Las cuotas políticas que han imperado en el Congreso del Estado han favorecido la corrupción al interior del mismo, toda vez que son las fracciones políticas las que nombran al contralor interno, al coordinador de Finanzas y al Oficial Mayor del Poder Legislativo, lo cual genera que estos funcionarios encubran los actos de corrupción de los legisladores que los nombraron, por lo que organizaciones civiles están buscando eliminar estas prácticas y modificar los procedimientos de nombramiento de estos funcionarios. En días pasados, la actual legislatura del Congreso del Estado nombró a Jesús Conde Mejía como contralor interno y a Martha Elva Zúñiga Barragán como Coordinadora de Finanzas, lo cual desató la polémica, toda vez que ambos son ex funcionarios cuestionados del gobierno de Fernando Toranzo Fernández, por lo que organismos civiles y el sector empresarial demandaron nuevos nombramientos en estos cargos, lo que derivó en que el pasado miércoles Conde Mejía presentara su renuncia. PIDEN CONTRALOR CIUDADANO

Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, dijo que están presentado una propuesta para modificar el Reglamento Interno del Congreso del Estado, con el fin de que se tome en cuenta la voz de organismos empresariales, académicos y el Comité Ciudadano Anticorrupción para el nombramiento del Contralor, el Coordinador de Finanzas y el Oficial Mayor y no sea una decisión que tomen exclusivamente los diputados. González Covarrubias recordó que aún está pendiente la remoción de Martha Elva Zúñiga Barragán de su cargo como Coordinadora de Finanzas, toda vez que recordó que fue una de las funcionarias que participó en un fraude multimillonario en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante el gobierno de Fernando Toranzo, ya que se realizaron asignaciones a empresas fantasma, con el aval del entonces Secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, quien hoy es Diputado Local. Hugo Stevens Amaro, vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, coincidió en que es necesario que se permita a la sociedad civil, a través de organismos empresariales, universidades y clubes de servicio, proponer una terna de perfiles para elegir al contralor del Congreso y que con base en esas propuestas, los diputados elijan cuál es la mejor; además señaló que tras la renuncia de Jesús Conde, Martha Elva Zúñiga debe hacer lo mismo. DIPUTADOS SE AFERRAN A CUOTAS PARTIDISTAS

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patricia Silva Celis, dijo ver poco probable que Martha Elva Zúñiga renuncie a su cargo o sea removida del mismo; además justificó que tanto el nombramiento de ella, como el de Jesús Conde, se hicieron en su momento pensando en que son “gente capaz, que han demostrado conocer del tema”. Tampoco consideró viable que se pueda permitir a la ciudadanía proponer los perfiles de quiénes ocuparán estos cargos, tal como se está proponiendo, toda vez que existe un reglamento interno que marca otros procedimientos. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, se deslindó del nombramiento de Conde Mejía y Zúñiga Barragán, diciendo que es “absoluta responsabilidad del PRI”, ya que fue a esta fracción a la que le tocó proponer estos perfiles; sin embargo, defendió a los funcionarios diciendo que ninguno de ellos está inhabilitado para ocupar cargos públicos. ANTERIORES DIPUTADOS PUSIERON A SUS AMIGOS

En la anterior legislatura fue cuestionada el nombramiento de Edgar Enrique Sánchez González como contralor interno del Congreso del Estado, toda vez que antes de llegar a este cargo fue secretario general del Ayuntamiento de Ciudad Valles, durante la administración de la panista Socorro Herrera Orta y en 2012 fue detenido por el delito de falsificación de firmas, sin embargo, se le colocó en el cargo de contralor, como parte de una propuesta del Partido Acción Nacional (PAN). También se cuestionó el nombramiento de Héctor Meraz González como Coordinador de Finanzas de la pasada legislatura, por ser hijo del diputado panista Héctor Meraz Rivera; críticas que se intensificaron cuando se denunció que diputados del PAN, entre ellos Héctor Meraz Rivera, metían facturas de empresas fantasma para comprobar gastos.