A finales del mes de junio, la diputada Marite Hernández Correa y el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presentaron una iniciativa para modificar la Constitución, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para que los síndicos municipales dejen de ser electos junto con la planilla del candidato a presidente municipal y aparezcan en una boleta diferente, con el fin de abrir la posibilidad de que estos pertenezcan a un partido político distinto al del alcalde y se conviertan en un contrapeso. Esta figura del síndico “de elección popular” ya funciona en el estado de Chihuahua, desde hace varias administraciones y el síndico municipal cumple con funciones de vigilancia del ejercicio de recursos públicos municipales, así como en la administración de recursos humanos y materiales; sin embargo, a decir de regidores de los ayuntamientos de Chihuahua y Ciudad Juárez, los síndicos municipales siguen estando subordinados a los alcaldes, lo cual podría ocurrir también en San Luis Potosí. ALCALDE LE DARÁ EL DINERO Enrique Torres Valadez, regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, consideró que el Síndico Municipal sigue subordinado a la administración municipal, dado que los recursos de la Sindicatura dependen del presupuesto del ayuntamiento, lo que obliga muchas veces al Síndico a responderle al Presidente Municipal; incluso, mencionó que en la Alcaldía de Ciudad Juárez se ha llegado a presentar el caso de que les retienen su salario a los regidores que no están de acuerdo con las decisiones de la administración municipal. El edil juarense agregó que existe una duplicidad de funciones, dado que realizan las mismas tareas que el Contralor Municipal, cuyo nombramiento sí depende del Alcalde, por lo que consideró que debería desaparecer uno de estos dos puestos. TINTES POLÍTICOS Enrique Torres dijo que en los municipios donde Síndico y Alcalde pertenecen a partidos distintos, como en Ciudad Juárez (Alcalde independiente y Síndico de Morena), la figura del Síndico es usada por el partido de oposición únicamente para golpetear, “se cuestiona todo, se investiga todo y el Ayuntamiento no entrega o retrasa la información solicitada por la Sindicatura”; por lo que señaló que la Sindicatura debería convertirse en un área técnica, que realmente revise el desempeño de los funcionarios, quitándole el “ingrediente político”. El regidor de Morena en el municipio de Chihuahua, Rubén Eduardo Castañeda Mora, dijo que, en contraparte, cuando el Alcalde y el Síndico pertenecen a un mismo partido político, el segundo no representa un contrapeso real a la administración municipal. Chihuahua es gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Síndico pertenece a ese mismo partido. Castañeda Mora reconoció que en los años que lleva implementada la figura de “Síndico de elección popular”, ningún caso de corrupción en las administraciones municipales ha llegado a consecuencias penales, dado que los Síndicos se limitan a presentar denuncias ante la Contraloría Municipal, la cual es controlada por el mismo Alcalde; además señaló que, aunque el Síndico forma parte del Cabildo, este no tiene voto dentro del mismo, por lo que muchas veces sus aportaciones se quedan solo en la palabra. LE DARÍAN MÁS INDEPENDENCIA La diputada promovente de esta iniciativa, Marite Hernández Correa, dijo que esta propuesta busca precisamente que el Síndico Municipal “no sea un rehén del Presidente Municipal”, aunque reconoció que su propuesta no contempla darle independencia presupuestal, sino que esta área deberá seguir dependiendo de la Alcaldía, aunque no descartó que en una próxima iniciativa se pudiera ver la manera de que no sea así. Hernández Correa consideró también que la Sindicatura no podría convertirse en un área técnica, sino que deberá seguir teniendo una figura política, dado que ello permitirá que existan negociaciones entre las diferentes fracciones políticas. La iniciativa plantea que el Síndico Municipal tenga atribuciones para revisar cuentas, rendir informes, emprender investigaciones por irregularidades detectadas desde el proceso de entrega-recepción y coordinarse con el Sistema Estatal Anticorrupción. La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Vigilancia y se espera que en seis meses se suba al Pleno para su votación y en caso de aprobarse, comenzaría a aplicar a partir de las elecciones de 2021.