La nueva Cámara de Diputados tendrá como principal reto sacar adelante una reforma tributaria que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero que a su vez no estorbe la recuperación económica, coincidieron Mariana Campos, directora de Gasto Público de México Evalúa, y Enrique Díaz-Infante, especialista en Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Comentaron, en entrevista con Excélsior, que movimientos en tasas impositivas y/o revisión de exenciones fiscales deben ir acompañados de cambios en el federalismo fiscal, con el fin de fortalecer las finanzas estatales y municipales, en particular para que se cobren impuestos de alto potencial recaudatorio, como el predial y la tenencia vehicular, y que premien transferencias por desempeño a los gobiernos locales. Además, expresaron que la reforma es el momento ideal de instaurar la figura de un Consejo Fiscal, órgano técnico y apartidista en el Congreso para vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y que determine el impacto de las diferentes fuentes de ingreso que existen y que costee adecuadamente cada una las políticas que quiera implementar el gobierno. Finalmente, coincidieron en que estas reformas no pueden ir desligadas del gasto público, y para que ganen legitimidad y eviten un alto descontento social, es necesario dar más recursos a prioridades inmediatas como la salud, educación, seguridad pública, infraestructura, sistema de cuidados y seguridad social universal, en lugar de privilegiar el gasto dirigido hacia las empresas energéticas y obras de infraestructura de cuestionado impacto.

CAMBIOS A TASAS IMPOSITIVAS

Mariana Campos y Enrique Díaz-Infante coincidieron en que uno de los principales retos de la nueva Cámara de Diputados es sacar una reforma fiscal que eleve los ingresos del gobierno, dado que el espacio fiscal del país está limitado. Sin embargo, reconocieron en que sacar una reforma en medio de las secuelas de la crisis ocasionada por covid-19 y por el contexto de estallidos sociales en otros países es complicado. Mariana Campos se pronunció por fortalecer el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en particular en los estratos de más alto ingreso donde hay potencial para recaudar por la disparidad de ingresos en el decil 10 (el más rico). Enrique Díaz-Infante propone, en cambio, basar la mayor recaudación en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en particular perderle miedo al cobro en alimentos y medicinas, y con ello ampliar el gasto en un esquema de seguridad social universal. Ambos especialistas fueron cautelosos con la propuesta de cobrar más impuestos al patrimonio, y en particular a la riqueza y a las herencias. Reconocieron que si bien estos gravámenes tienen la ventaja de que se dirigirían a la gente de mayores ingresos, tienen la desventaja de que no es muy claro su potencial recaudatorio, y que implementarlos puede resultar más costoso de lo que se recaudaría, porque se requiere de reformas administrativas para valuar los activos de las personas.

Impuestos a la riqueza servirían para que el gobierno gane aplausos entre su base electoral, pero no para ganar ingresos de forma efectiva”, comentó Campos.

Los ingresos al patrimonio y a las herencias no se ven de forma inmediata, y tenemos urgencia en fortalecer la Hacienda Pública”, dijo Díaz-Infante. Ambos están a favor de una revisión de las diferentes exenciones tributarias y eliminar aquellas que benefician más a los más ricos. FORTALECER EL FEDERALISMO

Mariana Campos y Enrique Díaz-Infante también estuvieron de acuerdo en que una reforma fiscal debe incorporar necesariamente un fortalecimiento de los ingresos de los gobiernos locales. En concreto, mencionaron se debe tomar en serio el cobro de los impuestos predial y de la tenencia vehicular, gravámenes al patrimonio que ya existen, pero que los municipios y estados no ejercen plenamente para no pagar costos políticos. Mariana Campos se pronunció a favor de cambios de que las transferencias de Federación privilegien la mejora institucional y resultados de los gobiernos locales, y que para ello se pueda hacer una bolsa de recursos como se hacía con el Ramo 23, pero con mayor transparencia y gobernanza. Enrique Díaz-Infante se mostró a favor de revisar la efectividad del criterio redistributivo del federalismo fiscal, ya que los estados del norte están cada vez más reclamando de que les regresan menos recursos de lo que aportan. Precisó que se debe evaluar en serio si está habiendo en realidad un equilibrio regional que justifique mantener los criterios de dar más de lo que aportan a los estados más pobres del país. INSTAURAR UN CONSEJO FISCAL

Mariana Campos y Enrique Díaz-Infante concordaron en que la nueva Cámara de Diputados tiene también el reto de concretar la propuesta de un Consejo Fiscal, esto es, un órgano técnico, autónomo y apartidista dentro del Poder Legislativo que sirva para vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Explican que el partido de gobierno (Morena) ha tenido el interés de impulsar esta iniciativa, y que la oposición, en particular, no vería con malos ojos sumarse a su concreción, y más si ganan espacios en el Legislativo. Mariana Campos comentó que entre las funciones del Consejo Fiscal estarían revisar la sostenibilidad de las fuentes de ingresos y vigilar la gobernanza del gasto, en particular en áreas sensibles como la salud, la seguridad y la infraestructura, y la trayectoria de la deuda pública. Además, serviría para costear y medir el impacto de diferentes políticas del gobierno. Enrique Díaz-Infante se mostró partidario también de este Consejo Fiscal, que vaya de la mano con un fortalecimiento institucional de la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de que realice su trabajo sin presiones políticas y que pueda fiscalizar bien el gasto público. PRIORIZAR EL GASTO DE ALTO IMPACTO

Mariana Campos y Enrique Díaz-Infante afirmaron que cualquier reforma para fortalecer los ingresos federales y locales no se puede discutir desligada del destino que tendrán esos mayores recursos, y en particular para que priorice la atención de las necesidades urgentes de la población. Mariana Campos se pronunció a favor de tener mecanismos que etiqueten recursos a áreas sensibles como la salud, la educación, la infraestructura y seguridad. Comentó que esto se debe a que el país no tiene madurez institucional para que el gobierno y el Congreso establezcan buenas prioridades de gasto, ya que se tiende a favorecer criterios políticos o intereses del gobierno en turno, tales como hoy se observa en dar más recursos al sector energético. Enrique Díaz-Infante enfatizó que la reforma fiscal debe ir ligada a financiar un esquema de seguridad social universal, que dé un piso mínimo de salud, pensión y seguro de desempleo a toda la población. Comentó que en particular los mayores recursos se deben dirigir a establecer un sistema de cuidados para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral, por lo que es necesario regresar a los esquemas de estancias infantiles.

-- Excélsior