaciones.